Las agencias de viajes se suman a los hoteleros y estudian acciones legales contra el nuevo registro de viajeros
Las patronales de las agencias de viajes Acave, UNAV y Fetave ya han anunciado que están estudiando acciones legales contra el nuevo registro de viajeros, que entrará en vigor el próximo 2 de diciembre, al considerar que "vulnera la normativa europea de protección de datos por la cantidad de datos sensibles y personales que exige recabar a las empresas", como los relativos a las tarjetas de crédito de los turistas.
En un comunicado conjunto las tres asociaciones han destacado que, durante el proceso de tramitación del Real Decreto 933/2021 por el que se pondrá en marcha dicho registro de viajeros, tanto la Comisión Europea como la Agencia Española de Protección de Datos ya emitieron varios informes advirtiendo que muchas de las cuestiones no se ajustaban a la normativa vigente, y apremian al Ministerio a realizar cambios. Asimismo, las agencias de viajes denuncian el desdén con el que les ha tratado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, al negarse sistemáticamente a reunirse con el sector durante todo este proceso.
Ante esta situación, y mientras la normativa no se modifique, las tres entidades han advertido que continuarán llevando a cabo su campaña para informar a los viajeros acerca del impacto del decreto, pues serán "los grandes perjudicados" al verse obligados a "confiar más de 40 datos para reservas de alojamiento y más de 60 para las de alquiler de vehículos".
Por su parte, la propia gerente de Acave, Catiana Tur, ha subrayado que esta nueva medida será "un desastre total para el sector", además de afirmar que el Congreso ya hizo una proposición no de ley para instar al Gobierno a hablar con el sector, pero que "se ha cerrado en banda".
"Complicará la experiencia de los turistas"
La denuncia de las agencias de viajes se suma a la de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que ya ha anunciado que está trabajando con sus gabinetes jurídicos para impugnar la normativa al entender que su impacto es "desproporcionado" y considerar que "complicará y entorpecerá la experiencia de los turistas en España" al tener que enfrentarse "a trámites administrativos más complejos y tediosos".
Ante la inminente entrada en vigor del nuevo registro, los hoteles aquejan que se verán obligados a cumplir "una normativa confusa" que acabará soterrando la confianza de los viajeros, además de que se exponen a sanciones de hasta 30.000 euros si no logran adaptarse a tiempo.