Juristas de España y Canadá animan a Europa a invertir más para ser una potencia tecnológica
El embajador de Canadá en España, Jefrey Marder, ha explicado esta semana en Madrid que “Canadá vincula la apuesta por el desarrollo tecnológico con un compromiso firme con la ética, la regulación responsable y la inclusión”. El país, ha señalado, trabaja en la defensa de derechos “para garantizar que la innovación tecnológica siga estando al servicio de las personas y las instituciones democráticas”.
El diplomático ha manifestado que Canadá reconoce en España a “un socio sólido y estable, plenamente alineado con nuestras prioridades: la IA ética, el multilateralismo, la protección de datos, la innovación inclusiva y la gobernanza responsable del espacio digital”
Marder ha efectuado estas manifestaciones durante la inauguración de la jornada “Derechos Digitales: un diálogo necesario entre la Unión Europea y Canadá”, organizada en Casa de América por la Universidad CEU San Pablo, dentro de las actividades del Observatorio de Derechos Digitales. La jornada ha contado por la parte española con la participación de Juan Miguel Márquez, subdirector general del Ontsi, perteneciente a Red.es, entidad adscrita al ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública, y con el catedrático de Derecho Administrativo José Luis Piñar y la profesora Rosario Duaso, ambos de la universidad CEU San Pablo.
La Universidad de Montreal ha estado representada por Karim Benyekhlef, catedrático y director del Laboratorio de Ciberjusticia, un referente mundial centrado en el análisis de cómo las tecnologías destructivas impactan en los derechos fundamentales, además de Nicolas Vermeys y Valentin Callipel, director adjunto y jefe de misión del laboratorio, respectivamente
Juan Miguel Márquez, subdirector del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (Ontsi) ha abogado por recuperar el consenso sobre la necesidad de que los derechos fundamentales se defiendan también en el entorno digital. Márquez ha destacado el valor del diálogo entre Canadá y España sobre los derechos digitales y la cercanía con Canadá: “compartimos la visión de los derechos fundamentales en el entorno digital, la necesidad de una gobernanza de las tecnologías digitales y de su regulación para que sirvan al bien común”.
Por su parte, el catedrático José Luis Piñar ha reivindicado el concepto “diálogo” en una época de distanciamiento y enfrentamiento, poniendo el foco en el diálogo entre técnicos y juristas: “No se pueden dar pasos en el mundo digital sin que exista un diálogo constante entre los juristas y los técnicos. Un jurista no puede ir solo y un técnico tampoco puede actuar de espaldas a un jurista, y menos aún en la Unión Europea y en Canadá, donde cualquier innovación debe de ser respetuosa con los derechos fundamentales”, ha explicado.
Piñar ha negado el supuesto impacto de la regulación sobre la innovación “No es verdad”, ha explicado, “que innovación y regulación estén enfrentados, todo lo contrario. La innovación en Europa es muy importante, quizás falta evidentemente inversión, pero Europa no está tan atrás y esa innovación la está haciendo en un marco normativo plenamente alineado con los derechos fundamentales”.
Karim Benyekhlef, catedrático y director del Laboratorio de Ciberjusticia de la Universidad de Montreal, ha indicado, en línea con lo manifestado por José Luis Piñar, que existen estudios que señalan que la innovación no está limitada por la regulación. A juicio de Benyekhlef, las grandes tecnológicas operan como “compañías estados”, resaltando a la vez “la enorme presión que sufre la Unión Europea por parte de Estados Unidos”, que considera que la regulación europea es una limitación para sus compañías.
Según el análisis de Benyekhlef, en este escenario de extrema presión y competencia “la regulación de la Unión Europea no es suficiente. Tiene que ir apoyada por importantes inversiones para que Europa sea una potencia industrial y tecnológica”.
El Observatorio de Derechos Digitales es una iniciativa público-privada impulsada por Red.es, adscrita al ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, junto a 19 entidades, entre ellas la universidad CEU San Pablo, para la protección y divulgación de los derechos digitales.