Arraigo en Andalucía

Sigue activa la demanda judicial presentada por la empresa armamentística GDELS contra la adjudicación a Indra de la fabricación de los nuevos obuses de artillería para las Fuerzas Armadas. Esta situación anticipa lo que previsiblemente ocurrirá con la futura adjudicación de los tanques de la familia Leopard. GDELS sostiene que, además de haber contado con una financiación privilegiada, Indra carece de la experiencia, el conocimiento técnico ('know-how') y las instalaciones necesarias para fabricar obuses y carros de combate. Por ello, argumenta que la compañía tendría que recurrir a empresas extranjeras, lo que generaría dependencia exterior. Sin embargo, España cuenta con una larga tradición en este ámbito industrial. Ya en el siglo XVII se fabricaban cañones en el país y, más recientemente, se produjeron los modelos 155/52 en Trubia (Asturias). Del mismo modo, los carros de combate AMX-30E comenzaron a fabricarse en 1974 y, posteriormente, los Leopard 2E se produjeron en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). En esta localidad existe un complejo de 170 hectáreas dotado de una cadena de montaje de carros de combate, una pista de evaluación para terrenos difíciles, un campo de tiro para subcalibres, una piscina de vadeo profundo y una cámara anecoica para ensayos de emisiones electromagnéticas. Dado que estas instalaciones son propiedad del Ministerio de Defensa, cabe la posibilidad de que la Junta de Andalucía reclame que las inversiones, el empleo y el desarrollo tecnológico asociados a la futura adjudicación para la fabricación y modernización de los carros de combate se lleven a cabo en esta comunidad autónoma y no en otra ubicación. Es lo que previsiblemente se haría en Valencia, Extremadura, Aragón o Castilla y León, donde ya se ha asumido el concepto de «arraigo», válido también para la actividad industrial. Francisco J. Membrillo Becerra. Sevilla Me levanto oyendo en la radio la noticia de un nuevo apuñalamiento... Las calles de España asisten a una alarmante degradación del orden público, marcada por un incremento insostenible de agresiones con arma blanca. No es alarmismo, es la cruda realidad delictiva que golpea nuestras ciudades ante la pasividad institucional. Vaya por delante que este análisis no criminaliza el 'acero'. Como militar, instructor de defensa personal y coleccionista, guardo un profundo respeto por estas armas y la histórica y ejemplar industria cuchillera española. El problema jamás ha sido el objeto, noble herramienta en manos de profesionales o de coleccionistas, sino las voluntades criminales que hoy campan a sus anchas impulsadas por la impunidad jurídica y la pérdida de valores. La laxitud penal y la falta de respaldo a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han convertido las navajas y machetes en el recurso fácil de delincuentes habituales y bandas organizadas. Urge, una vez más, restaurar el principio de autoridad, endurecer el Código Penal con penas por portar estas armas con fines ilícitos y aplicar controles de seguridad preventivos y severos en zonas de ocio y transporte. España no puede resignarse a normalizar lo intolerable ni a importar modelos de marginalidad violenta ajenos a nuestra cultura. Exigir calles seguras no es una opción ideológica, sino el primer deber de un Estado de derecho digno de este nombre. Es hora de actuar con la máxima firmeza legal antes de que el 'filo' de la delincuencia termine por quebrar definitivamente nuestra paz social. Félix Eugenio García Cortijo. Badajoz