El presidente del CSIF: "El Gobierno quiere que Muface muera"
El modelo Muface, que lleva más de 50 años garantizando la asistencia sanitaria de los funcionarios públicos, atraviesa su momento más crítico. La licitación para renovar el concierto de 2025 quedó desierta, generando una profunda incertidumbre entre millón y medio de mutualistas y sus beneficiarios. Ahora, todas las miradas están puestas en dos fechas clave: el 15 de enero, cuando concluye el plazo de la segunda licitación, y el 31 de enero, cuando expira el actual concierto, dejando en el aire la atención sanitaria de miles de personas. En esta entrevista, Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), analiza las implicaciones que comporta este escenario, denuncia la falta de planificación y transparencia por parte del Gobierno, y advierte sobre los riesgos de un posible colapso del Sistema Nacional de Salud si el modelo desaparece.
¿En qué situación se encuentra actualmente el Modelo Muface? ¿Y por qué?
La situación en la que nos encontramos es extremadamente preocupante. Por primera vez en la historia nos enfrentamos a un concierto con una licitación que se ha quedado desierta. Ninguna aseguradora quiso acudir porque entendía que lo que ofrecía el Gobierno no era suficiente. No podemos olvidar que, en la primera licitación, del 19 de octubre, el Ejecutivo ofreció una subida de la prima del 17%, cuando su propia Dirección General de Muface había solicitado que fuera del 24%. Como resultado, la licitación quedó desierta. El Gobierno, entonces, pasó a preguntar a las aseguradoras, dándoles de plazo hasta el 4 de diciembre para que indicaran en qué condiciones estarían dispuestas a prestar el servicio. Por cierto, no sabemos qué contestaron las aseguradoras porque el Gobierno no ha hecho pública esta información, ni tampoco el informe de la AIReF, que encargaron hace ya muchos meses sobre el modelo. Luego se sacó una segunda licitación, cuyo proceso concluye el 15 de enero.
Precisamente, la atención está puesta en dos fechas clave: 15 y 31 de enero, cuando concluye el proceso de licitación y finaliza la vigencia del actual concierto, respectivamente. ¿Cuál es el sentir de los usuarios?
Exactamente, el concierto actual termina el 31 de enero, lo que genera una intranquilidad tremenda entre los mutualistas, que ven cómo se acerca el final de su atención sanitaria a través de aseguradoras. No saben qué ocurrirá con las citas que tienen en las próximas semanas, con sus tratamientos de larga duración o, peor aún, con procesos médicos graves, como tratamientos oncológicos, donde no saben quién les prestará asistencia sanitaria en el futuro próximo ni si podrá cumplirse la periodicidad de sus citas. De tal manera, en estos momentos, hay millón y medio de personas, entre titulares y beneficiarios, que no saben qué pasará con su asistencia sanitaria el 31 de enero.
Desde Sanidad consideran viable integrar a los mutualistas en el sistema público. ¿Qué implicaciones tendría esta decisión para los funcionarios? ¿Y para el sistema público de salud?
La integración de los mutualistas al sistema público generaría un incremento en las listas de espera, colapsaría ciertas áreas del Sistema Nacional de Salud y afectaría gravemente a su sostenibilidad. De hecho, habría un incremento del 2,1% en la población a atender por las comunidades autónomas, mientras que su presupuesto sanitario solo se incrementaría en un 1,8%. Además, más del 30% de los mutualistas tiene más de 65 años, en comparación con el 20% de la población general atendida por el Sistema Nacional de Salud. Esto implica que esta población requiere más recursos asistenciales de los que se prevé asignar. Por ejemplo, los mutualistas jubilados pagan el 30% de sus medicamentos, una diferencia significativa frente a lo que ocurre en el sistema público. Todo esto supone que el Gobierno está haciendo un análisis demasiado simplificado del impacto que tendría la desaparición de Muface, y varias comunidades autónomas, como Madrid y Andalucía, ya han advertido que no podrían absorber a estos nuevos usuarios debido a la falta de recursos, infraestructuras y personal sanitario.
