Los olvidados siguen en los márgenes
Girona es la provincia española con una ratio de desahucios más alta. En una de sus poblaciones, Salt, un grupo de 40 profesores se ha organizado para levantar la voz y exigir soluciones ante un drama que viven a diario
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Catalunya es la comunidad en la que se ejecutan más desahucios. En el segundo trimestre de este año fueron 3.961, casi el doble que en Andalucía, la segunda autonomía en este ranking de la vergüenza. También por porcentaje de población, Catalunya es la que acumula más. Uno de cada cuatro de los que se realizan en España. El 75% son por alquileres y son cifras muy similares a las del primer semestre del año pasado. Solo en el cálculo por cada 100.000 habitantes le supera Murcia.
Girona es la provincia española con una ratio de desahucios más alta. En una de sus poblaciones, Salt, un grupo de 40 profesores se ha organizado en un grupo ‘Prou desnonaments: docents per l’habitatge digne’ para levantar la voz y exigir soluciones ante un drama que ellos viven a diario porque los desahuciados son a menudo alumnos suyos, niños y adolescentes de familias que malviven en situaciones más que precarias. Muchas son víctimas del racismo inmobiliario y las hay que acaban directamente en la calle. Otras veces las alternativas que se les ofrecen están lejos de las escuelas y eso hace que si antes el curso ya era complicado para estas criaturas, tras el desahucio sea una odisea.
Una representante de las Asociaciones de Familiares de Alumnos, Ikram Jamal, participó en el acto frente al Ayuntamiento de Salt y describió cuál es el panorama al que tienen que hacer frente: “Nos encontramos en situaciones de incertidumbre por si nos echan de casa. No encontramos alquileres por el fuerte peso del racismo inmobiliario a pesar de contar con recursos económicos. No existen mecanismos de protección cuando somos familias monomarentales. No se nos ofrecen soluciones. Sencillamente se nos abandona en las calles”. Ante esta perspectiva es lógico que los docentes se pregunten hasta cuándo prevalecerá el derecho a la propiedad privada sobre los derechos de la infancia y la adolescencia.
La evolución de los desahucios es uno de aquellos datos que nos retratan como sociedad, pero que han pasado desapercibidos entre titulares destinados a la vandalización de una residencia de Gerard Piqué, el debate sobre si en la plaça Sant Jaume tiene que colocarse una estrella gigante o un pesebre o el error de Salvador Illa de asistir a una feria que promocionaba el aceite de Jerez mientras el mismo fin de semana los productores catalanes vendían el suyo en otros dos eventos, en Reus y Maials.
Las cifras del Consejo General del Poder Judicial, el órgano que semestralmente ofrece la evolución de los lanzamientos tanto por hipotecas como alquileres, no han conseguido la atención de las muchas mesas de debate que desde primera hora de la mañana hasta la medianoche ocupan parrillas de radios y televisiones. Y no será porque no haya tiempo. Así que aprovecharemos este altavoz privilegiado para insistir en ello. Porque sobre los debates que sí han tenido lugar en el Congreso a partir de los beneficios milmillonarios de las empresas energéticas o los sudokus en el Parlamento Europeo para repartir los cargos de la nueva Comisión les doy ya por informados.
93 organizaciones de 22 países de todo el mundo se han reunido hace unos días en Barcelona para participar en la primera Asamblea Popular Internacional de Vivienda. Sirvió para constatar que estamos ante una crisis “estructural” porque la vivienda se ha convertido en un “activo rentable para los actores financieros”. En el encuentro se abogó por buscar mecanismos jurídicos e impulsar acciones de presión institucional y en la calle. Tampoco hay mucha más alternativa, como bien retrató la película ‘En los márgenes’, dirigida por Juan Diego Botto y con guion de nuestra compañera Olga Rodríguez.
Se ha perdido mucho tiempo y eso que Catalunya fue pionera en impulsar legislación sobre vivienda. Pero con el sector inmobiliario poniendo palos en las ruedas y el Constitucional tumbando leyes por vulneración de competencias. Se han aprobado seis normas y una decena de decretos en los últimos 15 años y aun así es el principal problema que tenemos actualmente. Sirva de ejemplo que según cálculos del Sindicato de Inquilinas, en Barcelona, en esos últimos 15 años, la mitad de los pisos que se han comprado han sido adquiridos por inversores que ya disponen de ocho pisos o más.
Para este sábado se ha convocado una manifestación en la capital catalana con el lema ‘S’ha acabat!’ en referencia a la paciencia de los inquilinos. En realidad los que son propietarios pero no especuladores deberían estar también ahí porque las dificultades para acceder a una vivienda digna es uno de los factores que más contribuyen a la desigualdad, la segregación y los problemas de convivencia.