La economía sumergida no aflora: 1,5 millones de ocupados trabajan en «B»

El peso de la economía sumergida en España sigue siendo excesivo. Cobrar la mano de obra sin IVA, por ejemplo, sigue siendo el pan nuestro de cada día en muchos sectores, algo a lo que no ayuda la presión fiscal desorbitada, que impide aflorar la economía en negro. El crecimiento de la recaudación impositiva en España desde 2019 figura entre los más expansivos de la Unión Europea. De hecho, la brecha entre peso de los impuestos y cotizaciones sociales sobre el PIB en el conjunto de la UE-27 y la de España se ha reducido a la mitad desde 2019, según los datos de Eurostat. A esta situación se une el impacto de la inflación, que distorsiona a marchas forzadas los registros.

Como prueba, en plena escalada de precios, el 28% de los españoles se mostraba dispuesto a trabajar cobrando en «B», según los datos del sindicato de funcionarios de la Agencia Tributaria Gestha. Por sí misma, esta actividad laboral oculta podría suponer entre el 17,7% y el 18,1% del Producto Interior Bruto (PIB) español. Esto significa que entre 235.000 y 240.000 millones de euros podrían escapar del control de las autoridades fiscales y laborales, una cifra que evidencia la magnitud del problema.

España figura en el «top tres» de países europeos con mayor tasa de economía sumergida. Empatada con Portugal, el dinero que se mueve en negro representa el 24% del PIB, situándose únicamente por detrás de Grecia, con un 36%, e Italia, con un 31%. Los datos proceden de un informe elaborado por el Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR), firmado por Francesco Pappadà, profesor de la Universidad de Venecia, y Kenneth Rogoff, profesor de Harvard.

Sin embargo, a pesar del peso que la economía sumergida tiene en la actividad económica, para los expertos sigue siendo extremadamente complicado medirla. Resulta «prácticamente imposible» ofrecer cifras exactas sobre el dinero efectivo que circula fuera de los circuitos oficiales.

Las estimaciones más aproximadas sitúan el peso de la economía sumergida en torno al 17% del PIB en las economías avanzadas y cerca del 33% en las economías en desarrollo y los mercados emergentes. España, con un 24%, se sitúa claramente por encima de la media de los países desarrollados. En el extremo contrario, con niveles inferiores al 10%, aparecen países como Austria y Dinamarca, ambos con un 9%; Estonia, con un 8%; Eslovenia, con un 7%; Suecia, con un 6%; y Bélgica, con un 5%. Estas diferencias reflejan modelos económicos y estructuras institucionales muy distintas.

Según Gestha, si se cuantifican estas estimaciones, el volumen de economía sumergida en España podría situarse en total en torno a los 329.671 millones de euros. Una parte significativa de ese dinero escapa al control fiscal y laboral, convirtiéndose en impuestos defraudados y en cuotas de la Seguridad Social que no se declaran.

El Gobierno sostiene que algunas de las medidas de protección social implantadas durante la pandemia contribuyeron a aflorar parte de la economía sumergida. En su Plan Presupuestario para 2023, el Ejecutivo argumentaba que programas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la prestación extraordinaria para autónomos o el Ingreso Mínimo Vital incentivaron la regularización de trabajadores que anteriormente operaban en la economía irregular.

Según las estimaciones oficiales, estas políticas habrían facilitado el afloramiento de aproximadamente 285.000 afiliados a la Seguridad Social hasta el verano de 2022, cuando todo se estabilizó. Para el Gobierno, estas cifras evidencian que los programas de protección de rentas pueden actuar como mecanismo de integración laboral.

Sin embargo, esta visión no es compartida por el conjunto del tejido empresarial. Las patronales alertan de que el aumento de la presión fiscal y el incremento de los costes laborales están favoreciendo el crecimiento de la economía sumergida, al empujar a empresas y trabajadores hacia fórmulas irregulares para reducir gastos y mantener su actividad.

Determinar cuántos trabajadores ejercen su actividad en «B» es una tarea compleja que obliga a analizar cuidadosamente las cifras de empleo y pluriempleo. En este sentido, los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran una evolución preocupante cuando se cotejan con los de la Seguridad Social. A cierre de 2025, un total de 632.600 trabajadores declararon tener un segundo empleo, lo que supone un aumento del 8,6% respecto al año anterior. El crecimiento es todavía más llamativo si se observa la evolución histórica: el número de pluriempleados se ha incrementado un 53% en la última década y se ha acelerado un 41% desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, incorporando más de 200.000 personas a esta situación.

