Los economistas advierten de que las moratorias concursales por la DANA dispararán las insolvencias en 2025

El Consejo General de Economistas (CGE) ha advertido este jueves que las moratorias concursales aprobadas tras la DANA podrían aumentar "de manera importante" el número de insolvencias en 2025, especialmente de "personas físicas, autónomos y microempresas tal y como ocurrió en los años posteriores a la pandemia una vez levantada la moratoria". Según han señalado los economistas durante la presentación del "Atlas Concursal 2024: Radiografía de las insolvencias en España" de Allianz, aunque esperan que el número de insolvencias crezca apenas un 1% en 2025, vaticinan que las moratorias concursales aprobadas tras la DANA podrían distorsionar esta estimación realizada antes del temporal. Para 2026, en cambio, estiman un descenso de los concursos del 6% en 2026.

Durante su intervención, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha manifestado que “los dos reales decretos-ley, el 6/2024 y 7/2024, por los que se establece una suspensión de los plazos procesales con carácter indefinido para 78 poblaciones de la provincia de Valencia afectadas por la DANA y la dispensa temporal de la obligación de solicitar la declaración de concurso de acreedores, no dejan de ser sin duda una ayuda, sin embargo, una vez concluida la moratoria estaremos hablando de concursos sin masa abocados a la liquidación".

Por tanto, ha concluido que “lo que es necesario es orquestar medidas que permitan la rápida reconstrucción empresarial para minimizar los efectos de arrastre de esta catástrofe en todo el tejido productivo”. Entre ellas, el presidente de los economistas ha destacado: activar al máximo los planes de reestructuración de deuda con condiciones flexibles; crear líneas de crédito que reemplacen deudas a corto plazo por financiamiento a largo plazo con condiciones más favorables y reforzar algún Juzgado de lo Mercantil adicional en las zonas especialmente afectadas para una mayor eficiencia.

Asimismo, Pich ha sugerido que se ofrezca una mayor flexibilidad del crédito público en las zonas afectadas en su consideración privilegiada concursal en cuanto a la quitas, que se faciliten las condonaciones de deuda, y que el futuro reglamento de la Administración Concursal preserve la experiencia acumulada de los profesionales, para que puedan atender debidamente este previsible incremento de insolvencias.

Para la vicepresidenta segunda del Registro de Economistas Forenses (REFOR), Bárbara Pitarque, “esta moratoria concursal supone una reducción temporal de concursos declarados ya que se aplazará la declaración formal de la insolvencia, pero como contrapartida supondrá un colapso en el sistema judicial en el momento que finalice la moratoria. La DANA ha supuesto la desaparición del tejido empresarial de las localidades afectadas, comercios y empresas afectando al empleo e impactando también en sus acreedores que, aun siendo de zonas no afectadas, se verán afectados por imposibilidad de cobrar”. “Es un momento de verdadera crisis empresarial en la provincia de Valencia”.

El número de concursos de acreedores de personas físicas y autónomos creció un 185,46% entre julio y septiembre de este año, mientras que los concursos de sociedades subieron un 16,07%. Si se compara el tercer trimestre de 2024 con el mismo período de 2019, el incremento para personas naturales más autónomos ha sido de un 1.222,21% y de un 26,14% en sociedades.

En cuanto a los concursos sin masa –tipo de procedimiento abreviado para empresas y particulares con sobreendeudamiento sin activos para hacer frente a las deudas– se han incrementado un 126% desde los 6.955 de 2022 a los 15.693 de 2023, y representan en el tercer trimestre de 2024 el 84% de los concursos de acreedores.

En 2023 el 0,23% de las empresas españolas acudieron al concurso, aproximadamente una de cada 430 empresas. El estudio revela que el peso concursal de autónomos, microempresas y pequeñas empresas no ha variado en gran medida, aunque en 2022 y 2023 se ha detectado un fuerte incremento del peso de los concursos de autónomos frente al resto de concursos.

El año pasado los concursos de acreedores en nuestro país tienen como protagonistas a los autónomos que representan un 49% de los concursos de empresas. Por lo que se refiere a las micropymes (empresas con menos de diez trabajadores), estas siguen teniendo un peso muy considerable y constituyen el segundo grupo más abundante con el 25% de los concursos.

En este sentido, el presidente del REFOR, Miguel Romero, ha querido destacar que “se observa un incremento considerable en el número de concursos de autónomos, que ya se triplican en 2021 respecto de 2020 y son casi la mitad (49%) de todos los concursos en 2023, superando a los concursos de micropymes en el peso concursal nacional”. No obstante, España sigue siendo el país con menor ratio concursal de la media europea (15 de 10.000 empresas van a concurso en España frente a las 74 de cada 10.000, de media, en países de nuestro entorno).

Entre 2019 y 2023, los concursos de personas físicas se han cuadruplicado hasta alcanzar más de 13.000 procedimientos (13.398), un 75% más que en 2022 y con un número de operaciones superior al de los concursos de personas jurídicas. Cataluña es la comunidad autónoma que tiene un mayor número de concursos en 2023. Las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran con 5.078 concursos en 2023 el 70% del total de concursos de acreedores de empresas en nuestro país, 7.298.