La tesorera del PP y Alfonso Grau, imputados por la trama de financiación ilegal de Valencia
El juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha citado como imputado al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, por la presunta financiación ilegal de las campañas del año 2007, 2011 y 2015. Además, el juez también cita al ex concejal Eduardo Santón, responsable de las fundaciones que financiaron campañas de la fallecida exalcaldesa Rita Barberá. Los dos declararán el 6 de octubre. La información, que publica 'El Mundo' tras haber tenido acceso a la resolución judicial notificada a las partes, afirma que también está imputada Carmen Navarro Fernández-Rodríguez, actual tesorera del Partido Popular, que declarará el 16 de octubre. Ese día también declarará el ex gerente provincial del PP de Valencia, José Moscardó.
El juez también imputa a Grau presuntos delitos de cohecho tras el informe de la Guardia Civil que confirmó las vías de financiación irregular del PP de Valencia ciudad.
La resolución también recoge el acuerdo del magistrado para "oficiar a la UCO a fin de que se lleve a cabo informe complementario sobre analogías entre la operativa informada en el anterior informe con la concerniente a la empresa Trasgos (una sociedad que ya investiga otro juzgado en secreto por posibles contratos irregulares) en la campaña electoral de 2011, debiéndose remitir el mismo a la mayor brevedad posible".
El último informe de la UCO apuntaba a que la intervención del exvicealcalde fue "determinante" para desarrollar trabajos de la campaña electoral del PP en Valencia por un importe "muy superior" al legalmente establecido y "financiarlos de manera irregular mediante el uso de distintas dinámicas de ingresos de fondos".
El escrito, de 200 páginas y que forma parte de las diligencia derivadas de la Operación Taula, sitúa a Grau como uno de los "principales intervinientes en los hechos. No sólo por su implicación directa en el seguimiento y control de los distintos trabajos que se realizaron con motivo de las elecciones municipales del 2007, sino también por su contribución a la obtención de fondos que permitiesen afrontar el pago de la deuda a los proveedores electorales".
Junto a él señala también como "determinante" la participación de "su amigo" Vicente Saez, el administrador de Laterne ya que se sirvió de su estructura empresarial "para alcanzar el objetivo de financiar de forma irregular los citados trabajos desarrollados (...) velando por el origen de los fondos, impidiendo su fiscalización y permitiendo con ello que se superase el techo de gasto sin reflejo en la contabilidad electoral".
La UCO señala que la cuestión de fondo, que una vez más aflora en este precedimiento, es la irregular forma en la que se sufragó la campaña de 2007 así como el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo con esa finalidad. Todo lo anterior permitió, además de comprobar la verosimilitud de la documentación aportada al procedimiento, conocer que la dinámica seguida en el año 2007 fue análoga a la que se siguió en los años 2011 y 2015.
El informe la UCO apunta a la relevancia de la información aportada por Jesus Gordillo, asesor municipal, cuyas tareas estuvieron desde un primer momento "estrechamente" relacionadas con la campaña electoral y que comenzó a trabajar en Laterne por mediación de Grau. Según se recoge en su declaración el motivo de poseer esta documentación era porque "trabajó en la empresa Laterne y que Grau le dijo que se quedara con la misma en el momento en el que fue despedido de la citada empresa, por la sensibilidad que tenía dicha documentación".
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