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Indecencia política y 'hooligans' de papeleta

Abc.es 
Basta con que una conversación derive hacia la política para que, en ocasiones, cambie el ambiente. Una frase basta para identificar al sospechoso, una palabra para situarlo en el bando contrario y una opinión para decidir de antemano qué clase de persona tenemos delante. En las redes sociales y en las calles, el mecanismo se repite: se descalifica antes de argumentar, se atribuyen intenciones antes de escuchar y se celebra la humillación del adversario como si fuera una victoria intelectual. Ya no queremos convencer: queremos derrotar al que discrepa. Hay una frase que resume con una crudeza difícil de olvidar cierta lógica de la política electoral. En 2008, al terminar una entrevista con Gabilondo y creyendo que los micrófonos estaban apagados, Rodríguez Zapatero comentó: «Nos conviene que haya tensión. Voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco». La conversación se produjo a unas semanas de las elecciones. Zapatero aclaró después que hablaba de movilizar a sus votantes. Conviene recordar esa explicación, pero también la frase: revela que la tensión puede contemplarse desde el poder como un recurso útil para obtener réditos electorales. El problema aparece cuando la tensión deja de ser un efecto ocasional de la confrontación política y se convierte en un incentivo permanente. Cuando la supervivencia electoral depende de mantener a los propios en estado de alarma, la serenidad empieza a parecer una desventaja y la moderación, una debilidad. No hace falta imaginar una conspiración. Basta con observar los incentivos. Un mensaje incendiario obtiene atención; una rectificación rara vez consigue la misma repercusión. La descalificación moviliza a los convencidos; el reconocimiento de un error puede decepcionarlos. Así, la política corre el riesgo de convertirse en una industria de agravios, en la que cada partido necesita recordar a sus seguidores cuánto deben temer al contrario. La responsabilidad de los dirigentes no consiste en evitar el conflicto, sino en no alimentarlo deliberadamente cuando lo que está en juego es la convivencia. El resultado es una ciudadanía cada vez más dispuesta, de uno y otro lado, a juzgar los hechos según las siglas de quien los protagoniza. Si el escándalo afecta al adversario, demuestra su corrupción moral; si afecta a los nuestros, hay que esperar y conceder el beneficio de la duda. Exigimos una transparencia absoluta a los demás y una comprensión casi ilimitada para los propios. La verdad deja de ser un criterio que nos obliga a todos y se transforma en un arma que utilizamos contra el contrario. Es aquí donde aparece el 'hooligan' de papeleta. No es alguien que vota con convicción, milita en un partido o defiende un programa. Es quien ha convertido su preferencia política en una identidad que debe proteger a cualquier precio. Celebra los escándalos del rival como goles decisivos y justifica las faltas propias porque juega en su equipo. Ya no pregunta si una decisión es justa, si una afirmación es verdad o si una conducta resulta decente. Pregunta a quién beneficia y a quién perjudica. La comparación futbolística tiene un límite evidente: en un estadio se disputa un resultado deportivo; en la vida pública se deciden políticas que afectan a derechos, impuestos, educación y seguridad de millones de personas. La política no es un espectáculo que podamos abandonar al terminar el partido. Sus consecuencias nos alcanzan también cuando nuestro equipo ha ganado. Los recientes altercados en La Coruña , durante las protestas contra un acto de Vox, muestran hasta qué punto el desacuerdo político puede degenerar en violencia. Hubo cargas policiales, lanzamiento de objetos, agentes y manifestantes heridos y periodistas afectados. Las versiones sobre la actuación policial y las responsabilidades concretas no son idénticas, pero hay un principio que no debería admitir ambigüedad: protestar contra un partido es un derecho; impedir por la fuerza que otros ejerzan sus derechos políticos no lo es. Ni la etiqueta de antifascista convierte cualquier conducta en legítima, ni la denuncia de la violencia autoriza a usarla para descalificar a toda una protesta. La misma exigencia debe aplicarse a quienes ocupan responsabilidades públicas. No pueden condenar la intimidación cuando la sufren los suyos y relativizarla cuando beneficia a su espacio político. Si la libertad de expresión y reunión solo se defienden para los propios, no se están defendiendo derechos, sino privilegios de facción. La raíz del problema es también intelectual. Cuando hablamos de «mi verdad» y «tu verdad» como si no existiera una realidad común que pudiéramos intentar comprender, el diálogo pierde su sentido. Si toda afirmación es una perspectiva interesada y todo argumento una maniobra de poder, solo quedan relatos enfrentados, cada uno protegido por su comunidad de creyentes. Frente a esa deriva, la tradición clásica ofrece una idea que convendría recuperar. Aristóteles definió al ser humano como un animal político dotado de logos: palabra y razón para deliberar en común sobre lo justo y lo injusto. La convivencia no exige que pensemos igual, sino que seamos capaces de ofrecer razones, escuchar objeciones y reconocer que podemos estar equivocados. La humildad intelectual no consiste en renunciar a las convicciones, sino en aceptar que ninguna convicción queda dispensada del examen crítico. Y hay algo todavía más elemental: una persona es más que sus ideas políticas. Podemos considerar falsa una opinión o reprobable una conducta sin concluir que quien los sostiene carece de dignidad. El respeto no obliga a dar la razón a todo el mundo; obliga a no sustituir la crítica por el desprecio. Una sociedad libre necesita ciudadanos que sepan disentir, no hinchas que exijan adhesión incondicional. La regeneración democrática no llegará mediante llamamientos ceremoniosos a la concordia. Exige algo más incómodo: llamar a las cosas por su nombre, no dejarse atemorizar, afear la mentira al compañero de filas antes que al rival, reconocer los errores propios con el mismo rigor que denunciamos los ajenos y negarnos a justificar cualquier conducta por el mero hecho de que favorezca a nuestro partido. Exige votar buscando el bien del conjunto. No pasa nada por votar en blanco o por cambiar de partido; yo mismo llevo años votando a formaciones distintas. Pero hay una regla que recomiendo: no votar de nuevo a quien miente deliberadamente o incumple sus promesas esenciales. Mientras la mentira salga gratis en las urnas, seguirá siendo rentable. Podemos seguir siendo de derechas o de izquierdas, defender programas incompatibles y discutir sobre el futuro del país. Lo que no podemos hacer es convertir cada elección en una guerra en la que todo vale con tal de que pierda el adversario. El día en que la lealtad a unas siglas nos impida distinguir entre lo decente y lo indecente, entre la verdad y la mentira, entre la crítica y la intimidación, habremos dejado de comportarnos como ciudadanos libres. Seremos simplemente 'hooligans' con una papeleta en la mano.

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