La UDEF ultima los informes de Plus Ultra sin preocuparse por las filtraciones
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ultima los informes de la causa de Plus Ultra, la aerolínea con vínculos venezolanos que el Gobierno rescató en 2021 con 53 millones de euros. Fuentes conocedoras aseguran que los trabajos están «muy avanzados», a la espera de que se levante el secreto en los próximos días. Otras fuentes consultadas apuntan a que esto podría ocurrir en las próximas semanas, señalando final de marzo como fecha clave.
A principios de este mes, la investigación escaló hasta la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama aceptó la competencia para instruirla, un trabajo que hasta ahora se estaba llevando en un juzgado de Madrid, que en su día abrió una investigación previa sobre la ayuda pública que se entregó a la compañía. Aquella causa se terminó archivando provisionalmente, y a finales de 2025 se reabrió, pero ahora con indicios de que el dinero habría sevido para blanquear fondos del petróleo y del oro de Venezuela.
La investigación policial se ha llevado en el más estricto secreto. Las fuentes consultadas aseguran que se han hecho un trabajo «quirúrgico» y que las pesquisas están «muy atadas». Los policías han trabajado bajo «una gran presión» tanto «políticas como empresariales», afirman.
La causa tiene distintas derivadas mediáticas. Primero, por la implicación de Venezuela en el capital de la aerolínea. Y segundo, por una supuesta participación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. A finales de año se detuvo al presidente y al CEO de la compañía, a un abogado y a un empresario de Elda (Alicante), llamado Julio Martínez. En este hombre estaría el supuesto nexo con el exlíder del PSOE, ya que son amigos desde hace muchos años. Martínez realizó trabajos para Plus Ultra a través de su empresa Análisis Relevante, y según confirmó el propio Zapatero en el Senado, él asesoró a la firma de Martínez. Además, exigió como cláusula que se contratase a sus hijas en tareas de marketing y maquetación de los trabajos.
Los rumores de un posible chivatazo han sobrevolado la causa desde que se conocieron las detenciones de diciembre. Los investigadores, al parecer, han detectado que los imputados borraron parte de sus teléfonos móviles y correos electrónicos antes de ponerles las esposas. Sin embargo en la UDEF están «más que tranquilos» sobre este asunto. «Que investiguen lo que quieran», señalan las fuentes consultadas. Además, Asuntos Internos, que vigila a los propios policías, no ha iniciado ninguna investigación porque «nadie se lo ha pedido».
Los indicios de que alguien pudiese avisar a los investigados de que iban a ser detenidos llevó al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a indicar a los policías que le informaran directamente a él y no a sus superiores. Aunque se ha publicado que el jefe de la unidad, Fernando Alonso, no está al tanto de los avances, la realidad es que sí que lo está, pero no el comisario general Luis Fernando Pascual, el jefe de la Policía Judicial, después de la orden dada por el Ministerio Público. «No es tampoco una anomalía», explican las fuentes policiales consultadas.
Denuncia de Plus Ultra
Por otro lado, Plus Ultra ha denunciado a la UDEF por revelación de secretos, tras constatar que documentos obtenidos durante el registro de su sede en diciembre de 2025 han sido publicados por la prensa, pese a que la causa está bajo secreto de sumario.
En un auto fechado el pasado 4 de febrero, el juzgado de instrucción nº 6 de Madrid admitió a trámite una denuncia de la aerolínea en relación con la entrada y registro de su sede efectuada por la Policía Nacional el 11 de diciembre, en el marco de la investigación abierta.
Plus Ultra indica en su denuncia que durante el citado registro funcionarios de la UDEF se incautaron de «abundante documentación y equipos informáticos de la compañía». Dado que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, las únicas personas con acceso a esos documentos y archivos son la juez instructora, la Fiscalía, el personal judicial y los funcionarios de la Policía, se indica en la denuncia. La admisión a trámite de la denuncia podría dar pie a una investigación paralela por parte de Asuntos Internos para investigar estos hechos.