Los barones del PP se cuadran a Génova para calentar la guerra de la financiación
Sin que la amnistía haya cerrado su fase parlamentaria al Gobierno se le calienta la guerra de la financiación autonómica, que será un tema que acompañará la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) con los independentistas. Esta negociación está ya en marcha, aunque avanza con cierto retraso y tiene, como ocurre con todo en esta legislatura, como gran obstáculo las exigencias de Junts.
El palo en la rueda de la amnistía son los jueces. El del desarrollo de los acuerdos en materia de financiación privilegiada para Cataluña, dentro de la negociación bilateral abierta en Bruselas, son los demás barones autonómicos, obligados a defender lo suyo sin que importe el color del partido al que pertenecen.
Barones del PP –Juan Manuel Moreno (Andalucía), Carlos Mazon (Valencia) y Fernando López Miras (Murcia)– se unieron ayer al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, para denunciar sus problemas de infrafinanciación. Pero esto es solo la punta del iceberg de la revuelta que se le está preparando a Pedro Sánchez en el mapa autonómico, donde, además, juega con clara desventaja porque perdió prácticamente todo su poder en las últimas elecciones. La comunidad más símbolica y de más peso que le queda, la manchega, ya ha dejado más que claro que juega esta batalla del lado del partido de Alberto Núñez Feijóo, y que para ellos, igual que le ocurre al PP, su adversario es el independentismo y, más concretamente, la negociación bilateral, al margen de los foros multilaterales establecidos, de Moncloa con el expresidente prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont, y con ERC.
En el acuerdo de investidura, que no de legislatura, que Moncloa firmó con Puigdemont, además de la amnistía y del polémico «lawfare» se incorporaban otros dos puntos, que en su redacción quedaban bastante abiertos: el reconocimiento nacional de Cataluña y seguir dando pasos hacia adelante en el desarrollo del autogobierno. Para avanzar en estas dos metas son determinantes la financiación y la política fiscal –cesión del cien por cien de los tributos y condonación de la deuda–.
Moncloa quiere confiar en que el tema de la condonación de la deuda sea un elemento de división del frente común de las comunidades del PP, y que esto distraiga la atención de lo que sin luz ni taquígrafos están negociando con Puigdemont. En el otro lado, la dirección popular cree que ha conseguido meter en vereda a todos sus presidentes autonómicos con la consigna de que no entren en ese debate hasta que el Gobierno presente un papel y defina con claridad de qué manera piensa ejecutar esa exigencia del independentismo de forma que no perjudique al resto de España. Por supuesto que hay comunidades bajo gobierno del PP que están endeudadas y que podrían verse beneficiadas por ese anuncio, pero la orden de Génova es que nadie se mueva hasta tener claro qué ofrece el Gobierno y de qué manera se puede concretar.
La teoría de Moncloa de que la amnistía está ya casi amortizada entre los españoles, y especialmente, entre su electorado, puede llegar a tener cierto ajuste a la realidad, pero le va a resultar mucho más difícil tapar el desgaste que supone que la ruptura del principio de igualdad no venga solo de que Puigdemont y todos los independentistas se benefician de una impunidad penal, sino también de que en el «pastel» de los recursos que toca repartir entre todos, hay un trato de favor a aquel que te sostiene en Moncloa.
Génova ya tiene a sus barones en la línea de salida para empezar a levantar la bandera de los agravios que sufren sus ciudadanos, y este ruido, que llegará del norte, del sur, del este y del oeste es tan disruptivo que hay pocas cosas que pueda hacer un Gobierno para taparlo. Y más cuando se echan encima problemas tan urgentes como el de la sequía, que exige recursos y un Gobierno de España capaz de vertebrar.