La asesora de Moncloa dice que Begoña Gómez le pidió como un "favor" que gestionase la renovación del patrocinio de su máster

La asesora de Moncloa que gestionó la agenda profesional de Begoña Gómez en relación al máster que la esposa de Pedro Sánchez codirigía en la Universidad Complutense ha asegurado al juez Juan Carlos Peinado -según fuentes jurídicas- que entre sus funciones estaba "asistir" a la mujer del jefe del Ejecutivo y ocuparse de su agenda, que según ha explicado es intensa pues desde julio de 2018 ha llevado a cabo "la mayor actividad profesional de este país como mujer del presidente". Asimismo, ha indicado que asistía también a sus reuniones profesionales "si ella lo consideraba".

Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, ha afirmado durante su declaración -de algo menos de una hora- que se hace cargo la "agenda institucional y privada" de Begoña Gómez, a quien "como un favor, porque soy su amiga", le gestionó la petición a Reale Seguros de la prórroga del patrocinio al máster de Transformación Social Competitiva que codirigía la esposa de Pedro Sánchez.

Su puesto es, ha dicho, de "persona de confianza" encargada de garantizar a la esposa del presidente "un entorno seguro, eficiente y discreto" 24 horas al día, un cargo retribuido con 49.000 euros brutos al año. "Tengo que controlar toda su agenda", ha recalcado. Unas agendas que las acusaciones populares van a instar al instructor a reclamarle.

La testigo, que según fuentes presenciales se ha mostrado "nerviosa, dubitativa" y en algún momento "evasiva" en sus respuestas, ha afirmado desconocer si sus funciones se recogen en algún documento y se ha remitido a su nombramiento oficial, que ha dicho desconocer quién firmó.

El juez Peinado, que le ha pedido su número de teléfono, supuestamente para ordenar su análisis, le ha puesto de manifiesto que uno de los dos correos que remitió a Reale para gestionar la prórroga del patrocinio del máster lo envió desde su cuenta de correo institucional, y no desde la privada.

Álvarez ha admitido también que gestionó con el entonces vicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio, supervisor del máster de Begoña Gómez, asuntos relacionados con esta actividad profesional de la esposa de Sánchez. "Era el que estaba en la cátedra de Begoña y me daba recados para ella", ha asegurado según las fuentes consultadas.

La testigo ha negado que participara en el registro de la plataforma de apoyo a empresas desarrollado y ha atribuido a "una equivocación" que Doadrio le remitiera los pliegos para el desarrollo del software. "A veces en la universidad se equivocaban con la coordinadora", ha mantenido. "A mí sinceramente no me interesaba", ha añadido.

Sortea la imputación

Según ha puesto de relieve la investigación judicial, la asesora de Moncloa solicitó a empresas la renovación del patrocinio a la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía en la UCM la mujer de Sánchez, investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida. Además, llevó a cabo diversas gestiones con la propia universidad vinculadas a ese máster. Las gestiones realizadas se acreditaron incluso con los correos electrónicos cruzados con la Universidad Complutense que fueron aportados por la defensa de la esposa del jefe del Ejecutivo, en los que figura como destinataria la asesora de Presidencia).

Entre esas gestiones, ante la Universidad Complutense o patrocinadores de su cátedra como Reale Seguros, Cristina Álvarez utilizó en alguna ocasión una dirección de correo institucional de Presidencia del Gobierno, firmando los mensajes como directora de Programas.

Según las acusaciones populares -que pidieron sin éxito su imputación al instructor, que optó por citarla a declarar como testigo-, Álvarez actuó como "asistenta personal" de Begoña Gómez en sus actividades "estrictamente privadas", por lo que juzgaba imprescindible que aclarase en qué consistían esos trabajos y "quién le encomendó esas labores" que desarrolló "al menos entre 2021 y 2024". Y aunque el juez ya solicitó a Moncloa la relación de puestos de trabajo y las funciones correspondientes -para constatar si se extralimitó al realizar esas gestiones para asuntos profesionales de la mujer del presidente-, no accedió sin embargo a la petición de la acción popular -que ejercen en este procedimiento Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa, Manos Limpias, Movimiento Regeneración Política de España y Sergapp- de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examinase todos los correos entre la asesora de Moncloa y Begoña Gómez.

En el escrito en el que solicitaban su imputación, las acusaciones populares aludían a un correo dirigido a la directora de Comunicación de Reale Seguros -a través de una dirección corporativa de Presidencia del Gobierno- el 10 de noviembre de 2021, en el que se abordan "cuestiones puramente privadas y relacionadas con la actividad profesional" de Begoña Gómez.