Mónica García consuma su ley «antiMadrid»
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una iniciativa que, en opinión de Sanidad, "busca restringir la colaboración público-privada en la sanidad española y priorizar la gestión directa por parte de las administraciones públicas". La ministra, Mónica García, defendió la norma como un "triunfo de la sociedad civil» y una herramienta para «blindar» el SNS frente a la privatización, asegurando que la ley pondría freno a prácticas que calificó de "obscenas".
Sin embargo, la aprobación del proyecto estrella "antiMadrid" de García ha desatado una oleada de críticas desde distintos frentes políticos y sectoriales, especialmente en la Comunidad de Madrid y entre las organizaciones que representan a la sanidad privada.
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Ejecutivo central de querer "acabar con la sanidad madrileña" y de impulsar una ley que, según sus palabras, busca "que nada funcione" en una región que lidera en crecimiento demográfico y enfrenta el reto del envejecimiento poblacional. Ayuso ha calificado la iniciativa como un "ataque directo" y ha denuciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "celebra el Consejo de Ministros con la obsesión absoluta de atacar a Madrid, amenazando, mintiendo e imponiendo"
La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, por su parte, ha acusado a Mónica García de actuar con "oscurantismo"en la aprobación de la ley, señalando que "no es ministra de Sanidad ni lo ha sido nunca" sino que su papel es el de "candidata a esta comunidad y oponente a Isabel Díaz Ayuso". Matute ha señalado también que la norma respondía a una estrategia política y que "se impulsaba desde la Moncloa con medidas dirigidas específicamente contra la comunidad madrileña". "Es una medida con la que ella piensa que es estrella, pero con la que se ha estrellado", resumió la consejera.
Empeorará las listas de espera
Ambas dirigentes advirtieron que la limitación de la colaboración público-privada supondría un "retroceso" en la capacidad asistencial, agravando las listas de espera y poniendo en riesgo la atención sanitaria en Madrid, donde este modelo es clave para garantizar la rapidez y eficiencia en la atención médica.
La Fundación IDIS, principal representante del sector sanitario privado en España, también manifestó su preocupación por el impacto de la nueva ley. En un comunicado, la entidad ha advertido que limitar la colaboración público-privada podría convertirse en un "obstáculo importante" para la accesibilidad y la calidad de la atención, con un impacto directo y negativo sobre los pacientes. Es bien sabido que la cooperación entre el sector público y el privado contribuye a reducir las listas de espera y a optimizar el uso de los recursos disponibles. "La limitación de esta colaboración podría generar más dificultades en el acceso a los servicios, afectando negativamente a los pacientes y empeorando la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a las crecientes demandas", ha alertado la organización. Marta Villanueva, directora general de IDIS, ha calificado cualquier intento de limitar de forma generalizada estas colaboraciones como un "retroceso asistencial y organizativo".
Colapso de la sanidad pública
Por su parte, la Asociación de Hospitales Privados de Madrid (Achpm) presentó un extenso documento de alegaciones durante el periodo de consulta pública previo a su aprobación en el Consejo de Ministros. En sus 22 páginas, la asociación ha manifestado una oposición frontal al anteproyecto, al considerar que el texto buscaba "blindar la gestión directa de la sanidad pública y hacer imposibles los modelos de gestión privada, persiguiendo los existentes hasta su total reversión".
Achom ha advertido también que la norma pretende "desmantelar el marco jurídico vigente, especialmente la Ley 15/1997, que había permitido nuevas formas de gestión, con resultados positivos durante años". En su lugar, el Gobierno propone según la asociación, un régimen "desfasado y fuera de lugar" que podría llevar "al colapso de la sanidad pública".
La Achpm también ha alertado sobre el impacto que la ley podría tener en la seguridad jurídica del sector privado y en la atención a los pacientes. Así, ha destacado que, en España, el 55,6% de los hospitales y el 32% de las camas son de titularidad privada, y que una parte significativa de las cirugías, altas y urgencias se realiza en centros privados. Además, recordó que el gasto sanitario privado y la colaboración público-privada suponen una parte relevante del PIB y del gasto sanitario total.
Según la asociación, limitar los conciertos incrementaría las listas de espera y afectaría negativamente a la salud de los ciudadanos. Por ello, ha defendido que la mejor vía para mejorar el sistema sanitario sería "a través del Consejo Interterritorial, buscando soluciones conjuntas entre el Estado y las comunidades autónomas, y considerando la sanidad pública y la privada partes esenciales para superar los retos actuales".
La tramitación parlamentaria de la nueva ley aún deberá superar varias etapas y enfrentarse a muchos obstáculos, sobre todo por la falta de apoyos claros del Gobierno en cualquiera de sus proyectos legislativos. Cataluña y País Vasco son dos comunidades donde la colaboración público-privada funciona de forma óptima.
¿Por qué al Gobierno le molesta Madrid?
Madrid es hoy la comunidad autónoma con mayor esperanza de vida al nacer y una de las regiones europeas más longevas. La Comunidad cuenta con 6 hospitales en el "ranking" de los 10 mejores en España. En cuanto a las listas de espera, que en la última evaluación del Ministerio de Sanidad han sufrido un empeoramiento generalizado, Madrid se mantiene como la región con menor tiempo medio de espera y con menos pacientes que tienen que aguardar más de seis meses a ser intervenidos. En Madrid, la sanidad privada asume el 31% de los ingresos y de las altas realizadas, el 27% de las estancias y el 37% de las intervenciones quirúrgicas del conjunto de las realizadas. Sin colaboración público-privada, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos, además de que pondría en riesgo muchos puestos de trabajo y, por ende, a muchas familias. "Son los mismos profesionales a los que la ministra de Sanidad debería defender",ha señalado Isidro Díaz de Bustamante, presidente de Achpm.