El "daño patrimonial" de Hacienda contra 770.000 autónomos: 508 millones al año por no aplicar el IVA franquiciado obligatorio en la UE
La omisión legislativa del Gobierno español al no transponer la directiva de la Unión Europea del IVA franquiciado genera un "daño patrimonial directo, real y cuantificable" para el colectivo de trabajadores por cuenta propia de 508 millones de euros al año, o lo que es lo mismo, hasta 660 euros de coste por cada uno de los 770.000 autónomos que tendrían derecho a aplicar estas legislación que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha negado a transponer.
Según un informe elaborado por ATA, los profesionales con un bajo volumen de IVA soportado podrían lograr un gran ahorro en costes de gestión, ya que la exención de presentar declaraciones periódicas de IVA y de llevar una contabilidad específica para este impuesto -correspondiente a software o costes de asesoría- tendrían un ahorro directo estimado en 25 euros mensuales, lo que equivale a 300 euros anuales por autónomo, que sumado al ahorro cuantificado en tiempo real por las dos horas que un autónomo dedica a tareas administrativas relacionadas con la fiscalidad (IVA, recopilación de facturas, tickets, preparación de liquidaciones, envío o visita a la gestoría) se traduciría en otros 360 euros -cuantificando 15 euros de coste por hora-, y se conseguiría la citada cifra de 660 euros.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, denuncia que "el Gobierno no ha aplicado este régimen pese a estar obligado por la legislación comunitaria", lo que genera una "notable desventaja competitiva" frente a homólogos europeos, que sí se benefician de este ahorro. "La implementación del IVA franquiciado no es solo una cuestión de cumplimiento con la normativa europea, sino una medida de justicia fiscal y de apoyo estructural a un pilar fundamental de nuestra economía. La omisión legislativa de Hacienda genera un perjuicio de tracto sucesivo, materializado en una pérdida económica que se reitera y consolida año tras año mientras persista la demora en la adopción del régimen de franquicia".
El informe proyecta que el coste para las arcas del Estado a nivel nacional se situaría en una horquilla de entre 625 y 650 millones de euros anuales. Esta estimación se basa en el cálculo de que unos 770.000 autónomos se acogerían al sistema, al cumplir los dos requisitos principales: tener ingresos inferiores a 85.000 euros y no tener un volumen de IVA soportado que haga más ventajoso permanecer en el régimen general.
ATA apunta que la omisión legislativa del Estado español al no transponer esta directiva "genera un daño patrimonial directo, real y cuantificable para el colectivo de trabajadores autónomos. A largo del año hemos denunciado ante la Comisión Europea a España por ser el único país que no ha aplicado esta directiva europea que era de obligado cumplimiento". Amor advierte de que "la carga adicional" que sufren los autónomos españoles frente a "las ventajas competitivas que tienen los del resto de la Unión Europea, que no solo no deben hacer esas declaraciones de IVA en todos los trámites, sino que solo realizan una declaración anual".
Además, los autónomos ya han denunciado que la carga burocrática que soportan los más de 3,4 millones emprendedores en España obliga a invertir más de 200 horas al año por trabajador y dispara el coste económico para sus bolsillos en 10.000 millones de euros. Unos datos "contundentes" que reflejan que un trabajador por cuenta propia destina una media de casi cuatro horas a la semana exclusivamente para realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social.
Haciendo números con todos estos datos, el resultado que se obtiene es que teniendo en cuenta un coste medio de 15 euros por hora, esas 200 horas representan un coste de 3.000 euros anuales por cada autónomo. Por tanto, en una actividad donde la jornada media de un trabajador por cuenta propia es de 47 horas semanales, el resultado de esas cuatro horas perdidas en atención a su negocio o a su descanso para cumplir con la administración significa que los 3,4 millones de autónomos pierden 650 millones de horas al año en resolver trabas burocráticas, que no solo se han disparado en los últimos cinco años, sino que suponen un coste añadido que merma drásticamente la capacidad de conciliación de este colectivo.