Comentaba que la primera licitación se produjo el 19 de octubre, a menos de dos meses del fin del contrato. ¿Cree que este retraso en los plazos responde a una táctica de negociación, a falta de planificación política o a una estrategia para acabar con el modelo Muface?
Pueden ser las dos últimas cosas. Este Gobierno parece estar dividido en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, el Ministerio de Sanidad emitió un informe de 18 páginas que prácticamente liquida un modelo de 50 años de colaboración público-privada, un modelo que ha dado buenos resultados y que no estaba en discusión pública. Por otro lado, el Gobierno sabía perfectamente que el concierto actual terminaba el 31 de diciembre de 2024, pero la nueva licitación no salió hasta el 19 de octubre de ese mismo año. Esto demuestra una falta de interés real por sacar adelante este modelo. Además, aunque Mónica García no ha manifestado explícitamente que quiere acabar con Muface hay indicios claros. Desde hace meses hemos denunciado una dejación de funciones por parte del Gobierno en la gestión de la asistencia sanitaria de los funcionarios. funcionarios. Hemos llevado nuestras quejas al Defensor del Pueblo, al Congreso de los Diputados y nos hemos reunido con diversos grupos parlamentarios. Estas acciones han generado ciertos cambios en el planteamiento inicial del Gobierno, pero seguimos viendo una falta de transparencia y una actitud que parece buscar que el modelo desaparezca por inanición. Por ejemplo, no se ha hecho público el informe de la AIReF sobre Muface, ni las respuestas de las aseguradoras tras la consulta. Además, circulan rumores y bulos que generan incertidumbre entre los mutualistas, como que se les obligará a elegir entre el sistema público o privado de forma definitiva, o que, si no hay licitación, serán transferidos automáticamente al Sistema Nacional de Salud. Todo esto aumenta la desconfianza y el malestar.
En su opinión, ¿cómo debería actuar el Gobierno para garantizar una solución viable?
Lo primero es apostar por la transparencia. El Gobierno debe hacer públicos los informes de la AIReF y las respuestas de las aseguradoras para que podamos analizar las necesidades reales del modelo. En segundo lugar, deben iniciarse negociaciones con todas las partes implicadas, incluyendo nuevas aseguradoras, para explorar soluciones viables. También es fundamental mejorar la financiación de las mutualidades. Desde la pandemia de la covid las mutualidades no han recibido los fondos adicionales que sí se asignaron a las comunidades autónomas, lo que ha contribuido al deterioro del modelo. Además, deben abordarse los problemas estructurales, como la falta de infraestructuras y personal sanitario, que no se resuelven de la noche a la mañana.
El modelo mutualista lleva 50 años funcionando de manera eficaz. Ha sido un ejemplo de colaboración público-privada que ha garantizado una atención sanitaria de calidad para los funcionarios. El Gobierno debe dejar de lado cualquier ideología que busque destruir este modelo y centrarse en proteger los derechos de los ciudadanos. Deben ponerse en la piel de aquellos mutualistas que no saben qué ocurrirá con su tratamiento oncológico, su embarazo o su medicación en las próximas semanas. La incertidumbre generada por esta gestión es inaceptable, y el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar una solución que mantenga la estabilidad y la calidad del sistema.
¿Qué acciones concretas plantean si no se logra un acuerdo antes del 31 de enero?
Si no se logra un acuerdo no descartamos ninguna medida. Con la concentración del pasado 14 de diciembre frente a la Dirección General de Muface, donde más de 50.000 personas de toda España alzaron la voz para defender el modelo mutualista, demostramos que estamos dispuestos a movilizarnos y seguir ejerciendo presión para que el Gobierno actúe. También vigilaremos que las aseguradoras cumplan con sus obligaciones hasta el último día del concierto actual. Pero, sobre todo, seguiremos defendiendo a los mutualistas, llevando nuestras demandas a todas las instancias necesarias y exigiendo soluciones para evitar que esta situación desemboque en un colapso del sistema.