Transportes, el Ministerio negro del sanchismo
El trágico accidente del domingo 18 de enero en Adamuz, en el que el tren de Alvia 2384 arrolló al Iryo 6189 dejando 45 fallecidos llegó en un momento crítico para el Ministerio de Transportes, responsable de la red ferroviaria en España. Un departamento que desde que Pedro Sánchez habita la Moncloa ha visto pasar a tres ministros distintos y que arrastra un reguero de presunta corrupción que, tras el atropello, siembra dudas más que razonables sobre la gestión que se ha hecho durante los últimos años en los despachos del Paseo de la Castellana 67, en Madrid, donde está su sede.
Los problemas en Transportes tienen dos vertientes. Por un lado, el ámbito personal, en el que los descarrilamientos, retrasos y problemas con el servicio de trenes han aumentado en los últimos años. Por otro, el enfado social al conocerse los tejemanejes que distintos responsables han llevado a cabo a cambio de presuntas contraprestaciones. Ambos aspectos discurren en paralelo, como las vías de un tren, por el desencanto social. Por el momento, los sumarios judiciales no relacionan las dos cuestiones, pero el plano político sí ha empezado a hacerlo.
La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo investigan desde hace casi dos años la gestión del exministro José Luis Ábalos, que dirigió Transportes entre junio de 2018 y julio de 2021, y de parte de su equipo. Varios altos cargos de su etapa están imputados por distintos motivos, desde el supuesto amaño de contratos hasta la compra de material sanitario durante la pandemia de la Covid-19.
Las acusaciones más graves en Transportes durante los últimos años recaen sobre el propio Ábalos y su exasesor y hombre de confianza, Koldo García. La Fiscalía Anticorrupción piden para ellos más de 20 años de cárcel por la adquisición de mascarillas a una empresa instrumental que controlaban el empresario Víctor de Aldama y su socio Juan Carlos Cueto, imputado en el «caso Defex» un antiguo caso de corrupción.
Aunque no perteneciese a Transportes, las maniobras del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, también se enmarca en este ministerio. El alto tribunal lo investiga por presuntamente amañar contratos públicos a cambio de mordidas. Para ello, se habría servido de la empresa Servinabar 2000, de la que poseía un 45%, para presentarse a adjudicaciones junto a Acciona para ganarlas. Las comisiones rondaron el 2%, y habrían sido cobradas a través de esa compañía sirviéndose otros participantes.
En un segundo nivel de gravedad se encuentran la expresidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Isabel Pardo de Vera, y el antiguo director general de Carreteras, Javier Herrero. Están acusados, primero, en el presunto amaño de contratos para favorecer a empresas constructoras que pagarían comisiones a parte del núcleo corrompido del Ministerio. En la causa del Tribunal Supremo consta un audio entre Koldo y Ábalos en el que hablan sobre cinco obras. El primero le indica que la responsable de ADIF le dijo que una tenía que ir para Ferrovial, y el exasesor entonces le reclamó dos para él.
La Unidad Central Operativa (UCO) dela Guardia Civil registró en julio de 2025 la vivienda de Pardo de Vera en Santiago de Compostela tras redactar un informe en el que también se señaló a Javier Herrero. Los agentes creen que ambos habrían «permitido la manipulación de los procesos de contratación» y que sería Koldo García quien «se valía» de ambos para sus fines ilícitos. Los investigadores sospechan de varias fincas que el exdirector de Carreteras habría comprado mientras operó la trama.
Sobre Pardo de Vera pesa otra acusación relacionada con la contratación de Jésica Rodríguez en dos empresas públicas. La joven, que fue pareja de Ábalos en el pasado, tuvo contratos en Ineco (que depende de Transportes) y en Tragsa (que aunque está en el organigrama del Ministerio de Agricultura la fichó para un proyecto con Adif). La mujer reconoció ante el juez Leopoldo Puente, que dirige la investigación en el Tribunal Supremo, que estuvo en la plantilla de las dos compañías públicas entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Cobraba algo más de 1.000 euros, pero según admitió no tenía ningún desempeño en concreto y ni siquiera acudía a trabajar. El juez cree que Pardo de Vera intercedió para que consiguiera los trabajos.
Varios altos cargos de Transportes han declarado que recibieron las instrucciones de «no molestar» a Rodríguez durante el tiempo que estuvo contratada, a pesar de que no trabajaba. Es el caso del antiguo director de Gestión Administrativa, Ignacio Zaldívar, y de la superior directa de la amante de Ábalos, Virginia Barbancho. Esta última, según un correo que obra en la causa, le advirtió de que si no fichaba en su horario laboral no podía usar los ticket restaurantes de la compañía.
Paralelamente, la trama de las mascarillas pagó un piso en Plaza España a Jésica Rodríguez. Se trata de un enclave privilegiado en Madrid, justo al lado de la Gran Vía. Varios miembros de la presunta organización criminal abonaron varias mensualidades, así como atendieron los reclamos que la joven les hacía cuando se rompía algo de la vivienda. Ábalos escogió esta localización porque estaba cerca de la calle Ferraz, donde el PSOE tiene su sede. Por aquel entonces, el exministro, hoy en prisión también era secretario de Organización del partido.
Los terceros escalones del Ministerio de Transportes también han estado salpicados por la corrupción. Por la supuesta compra fraudulenta de mascarillas, en la Audiencia Nacional están también imputados el anterior director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda y quien fue secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. A él se refería Koldo García como «Alvarito», y su departamento compró gran parte de las mascarillas a la empresa bajo la lupa judicial, Soluciones de Gestión. Por último, en el comienzo de la investigación del «caso Koldo», también fue declarado como investigado el subsecretario de Estado del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez.
El actual ministro, Óscar Puente, cesó a estas tres personas al destaparse el caso en 2024. Los distintos escándalos que han aflorado en los últimos años alrededor de Ábalos, Transportes y parte del Gobierno han tapado sus roles en la trama, pero el banquillo les espera con el inicio del juicio a mediados de año. Y entonces empezará a dilucidarse qué paso en el Ministerio más oscuro del sanchismo.