Consumo "pelea" para incluir la prórroga de los alquileres que vencen este año en el decreto de medidas por la guerra de Irán

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha asegurado que está "peleando" para que entre la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año en el decreto ley de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán y que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros este viernes.

Bustinduy, que ha hecho estas declaraciones en el Congreso, ha dicho que en Sumar no entienden "cuál es la razón para resistirse a proteger a millones de inquilinos en España", en alusión al ala socialista del Gobierno, que descarta esta medida.

"No entendemos la resistencia a proteger a los españoles en materia de vivienda y vamos a seguir peleando hasta que lo consigamos", ha incidido el ministro.

Sumar lleva meses intentando que el PSOE acceda, en el seno del Gobierno, a decretar una prórroga de los alrededor de 600.000 contratos de alquiler que vencen este año, "para proteger al 20% de españoles que viven de alquiler y no pueden afrontar una subida del 40%, 50% o 60%".

Durante la negociación que los socios de coalición mantuvieron a finales de 2025, lo socialistas alegaron motivos jurídicos para rechazar dicha prórroga y, según Sumar, ahora alegan también que la medida no contaría con el apoyo parlamentario del PNV y Junts.

También en los pasillos del Congreso, el portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, se ha preguntado "de qué sirve tener calefacción en casa si no tienes casa", en referencia a la garantía de suministros básicos para las familias vulnerables que podría incluir el decreto ley del viernes. Tras advertir al PSOE de que "va por mal camino", Ibáñez ha sostenido que en España "no hay ninguna urgencia más que la vivienda" y ha apuntado que confía en la negociación y que todavía "quedan 48 horas para consensuar".

Por su parte, la parte socialista del Gobierno contempla la posibilidad de topar al 2% la actualización anual del precio de los alquileres residenciales firmados antes de la entrada en vigor de La ley de Vivienda (26 de mayo de 2023).

Los contratos de arrendamiento anteriores a esta normativa se actualizan con el IPC interanual, que en febrero se situó en el 2,3%, mientras que los posteriores se actualizan con el índice para alquileres que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en febrero subió al 2,16%.

El tope extraordinario del 2% que proponen los socialistas ya se aprobó en 2022 -vinculado a la guerra de Ucrania- y estuvo vigente, mediante prórrogas, durante 21 meses, hasta finales de 2023. Desde Suma insisten en que sólo aceptarán una congelación generalizada de los alquileres.