Pensiones, IVA, transporte, desempleo… Estas son las medidas económicas en riesgo por los problemas del Gobierno con sus socios
La rebaja del IVA de la luz, la subida de las pensiones o la reforma del subsidio de desempleo aprobadas por el Gobierno en las últimas semanas de 2023 se encuentran en el aire ante la negativa de Junts de apoyar la convalidación de los decretos que incluyen estas medidas.
El Congreso de los Diputados afronta este miércoles una votación decisiva, que podría acarrear graves consecuencias económicas, por lo que los grupos apuran las negociaciones. Estas son algunas claves.
¿Qué se debate en el Congreso?
El Congreso debate tres reales decretos leyes aprobados en diciembre: uno con el octavo paquete de medidas para combatir los efectos de la inflación, otro con la reforma del subsidio de desempleo y una norma ómnibus con las reformas pendientes comprometidas en el Plan de Recuperación.
El paquete antiinflación incluye, entre otras medidas, la gratuidad del Cercanías y los trenes de media distancia, la rebaja del 30% del transporte urbano e interurbano, la rebaja del IVA de la luz y el gas al 10% (en este último caso, solo el primer trimestre) y el IVA cero para los alimentos básicos.
También la subida de las pensiones contributivas en un 3,8%, la eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla para mayores de 65 años o la extensión de la prohibición de los desahucios para hogares vulnerables, así como la ampliación en un año del impuesto sobre las grandes fortunas y de los gravámenes sobre banca y energéticas.
Un segundo decreto reforma el subsidio de desempleo, que se amplía a colectivos hasta ahora exentos, como los menores de 45 años sin cargas familiares, y se eleva de 480 euros a 570 euros en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes, compatibles con el trabajo durante los primeros 180 días.
Además, se permite a todos los trabajadores disfrutar de forma acumulada del permiso de lactancia y se introduce la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales.
El decreto ómnibus recoge las reformas pendientes para acceder al cuarto tramo de los fondos europeos, relativas a la justicia, el régimen local, el mecenazgo y, en materia económica, el contenido de la ley de función pública, que decayó con la convocatoria electoral, lo que incluye la introducción de la evaluación del desempeño de los funcionarios.
¿Qué pasa si decaen los decretos?
Todas estas medidas están ya en vigor porque se incluyen en reales decretos leyes publicados en el BOE, pero para seguir estándolo necesitan ser convalidados en el Congreso de los Diputados. De no ser así, los decretos y su contenido decaerá.
Esto implica que el Cercanías dejará de ser gratuito, el transporte urbano dejará de estar subvencionado y el IVA de la luz y el gas subirá al 21%; el de los alimentos básicos como el pan, al 4%, y el de pastas y aceites, al 10%.
Los bancos podrán volver a cobrar a los mayores por sacar dinero en ventanilla y quedará en suspenso la subida de las pensiones.
No habría un efecto inmediato para los perceptores del subsidio de desempleo, porque el grueso de la reforma no entra en vigor hasta junio.
Decaerían el impuesto sobre las grandes fortunas y los gravámenes sobre banca y energéticas, con la consiguiente pérdida de ingresos, lo que también supondría que la riqueza volvería a estar exenta de tributación en las comunidades que tienen bonificado el impuesto sobre el patrimonio.
Al retirar las reformas de la justicia, el subsidio por desempleo o la función pública se pondría en riesgo la recepción de 10.000 millones de fondos europeos que estaban ligados a estos hitos.
¿Y cómo afectaría a las cuentas públicas?
El coste del paquete antiinflación es de 5.350 millones, según el Gobierno, por lo que en principio su retirada es positiva para las cuentas públicas, aunque no se ha detallado el impacto de cada medida.
Los gravámenes sobre banca y energéticas y el impuesto sobre las grandes fortunas recaudaron en su primer año en vigor 3.528 millones de euros, que se perderían con su desaparición.
Pero al mismo tiempo se reduciría el gasto derivado de las ayudas al transporte (unos 1.360 millones, según el plan presupuestario) o las rebajas del IVA del gas, la luz y los alimentos (unos 4.500 millones en 2023, según la AIReF, aunque en 2024 la cantidad sería inferior porque se bonificaría en menor medida).
A esto habría que sumar la eventual pérdida de 10.000 millones de fondos europeos por no cumplir los hitos del Plan de Recuperación, aunque esto dependería de la evaluación de la Comisión Europea.
¿Por qué está en riesgo la convalidación de los decretos?
JxCAT se niega a apoyar los decretos al considerar que la reforma judicial pone en riesgo la aplicación de la amnistía y también Podemos pone en duda su apoyo a la reforma del subsidio de desempleo y el paquete antiinflación. Sin sus votos, el Gobierno no cuenta con mayoría suficiente para convalidar los decretos.
¿Está perdida la votación?
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostraba este lunes confiada en que se logrará un acuerdo para sacar adelante los decretos, aunque se desconoce qué se está negociando. Por el momento ya cuenta con el apoyo de PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu y CC.
Junts ha pedido la retirada de los tres decretos y que se negocien antes de presentarlos de nuevo. Entre sus reclamaciones figuran retirar los artículos de la reforma judicial que cree que afectarían a la amnistía, beneficios fiscales para que las empresas vuelvan a Cataluña y sanciones para las que no lo hagan.
Las exigencias de Podemos para apoyar la reforma del subsidio pasan por retirar los recortes en la cotización y para el paquete antiinflación y por limitar al 2% la subida del precio de los alquileres y de los alimentos en las grandes superficies.
En paralelo a la negociación con sus socios de investidura, el Gobierno ha iniciado contactos con el PP con la intención de recabar su apoyo, aunque el principal grupo de la oposición solo ha ofrecido su abstención a cambio de deflactar el IRPF para ingresos inferiores a 40.000 euros, bajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas y mantener el IVA de la luz y el gas en el 5%.