El Gobierno no ha pagado aún ni un euro de las ayudas directas prometidas

«El dinero va a llegar. Estén tranquilos, que los 16.000 millones destinados a los afectados de la DANA se van a entregar a todos los que los necesiten». Pero las ayudas directas prometidas brillan por su ausencia cuando se cumple un mes del paso de la DANA por la Comunidad Valenciana. Son palabras de ayer de la portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros, Pilar Alegría, que informó junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, del tercer paquete del escudo social, que vuelve a elevar las cuantías de las ayudas directas cuando las del primer paquete aún no se han hecho efectivas. Son las mismas palabras que ya dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera comparecencia, cuando anunció un plan de acción de 10.600 millones, pero que escondía una letra pequeña en el «contrato», ya que casi la mitad de los fondos, hasta 5.000 millones, eran créditos avalados por el Estado a través del ICO que hay que devolver. «No los vamos a dejar solos», dijo Sánchez. La verdad es otra.

En un segundo paquete se aprobaron 110 medidas adicionales por un valor de 3.765 millones de euros, que se sumaron al plan inicial, para un total de 14.365 millones, aunque la mayor parte de estos fondos tampoco fueron aportados por el Estado de forma directa. Y ayer, el Ejecutivo dio luz verde a un tercer real decreto, valorado en 2.274 millones, de los que 465 millones de ayudas para reponer los vehículos siniestrados. Unos planes muy loables, pero que muestran unos plazos de ejecución que han dejado a hogares y empresas sin financiación directa para la recuperación un mes después de la tragedia.

Hacienda reconoce que 34.000 empresas, 70.000 autónomos y más de 100.000 hogares serían los potenciales perceptores de las ayudas. Pero, la realidad es que por parte del Estado aún no se ha tramitado ninguna y la Generalitat Valenciana apenas ha abonado un 13% de lo prometido. De las 28.463 solicitudes, el Gobierno regional ha pagado únicamente 3.646, y hay 2.673 en subsanación. Hasta la fecha el importe pagado supera los 22 millones de euros.

Todas estas ayudas iban a estar están exentas de tributación tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades e iban a ser abonadas mediante transferencia bancaria, pero el último paquete aprobado contiene ayudas directas para la compra de vehículos y ni el Ministerio de Hacienda ni el de Industria –que otorga esas ayudas– fueron capaces de confirmar a LA RAZÓN si su tributación es obligatoria o no.

Además, el BOE publicó que los primeros abonos pueden empezar a llegar a partir del 1 de diciembre, más de un mes después de la tragedia y cuando miles de familias siguen casi con lo puesto. Desde Hacienda únicamente apuntan que la burocracia sigue su curso y se va a proceder «según los plazos que marca el real decreto». Sin embargo, ni el BOE ni el propio Ministerio contestan a si a partir del día 1 se van a pagar todas las ayudas, si se empezarán a abonar algunas, cuáles, cuántas, si lo que se va a proceder es a estudiar las peticiones o si, simplemente, se enviarán las comunicaciones con la concesión o denegación del dinero solicitado.

Por otro lado, empresarios, asociaciones y entidades de apoyo ya han manifestado que las cantidades aprobadas son escasas y, en la mayoría de los casos, apenas cubren un 20% de lo perdido por empresas y hogares. En el caso de las empresas, el importe de las ayudas depende del volumen de operaciones del ejercicio 2023 y oscilan entre los 10.000 y los 150.000 euros, mientras que para autónomos, la ayuda será de 5.000 euros. Para las pymes con una facturación inferior al millón de euros la ayuda será de 10.000 euros. Para aquellas empresas con un volumen de operación de entre 1 y 2 millones, la ayuda será de 20.000 euros; de 40.000 euros si ha estado entre 2 y 6 millones; de 80.000 euros en el caso de un volumen entre 6 y 10 millones; y las empresas afectadas con más de 10 millones de volumen de operaciones en 2023 dispondrán de una ayuda de 150.000 euros. Solo las pérdidas declaradas de los comercios en siniestro total oscilan entre 120.000 y 140.000 euros. «Las ayudas tendrían que multiplicarse por seis para que fueran realmente efectivas y permitieran a cientos de empresas y autónomos volver a empezar», denunció Lorenzo Amor, vicepresidente de CEOE y presidente de ATA.

Fuentes ministeriales aseguran que España ha solicitado formalmente a la UE la activación de la reserva de crisis de la PAC para abordar los graves efectos de la DANA, así como la reprogramación temporal del Fondo Feader, pero las asociaciones agrarias denuncian que aún están esperando, con unas pérdidas que superan los 1.000 millones. En suma, medidas fiscales y laborales, créditos blandos, exenciones y reducciones de cotizaciones que saben a muy poco si no hay ayudas directas.