El cerco judicial se estrecha en Moncloa por el diseño de la cacería contra Ayuso

Las responsabilidades penales por la filtración del correo electrónico enviado por el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso al fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid Julián Salto empiezan a trepar hacia el entorno de La Moncloa.

El principal cabo suelto que queda en esta causa especial, tras la declaración de ayer de Juan Lobato –en la que con sus whatsapps demostró que la jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, le filtró este correo el día 14 de marzo– es saber cómo acabó en manos de esta y, por tanto, en Presidencia del Gobierno. Sánchez Acera se desempeñaba en aquel momento a las órdenes de su jefe, el ahora ministro de Transformación Digital, cuando era director de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las dos opciones que hay son, por un lado, que estos datos reservados y privados de la pareja de la presidenta madrileña hubiesen sido filtrados desde la Fiscalía General del Estado a Moncloa, tras recibirlos el fiscal general del Estado en su correo electrónico de Gmail, la noche antes del 13 de marzo.

A Álvaro García Ortiz se los remitió la otra imputada –además del propio fiscal general–, la fiscal jefa provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, tal y como se desprendió del análisis de su móvil por la Unidad Central Operativa (UCO).

La otra posibilidad es que Sánchez Acera recibiese este material por la prensa, algo que las fuentes conocedoras de la causa consultadas por LA RAZÓN ven improbable.

Tampoco es descartable que el medio que primero publicó extractos textuales de este correo entre el abogado de González Amador y el fiscal Salto, que fue La Ser, los recibiese de alguien de Fiscalía General, ya que la noticia fue publicada solo tres horas después de que entrase en este órgano a través de la dirección de correo personal del propio García Ortiz.

[[QUOTE:PULL|||Siguiente paso: la imputación de la mano derecha de López por revelación de secretos]]

El fiscal general se los reclamó a Rodríguez Fernández para elaborar una nota informativa aclaratoria de las conversaciones entre el Ministerio Fiscal y la defensa de González Amador de cara a lograr un pacto de conformidad en el que él admitía, a cambio de evitar una pena a prisión, haber cometido dos delitos por la defraudación de 350.000 euros a la Agencia Tributaria en el impuesto de Sociedades de dos ejercicios anuales con una de sus empresas.

En cualquier caso se da por hecho que Sánchez Acera será imputada y el juez ordenará a la UCO la clonación de su teléfono para conocer quién le reenvió –así se refleja en su conversación con Lobato– el correo en cuestión.

De momento, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) solicitó ya ayer por la tarde formalmente su imputación ante «la necesidad de recabar declaración de quién fuera interlocutora en las comunicaciones vía Whatsapp (con Lobato) y que resultaron ser fuente del documento nuclear objeto» de la investigación en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por revelación de secretos.

En el chat con Lobato se ve cómo ambos esperaron a que la imagen del correo fuera publicada por un medio, «El Plural», para que el portavoz del PSOE en la Asamblea lo sacase en la sesión de control de aquel 14 de marzo para atacar políticamente a Díaz Ayuso, echando mano del artículo de prensa y no directamente del correo de la defensa de Ayuso que tenía en su poder.

Habrá que esperar al análisis del teléfono de García Ortiz, que en estos momentos está llevando a cabo la Guardia Civil, para saber a ciencia cierta si fue él quien mandó estos mensajes cruzados entre el abogado del novio de la baronesa popular a Moncloa y a la prensa.

O si salió de alguno de los fiscales de sala más cercanos a él, como Diego Villafañe, que solicitó las diligencias de investigación contra el empresario a la provincial de Madrid. Se espera que el informe con las conclusiones tarde al menos 15 días más y que, entonces, se vea, al igual que con la hipotética imputación de Acera, quién de Moncloa recibió el correo y de dónde salió.