El juez que investiga al fiscal general levanta parcialmente el secreto de la causa
El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado este lunes el levantamiento parcial del secreto de sumario en la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Concretamente, el magistrado que instruye la causa, Ángel Luis Hurtado , ha liberado del secreto a los dos autos del pasado 30 de octubre por los que ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) la practica de una entrada y registro en el despacho de García Ortiz en la sede de la Fiscalía General del Estado, situada en la madrileña calle de Fortuny, y en el de la máxima responsable de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, que tiene su sede en la calle Santiago de Compostela de la capital del país.
Asimismo, levanta la protección al auto del pasado 8 de noviembre que limitó el análisis de los correos electrónicos que recibieron y enviaron el fiscal general y Rodríguez Fernández a los que van del 8 al 14 del pasado marzo, cuando en un inicio el instructor ordenó recabar todos las comunicaciones intercambiadas desde el 8 de marzo hasta la actualidad. Los correos en cuestión se encuentran en fase de análisis pericial a a la espera de un informe policial que exponga su resultado.
En este periodo de tiempo fue cuando la fiscal superior de la provincia de Madrid pidió al fiscal de delitos económicos Julián Salto que le diera cuenta de la causa por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental en el marco de la que negociaba con la defensa de Alberto González Amador la firma de un acuerdo de conformidad en el que el empresario admitía el ilícito a cambio de evitar un pena de cárcel.
En aquellos días fue también cuando se conoció públicamente por los medios la existencia de la investigación contra la pareja de la presidenta madrileña por haber supuestamente defraudado a la Agencia Tributaria en las declaraciones del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 un total de 350.000 euros, así como por haber presuntamente presentado facturas manipuladas para reducir el pago de impuestos que no se correspondían con los servicios que realmente habría prestado.
El día 14 la Fiscalía Superior de Madrid emitió la nota de prensa por la que ahora se investiga a García Ortiz y a la fiscal madrileña por supuestamente haber revelado datos secretos y reservados de González Amador. Sobre ella asumió la "responsabilidad última" el propio García Ortiz.
Esta decisión va dirigida, como explica el propio magistrado del Supremo, a que las acusaciones -el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y Manos Limpias- puedan plantear alegaciones en los próximos cinco días al recurso de apelación que ha presentado la teniente fiscal del Supremo y "número dos" del fiscal general, María de los Ángeles Sánchez Conde, precisamente contra estos dos autos que ordenaron el recabado de correos y documentación a la UCO.
El instructor de la causa especial da traslado así de su contenido a las partes ya que, como entiende que el recurso de la Fiscalía "sin duda ha de ser admitido a trámite", no ve "razonable" que las acusaciones tengan que formular alegaciones "poco menos que a ciegas", lo que iría, advierte en el auto, contra la tutela judicial efectiva.
Las acusaciones no tuvieron conocimiento de estos autos recurridos al estar bajo secreto, solo de su parte dispositiva, a diferencia del Ministerio Fiscal, que los conoció en su integridad desde que fueron dictados. La protección de estos autos resultó "recomendable" para el magistrado Hurtado, como él mismo explica, para asegurar "mejor" la diligencia de entrada y registro y que esta se efectuase de manera "más eficaz".