El mar de lodo que no tuvo piedad
El 29 de octubre de 2024 pasará a la historia como el día en el que España vivió una de las peores tragedias naturales del siglo XXI tras el paso de una DANA, una depresión aislada en niveles altos, calificada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como un «episodio extraordinario» que afectó especialmente a la Comunidad Valenciana. Este fenómeno generó precipitaciones torrenciales y persistentes sin precedentes, con inundaciones masivas y desbordamientos de ríos. A consecuencia de esta tragedia, y según el último informe del Gobierno, del pasado día 16, un total de 231 personas perdieron la vida (223 en la Comunidad Valenciana –donde aún permanecen tres personas desaparecidas–, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía). Un total de 78 municipios de la Comunidad Valenciana resultaron afectados, y el mayor número de víctimas se concentró en las localidades de Paiporta, Catarroja, Valencia y Alfafar.
Más de la mitad de los decesos se produjeron en garajes y domicilios, ya que las riadas cogieron desprevenida a la población, que no tuvo tiempo para ponerse a salvo ante la magnitud del fenómeno meteorológico. El informe preliminar de la Aemet informaba de que el máximo de precipitación acumulada del día 29 fue en la provincia de Valencia, con acumulados máximos de entre 200 y 300 l/m2. En la estación automática más próxima a Turís se registraron en una hora 185 mm y en seis horas 621 mm. El documento de la agencia señalaba que «hasta ahora todo apunta a que es la mayor riada provocada por una DANA en el siglo XXI en nuestro país, comparable con otras históricas sucedidas en la Comunidad Valenciana en los años 50 y 80 del siglo pasado».
Más allá de las víctimas mortales, este fenómeno, de una tremenda capacidad destructiva, inundó domicilios y negocios, con pérdidas multimillonarias, y dejando a muchas personas sin vivienda y sin su medio de subsistencia. Además, arrasó con carreteras, vías férreas, centros de enseñanza o parques industriales, y dejó sin suministros básicos a la población, como la luz o el agua, durante varios días. Las tareas de limpieza del lodo y la basura acumulada en calles, domicilios, sótanos y garajes han precisado un esfuerzo ímprobo, y aún hará falta mucho tiempo para que se vuelva a la normalidad.
En la zona se desplegaron los equipos de emergencia para rescatar a personas atrapadas en tejados y en sus vehículos, aunque los afectados critican la tardanza en esa intervención, y denuncian haberse sentido desamparados en las primeras horas de la tragedia. Entre los efectivos desplegados por parte del Ejército, 8.500 soldados de los tres Ejércitos (Tierra, Mar y Aire), y la Unidad Militar de Emergencias (UMA), con más de 2.000 militares. Entre su misión principal y con carácter prioritario está el achique de aguas y lodos, la retirada de éstos y de vehículos en garajes, así como la de enseres de las calles. Además, continúan las misiones de apertura y limpieza de vías, retirada de escombros y reconocimiento de vías de comunicación.
Debido a la dimensión de la tragedia se produjo además una enorme movilización de la sociedad civil, con voluntarios llegados de todas partes de España, aunque especialmente de la Comunidad Valenciana, para ayudar en las tareas de limpieza y proporcionar suministros básicos en los días de mayor carestía. En la retina de todos quedará la marea humana de personas cargadas con cubos, palas, escobas, fregonas y carros de la compra hasta los topes para poder alcanzar las localidades incomunicadas a causa de las riadas. Asimismo, muchas entidades públicas y privadas, así como ONG, se han movilizado para prestar ayuda económica y soporte a las víctimas, con donaciones y campañas de recaudación de fondos.
En lo que respecta a la ayuda económica de las autoridades, los afectados denuncian la lentitud en el cobro, así como la escasa cuantía de las mismas. Las ayudas directas del Gobierno se han establecido para paliar daños personales, daños materiales en vivienda y enseres, en establecimientos y comunidades de propietarios, gastos de corporaciones locales y por prestaciones de bienes o servicios.
En el otro extremo de la tragedia se ha situado el debate político, con cruce de acusaciones entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana tanto a la hora de dar la alerta a la población en las horas previas a las inundaciones como a la de prestar atención a la población en las horas inmediatamente posteriores a las inundaciones. En su comparecencia ante las Cortes Valencianas, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, defendió su gestión de la DANA, e indicó que mantuvo su agenda «plenamente consciente de la situación» porque la consejera competente en Emergencias se había desplazado a la zona y se habían emitido los avisos. No obstante, como consecuencia del descontento entre las víctimas se han producido manifestaciones multitudinarias en Valencia para pedir la dimisión de Mazón.
Dejando a un lado el aspecto político, esta tragedia ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar los protocolos de actuación en situaciones de emergencia, criticados en este caso de forma unánime tanto por afectados como por las autoridades de distinto signo, para que los avisos lleguen antes de que haya que enfrentarse a las consecuencias.