Consumo pone a los caseros en la diana por la crisis de vivienda y advierte de que sus rentas superan en un 82% a las de los inquilinos
El Ministerio de Consumo, con Pablo Bustinduy de Sumar al frente, carga contra la nueva fórmula fiscal de Pedro Sánchez para frenar la subida de los alquileres y también contra los caseros. El presidente del Gobierno anunció ayer que se aprobará en las próximas un real decreto-ley para establecer una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler, una medida que ha abierto una nueva brecha en el Gobierno de coalición.
Bustinduy respondió afirmando que la medida es un "premio a los caseros" y reclamó al PSOE que incluya en su decreto sobre vivienda la propuesta de Sumar: prorrogar automáticamente 632.369 contratos de alquiler finalizarán en 2026, lo que afecta a más de 1,6 millones de personas que podrían sufrir de media un incremento anual de 1.735 euros con la renovación. Si a estos se suman los firmados en 2022 que caducarán en 2027, otros 405.234, habrá casi 2,7 millones de inquilinos cuyos contratos se renovarán con subidas de precios casi aseguradas.
Ahora, el departamento de Bustinduy ha puesto el foco en los caseros como factor de desigualdad. Según un informe en el que está trabajando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y a cuyos datos preliminares ha tenido acceso LA RAZÓN, los ingresos de los caseros son un 82% superiores a los de los inquilinos. En concreto, el informe cita datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para situar la brecha de ingresos entre los caseros y los inquilinos en 23.638 euros, al tener los arrendadores una renta mediana de 52.449 euros, frente a los 28.810 euros de los inquilinos.
Esta brecha se ensancha en algunas regiones, donde la renta de los caseros ya dobla a la de los inquilinos. Se trata de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias. Según Consumo, de renovarse los contratos que expiran en 2026 y 2027 a precios de mercado, la brecha de ingresos entre los arrendadores y los inquilinos afectados por la renovación aumentaría en 2.216 euros de media en España, elevando la renta mediana de estos caseros hasta los 54.665 euros, en base a datos del Panel de Hogares 2022.
Con la crisis de vivienda reducida a una lucha entre caseros e inquilinos, Sumar rechaza la "propuesta de incentivos fiscales planteada por el PSOE por tratarse de una medida ineficaz para atajar el problema de la vivienda e injusta ante la diferencia de renta entre inquilinos y propietarios". Sumar incide en su crítica a los propietarios apuntando a que su propuesta de renovación automática de los alquileres, que ya fue aplicada en la pandemia por el Gobierno para proteger a las familias, "no perjudicaría a nadie, salvo a quienes pretendan utilizar la renovación de un contrato de alquiler para subir un 40% el precio de las casas donde vive la gente".
Desde Sumar insisten en que los datos muestran la necesidad de una intervención "urgente" del mercado de la vivienda y del alquiler que garantice el derecho a la vivienda de los inquilinos "y no una medida opcional a la que pueden adherirse unos propietarios sí y otros, no".
En este sentido, Consumo denuncia que entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el mercado del alquiler ha experimentado un incremento acumulado "muy acentuado". "A escala estatal, el precio ofertado para viviendas en alquiler ha pasado de 10,85 euros el metro cuadrado a 14,5 euros, según los informes de precios de Idealista. La subida media de los alquileres en este tiempo es del 34,3%", sostiene el Ministerio.
Sin embargo, los datos difundidos por el Ministerio ponen el foco en los propietarios como raíz del problema sin apuntar a la escasez de oferta por el desfase entre el aumento de la población y la construcción de vivienda, a la retirada de viviendas del mercado del alquiler por la inseguridad jurídica y al trasvase de alquileres tradicionales a la modalidad turística, de temporada o de habitaciones por leyes intervencionistas como la Ley de Vivienda, que impone topes de precios. La solución, según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), por dotar al propietario de seguridad jurídica para aumentar la oferta.
"La imposibilidad real de recuperar la vivienda en caso de impago cuando el inquilino es declarado vulnerable, unida al colapso de los juzgados y a procedimientos de desahucio que se prolongan durante meses o años, constituye hoy el principal freno para que miles de propietarios saquen su vivienda al mercado del alquiler", según el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro.
Por ello, remarca que "sin seguridad jurídica no habrá oferta, y sin oferta no bajarán los precios. Las políticas que se centran exclusivamente en limitar rentas o condicionar fiscalmente al propietario no solo no resuelven el problema, sino que tienden a retraer aún más la oferta de vivienda en alquiler".