La Seguridad Social reconoce que sus estadísticas no reflejan necesariamente el número real de trabajadores, sino el número de relaciones laborales que generan obligación de afiliación. Esto significa que una misma persona puede aparecer varias veces en las estadísticas si mantiene más de un empleo, ya sea dentro de un mismo régimen o en varios regímenes distintos. Por este motivo, el número real de personas dadas de alta en la Seguridad Social se obtiene restando las afiliaciones en pluriactividad a la cifra total de afiliados.

Para analizar con mayor precisión el impacto del pluriempleo, existe una estadística específica publicada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en su Anuario de Estadísticas Laborales. El Anuario refleja que, a cierre de 2024, existían 847.150 afiliaciones adicionales que no correspondían a trabajadores distintos, sino a los múltiples empleos que compatibiliza una misma persona.

Estas afiliaciones representan el 4% del total registrado, el nivel más alto de la serie histórica. Aunque la Seguridad Social no publica datos mensuales detallados, la evolución de la EPA sugiere que el número de pluriempleados continuó creciendo durante 2025.

Si el incremento del 8,6% registrado por la EPA se mantiene, todo apunta a que el número de trabajadores con más de un empleo habría alcanzado o incluso superado los 900.000. Además, el análisis de las cifras revela que aproximadamente el 45% de los pluriempleados mantiene más de un trabajo adicional, lo que genera afiliaciones extra en las estadísticas oficiales.

Esta situación tiene una consecuencia directa en el cálculo del empleo sumergido. Tradicionalmente, la diferencia entre los datos de ocupación de la EPA y los registros de afiliación a la Seguridad Social se ha utilizado como un indicador aproximado del número de personas que trabajan sin estar dadas de alta como cotizantes. Sin embargo, este método no tiene en cuenta el efecto del pluriempleo, que eleva artificialmente el número de afiliaciones y distorsiona la comparación entre ambas estadísticas.

En diciembre de 2025, la Seguridad Social alcanzó los 21.844.414 afiliados en la serie original, el tercer mejor registro histórico, solo superado por los meses de junio y julio del mismo año. Por su parte, la EPA estimó un total de 22.463.300 ocupados, lo que inicialmente generaba una diferencia de 619.000 trabajadores.

No obstante, esta comparación no resulta del todo ajustada, ya que enfrenta relaciones laborales con personas individuales. Si se descuenta la estimación de 900.000 afiliaciones adicionales derivadas del pluriempleo –tomando una previsión conservadora–, la brecha entre ambas estadísticas se amplía hasta alcanzar aproximadamente 1,5 millones de trabajadores que podrían estar ejerciendo su actividad sin figurar en los registros de la Seguridad Social.

Esta cifra constituye una de las estimaciones más elevadas del empleo irregular en los últimos años y refuerza la percepción de que la economía sumergida sigue teniendo una presencia estructural en el mercado laboral.

A esto hay que sumar la derivada que supone en pérdida de ingresos fiscales. Además esta situación genera competencia desleal entre empresas, ya que aquellas que operan al margen de la legalidad pueden ofrecer precios más bajos al reducir costes laborales y fiscales. Esta situación perjudica a las empresas que cumplen con sus obligaciones por muy elevadas que estas sean y contribuye a distorsionar el mercado.

Desde el punto de vista laboral, el empleo irregular suele ir acompañado de condiciones de trabajo precarias, menor protección y mayores riesgos para los trabajadores. Esta brecha de 1,5 millones de trabajadores en la economía sumergida desmonta la tesis del Gobierno de que se está creando empleo de calidad cuando cada vez hay más España sumergida.

La «asfixia» a los autónomos, otro acelerante

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha denunciado la «asfixia fiscal» a la que se está sometiendo a los autónomos, que ha obligado a más de 57.000 trabajadores por cuenta propia a convertirse en sociedades en 2025. Según UPTA, el sistema tributario no solo perjudica a los pequeños negocios, sino que favorece la economía sumergida. Este colectivo señala que, según sus cálculos, las sociedades en España pagan en promedio entre un 20% y un 22% de sus beneficios en el Impuesto sobre Sociedades, por debajo del tipo nominal del 25%, gracias a deducciones, bonificaciones y planificación fiscal.

En cambio, el perfil del autónomo medio en España declara rendimientos de actividades económicas en el IRPF que en el mejor de los casos no superan los 60.000 euros. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha denunciado también el creciente aumento de la informalidad por el alza de la presión fiscal y los llamados «impuestos de diseño».