Pedro Fernández Alén (CNC): «Hay que modificar la Ley del Suelo y no crear otra empresa pública de vivienda»

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, remarca que en España hay empresas líderes a nivel mundial sobradamente capacitadas para levantar las 220.000 viviendas anuales que, a su juicio, serían necesarias urgentemente para empezar a aliviar los problemas del mercado y poder alcanzar la velocidad de crucero de 150.000.

¿Qué le parece el anuncio de Pedro Sánchez de crear una empresa pública de vivienda?

El anuncio inicial generó inquietud porque parecía que el objetivo era crear una empresa que construyera y gestionara viviendas, algo que no corresponde al diagnóstico real del problema. España ya cuenta con un tejido productivo muy preparado para construir; el verdadero desafío es la falta de oferta de suelo. Sin suelo urbanizable, no se puede construir, y ese es el principal obstáculo que debemos eliminar. Es crucial centrarse en modificar la Ley del Suelo, que genera inseguridad jurídica y retrasa enormemente los desarrollos urbanísticos. Si la empresa pública se enfoca en dinamizar el suelo público para agilizar su desarrollo, podría ser una buena idea. Sin embargo, si se plantea como una empresa para construir y gestionar viviendas, será más lenta, costosa y menos eficiente que el sector privado. En 2006, demostramos que se pueden construir 700.000 viviendas al año; el problema no está en la capacidad, sino en eliminar las trabas legales que limitan el desarrollo.

¿Es este anuncio un brindis al sol del Gobierno?

Es un titular llamativo, pero al llevarlo a la práctica surgen numerosos problemas. Crear empresas públicas no es una solución adecuada para este caso. Si se apuesta por desarrollar suelo, el sector privado lo absorberá y construirá rápidamente. Esto se logra ajustando la Ley del Suelo, no creando una estructura pública que sería lenta e ineficiente.

¿Por qué no se ha cambiado aún?

El problema de la Ley del Suelo es claro: la falta de un trámite obligatorio puede paralizar un desarrollo urbanístico durante más de diez años. Esto crea una enorme inseguridad jurídica para los promotores, que no tienen la certeza de que el suelo sea edificable o que no enfrentarán reclamaciones que les obliguen a empezar de cero. Este diagnóstico está identificado y existe consenso entre PSOE y PP sobre la necesidad de modificar la ley. Sin embargo, la falta de acuerdo político ha frenado los cambios. El PSOE presentó una propuesta de modificación y el PP otra, pero aún no han llegado a un consenso. Mientras tanto, seguimos con una ley que desincentiva el desarrollo, especialmente para las pequeñas promotoras. Hoy en día, podemos diseñar un proyecto de edificio en horas gracias a la tecnología, pero tardamos más de una década en modificar un plan urbanístico. Esto no solo es ineficiente, sino también perjudicial para un sector que necesita agilidad y seguridad jurídica para crecer.

La ministra de Vivienda anunció 1,5 millones de viviendas públicas. ¿Qué opina?

Es un objetivo muy ambicioso. En el mejor momento del sector, en 2006, se construyeron 700.000 viviendas al año, mientras que actualmente apenas llegamos a 85.000. Para alcanzar esa cifra sería necesario modificar leyes, aumentar significativamente la mano de obra y ajustar los módulos de vivienda pública a los precios del mercado. Es un reto monumental que requiere voluntad política y un esfuerzo coordinado.

¿Cuántas viviendas hacen falta para aliviar el mercado?

En 2023 se construyeron solo 85.000 viviendas, mientras que se crearon 211.000 nuevos hogares. Este desfase demuestra que la oferta no alcanza para cubrir la demanda, generando tensiones en el mercado. Para solucionar este problema, necesitamos construir entre 200.000 y 300.000 viviendas al año durante varios años. Un ritmo razonable sería alcanzar las 150.000 viviendas anuales, pero esto requiere mano de obra disponible y políticas que fomenten la construcción. No es solo una cuestión de voluntad política, sino también de recursos humanos y técnicos.

¿Es necesaria mucha mano de obra?

Sí. Antes de los anuncios recientes del Gobierno, ya necesitábamos unos 700.000 trabajadores adicionales en el sector. Ahora, la necesidad es aún mayor. Es urgente poner en marcha un plan de formación para jóvenes, atraer a más mujeres al sector y facilitar la llegada de inmigrantes regulares.

Además, la construcción pública compite con la privada por la mano de obra, y las grandes infraestructuras suelen atraer más recursos que la vivienda. Esto complica aún más el escenario, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que tienen más dificultades para encontrar trabajadores.

¿Por qué la gente es reticente a trabajar en este sector?

Existe una percepción distorsionada de la construcción. Hoy en día es un sector dinámico, tecnológicamente avanzado y con buenas condiciones laborales, incluyendo salarios competitivos y planes de pensiones. Sin embargo, muchos jóvenes y sus familias siguen asociándolo con una imagen obsoleta y dura. Es fundamental comunicar las mejoras del sector para atraer a nuevos talentos. Los padres deben ver que sus hijos pueden tener un futuro estable y prometedor en la construcción, que ya no es la misma de hace 25 años.

¿Qué perfiles se buscan más?

Además de los perfiles tradicionales como albañiles, jefes de obra y maquinistas, hay una creciente demanda de expertos en inteligencia artificial, blockchain y otras tecnologías avanzadas. Las nuevas formas de construir requieren trabajadores cualificados en el uso de maquinaria moderna y sistemas tecnológicos que optimizan tiempos y costes. La evolución del sector demanda una combinación de experiencia clásica y formación innovadora.