El BOE electoral
La utilización electoralista del Consejo de Ministros por Pedro Sánchez constituye un escándalo democrático cuya gravedad ha dejado de sorprender. A nueve días de las elecciones generales, el Gobierno ha multiplicado sus reuniones extraordinarias y encadenado decretos y anuncios sociales para transformar el Boletín Oficial del Estado en un instrumento de propaganda. Cinco consejos en quince días y nueve decretos leyes desde la disolución de las Cortes retratan una actividad frenética que contrasta con la parálisis legislativa de los últimos años. Moncloa parece haber descubierto súbitamente las necesidades de los ciudadanos cuando estos están a punto de votar. Nadie cuestiona que un Gobierno conserve sus competencias hasta las elecciones ni que determinadas medidas sociales sean necesarias. Lo intolerable es la manipulación de su calendario para obtener réditos partidistas. Las mejoras retributivas de los funcionarios, la subida del salario mínimo o las ayudas a familias y dependientes se presentan como concesiones presidenciales, cuando son decisiones públicas financiadas por todos. Y todavía queda la actualización de las pensiones, cuyo cálculo quedará perfilado con el dato de inflación de fin de mes, un par de días antes de las elecciones. Un derecho establecido por ley corre el riesgo de convertirse en otro reclamo electoral. La operación incluye una perversión institucional. El recurso sistemático al decreto ley, reservado para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, permite legislar con las Cortes disueltas y someter las normas a una Diputación Permanente donde el voto del PNV sustituye al veto de Junts. La recuperación de decretos rechazados anteriormente por el Congreso ilustra hasta dónde llega la instrumentalización de los procedimientos parlamentarios. Pero todavía resulta más inquietante la escasa resistencia que suscita esta conducta. ¿Dónde están las organizaciones empresariales que reclaman seguridad jurídica?, ¿dónde los ciudadanos que exigen igualdad de oportunidades?, ¿dónde las voces que deberían defender unas reglas limpias con independencia de quién gobierne? No se trata de reclamar adhesiones, sino de exigir que el poder público no se confunda con una maquinaria electoral. La democracia no se deteriora únicamente mediante grandes rupturas constitucionales. También se degrada cuando pequeñas transgresiones se acumulan hasta convertirse en costumbre. El precedente que ahora establece Sánchez será utilizado mañana por otros gobiernos, convencidos de que cualquier abuso resulta admisible mientras conserve apariencia de legalidad. La utilización clientelar de los recursos públicos terminará alimentando una competición de promesas financiadas por los contribuyentes, donde gobernar y comprar voluntades serán actividades cada vez menos distinguibles. Lo verdaderamente vergonzoso es que hayamos llegado a considerar normal semejante confusión. Una sociedad que deja de escandalizarse ante el aprovechamiento electoral de sus instituciones está renunciando a defenderlas. Y cuando desaparece la exigencia de limpieza democrática, las elecciones pueden seguir celebrándose, pero la igualdad de condiciones que las legitima empieza a desvanecerse. Ese daño perdurará mucho después del 29 de noviembre.