Los inspectores de Hacienda acusan al Gobierno de una posible "malversación de fondos públicos" por el cupo catalán
Una acusación de una posible malversación de fondos públicos para poner en marcha el cupo catalán y la independencia fiscal de Cataluña. Esa es la denuncia que la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha hecho en el XXXV Congreso de los Inspectores de Hacienda del Estado, tras confirmar que está preparando la adopción de medidas penales contra la financiación singular de Cataluña por una presunta malversación. "Se está produciendo un gasto, una utilización del dinero público en algo que todavía no tiene una plasmación en una norma", ha denunciado la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, que ha confirmado que que ya está en manos de un despacho jurídico la investigación sobre la desviación de fondos públicos.
De la Herrán ha vuelto a cargar contra este cupo porque el Gobierno pretende "empezar la casa por el tejado", ya que aún no se ha conseguido plasmar en una ley orgánica las modificaciones necesarias para hacerla posible. "No se está haciendo porque saben perfectamente que no pueden hacerlo, que no cuentan con las mayorías". Aunque ha advertido de que se han dado pasos fundamentales en este sentido, como la creación del Consejo Asesor y el Comisionado, encargados de modificar el régimen jurídico de la agencia, para adaptarlo a la singularidad fiscal. "Se están gastando el dinero en este tipo de aparatos y estructuras. Es decir, se está produciendo un gasto, una utilización del dinero público en algo que todavía no tiene una plasmación en una norma".
En un documento presentado en el Congreso, los inspectores acusan al Gobierno de que está llevando a cabo una modificación del sistema de financiación autonómica "por la puerta de atrás, sin reformar la normativa, lo que vulnera la Constitución y conllevará el fraccionamiento de la Agencia Tributaria. En ese sentido, advierten de que la parcelación de la información "dificultará la lucha contra el fraude y romperá la caja única", al tiempo que un fraccionamiento de las retenciones "impondrá nuevas obligaciones a los contribuyentes y complicará las devoluciones".
Según han denunciado, desde que se inició el proceso de aplicación del "Acuerdo de Singularidad Fiscal para Cataluña", ningún experto ha puesto de manifiesto algún efecto positivo de dicho régimen, por lo que "solo obedece a la exigencia política de los independentistas catalanes para apoyar el nombramiento del presidente de la Generalitat", por lo que se ha producido una "alteración del régimen jurídico, que conllevaría también el fraccionamiento de la Agencia Tributaria española, puede conllevar a situaciones de vulneración del principio de igualdad".
De acuerdo con este documento, una de las principales consecuencias de esa fragmentación es que existirían muchos problemas en la lucha contra el fraude fiscal para realizar algunos planes de control, incluidos los más graves como es la lucha contra las tramas de IVA y del fraude organizado. Se darían también "problemas de deslocalización de las empresas si se fraccionara la gestión de los impuestos sobre el consumo". Y existirían "problemas de control de las grandes multinacionales, en la comprobación de los grandes patrimonios, así como en las operaciones de fiscalidad internacional". Asimismo, todas las actuaciones relativas a temas no tributarios que la agencia efectúa en el territorio nacional, no se podrían efectuar con los ciudadanos residentes en Cataluña y se produciría un "deterioro de los servicios prestados por la agencia o ciudadanos", como es el caso de las devoluciones del IRPF. "El sistema tributario y la Agencia Tributaria están en esa situación en la que se están poniendo cargas de dinamita en todos los pilares".
El portavoz de la asociación, José María Peláez, ha advertido de que se trataría de una "voladura" de la Agencia Tributaria ya que, aunque "la financiación singular no está aprobada" aún, si se produce algún paso "importante" en ese sentido, se abrirá "un camino que no tiene vuelta atrás". Tanto Peláez como De la Herrán han mostrado su "preocupación" por los trabajadores de la Agencia Tributaria en Cataluña ante la posibilidad de que pudieran intentar transferirlos a la Hacienda catalana.
"Nos parece una falta de respeto. No entendemos que cuando se está velando por los derechos de los trabajadores en otros ámbitos, en lo más cercano, los trabajadores de la administración pública, lo dejas de lado" y "se atacan sus derechos. Estamos creando un problema innecesariamente por el capricho de unos pocos".