Los hitos del calendario judicial que amargará las Navidades presidenciales
El entorno del presidente del Gobierno se enfrenta a un calendario judicial complicado y abultado en los tres frentes que mantienen abiertos. Uno, que toca a su exministro, José Luis Ábalos, imputado en el «caso Koldo», y que amenaza con salpicar a otros, como el socialista Ángel Víctor Torres, titular de la cartera de Política Territorial.
Víctor de Aldama, el comisionista de la trama que se investiga, le acusó de haberle pedido 50.000 euros en comisiones ilegales por la adjudicación a sus empresas de los contratos de las mascarillas y PCR del Gobierno de Canarias, que en aquel momento presidía.
Los otros dos frentes entran de lleno en el corazón de su vida personal, su familia, con Begoña Gómez, su mujer, imputada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional en relación a las sospechas de que sus actividades profesionales y su condición de esposa de presidente del Gobierno están íntimamente unidas.
Recientemente se le sumaron a su esposa otras irregularidades, como el uso que hizo del software que se desarrolló en el seno de la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y que registró a su nombre ante la Oficina de Patentes y Marcas.
Y su único hermano, David Sánchez, investigado por tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude fiscal por el puesto público que ocupa como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz y su residencia fiscal fuera de España como vecino de la localidad portuguesa de Elvas.
El juez que investiga en la Audiencia Nacional la «trama Koldo», Ismael Moreno, espera la semana venidera, entre el lunes y el martes, a partir de las 09:30 horas, a ocho agentes de la UCE-2 del Servicio de Información de la Guardia Civil, para que declaren como testigos.
A esta unidad policial pertenecía el comandante Rubén Villalba, imputado por proteger a la trama de cobro de «mordidas» en contratos públicos, suministrándoles teléfonos ultraseguros, algunos que habría utilizado el propio Ábalos siendo ministro, y por lo que recibió a cambio pingües cantidades de dinero.
Entre los que serán interrogados esta próxima semana está el mando de la Unidad y, por tanto, de Villalba, el coronel que condecoró a Aldama por las labores que realizó para ellos.
La próxima parada en el «caso Begoña Gómez» será la declaración el próximo 18 de diciembre de la mujer de Sánchez, la tercera ante el juez Juan Carlos Peinado, por el uso que hizo del software. También será interrogado, estrenándose como imputado, Juan José Güemes como responsable de la contratación de Gómez en el África Center del Instituto de Empresa.
El instructor sacó en limpio de la declaración de la jefa de Recursos Humanos de este centro que se la contrató por ser la esposa del jefe del Ejecutivo.
El día 20 del último mes del año también dará explicaciones en los juzgados de Plaza de Castilla la asesora de Moncloa María Cristina Álvarez, que presuntamente Gómez utilizaba para sus gestiones profesionales con la UCM con motivo de su cátedra y los patrocinios de empresas privadas.
En el caso «David Sánchez», el hermano del también líder del PSOE se sentará por primera vez ante la jueza Beatriz Biedma, que investiga las irregularidades en su desempeño profesional y sus obligaciones tributarias. David «Azagra», como se hace llamar en el mundo artístico, tiene que acudir el próximo 9 de enero a las 09:30 horas para ser interrogado.
Media hora más tarde está citado, también como imputado, el presidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, como responsable de la institución que le contrató. La UCO ya certificó que se cambió el nombre de su cargo sin sacarlo a concurso para «evitar problemas».