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Cortes de Castilla-La Mancha aprueban reforzar la tauromaquia con diálogo y reglas

Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado luz verde a una resolución del PSOE que respalda la iniciativa del Gobierno autonómico de abrir un espacio de trabajo para fortalecer la tauromaquia en la comunidad “desde la responsabilidad institucional y el acuerdo”, evitando enfoques unilaterales o decisiones de trazo grueso.

La votación dibujó un mapa nítido: apoyo socialista y rechazo de PP y Vox. El texto aprobado, además, incluye una petición al Ejecutivo regional para mantener la colaboración con los representantes sociales del sector cinegético, con acciones alineadas con los objetivos del Pacto por la Caza de Castilla-La Mancha, entendido en la región como hoja de ruta.

El pleno, celebrado este jueves, dejó un detalle significativo: los tres grupos parlamentarios subrayaron la relevancia de la caza y de los toros en esta tierra. No fue un simple intercambio de consignas; el debate se movió entre la dimensión cultural, el pulso del mundo rural y el impacto económico que ambos ámbitos proyectan sobre pueblos y comarcas.

Desde el PP, la diputada Lola Merino —de vuelta a la actividad tras una ausencia por motivos de salud— defendió el valor social de estas actividades en Castilla-La Mancha y cuestionó la propuesta del Ministerio de Juventud de prohibir la participación y la asistencia de menores a espectáculos donde se ejerza violencia contra animales, un paraguas en el que se incluirían festejos taurinos y caza. Su intervención insistió en que la región no se entiende sin su campo, ni sin los toros como expresión cultural.

Vox, por su parte, colocó el acento en la libertad de las familias para decidir qué contenidos culturales son adecuados para sus hijos y presentó la caza como factor de conservación y motor de desarrollo rural. En paralelo, el grupo socialista, a través de Ana Isabel Abengózar, defendió que la tauromaquia tiene presencia real en numerosos municipios, genera actividad económica y mantiene un respaldo social apreciable, a la vez que introdujo un matiz clave: apoyar no equivale a desregular.

Ese es, probablemente, el núcleo político de la resolución: proteger al menor no es prohibir en bloque, sino regular con precisión, distinguir contextos y exigir cumplimiento estricto de la normativa. En un país donde los debates suelen resolverse a golpe de titular y trinchera, Castilla-La Mancha intenta instalar una idea más útil: si se quiere cuidar una expresión cultural, se hace con reglas claras, formación, seguridad y una administración que se moje, no que mire hacia otro lado.

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