El exasesor de Ábalos, días antes de su detención: «Lo sé todo. Es por culpa del "perro"»
Una investigación de la Oficina contra el Fraude de la Agencia Tributaria al presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama –uno de los imputados por la supuesta trama de cobro de comisiones en la adjudicación de contratos para el suministro de mascarillas en pandemia por valor de 52 millones de euros– puso en alerta a Koldo García Izaguirre, el asesor de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes. Las conversaciones grabadas por la Guardia Civil –reproducidas en la querella de la Fiscalía Anticorrupción y en las resoluciones en las que el juez Ismael Moreno acordó medidas cautelares contra tres de los investigados– reflejan que el hombre de confianza de Ábalos, diputado socialista en el Congreso, tomó precauciones.
En una conversación con su hermano Joseba, también investigado, este le traslada que «se quita de en medio para que no les vean juntos» y el exasesor de Ábalos le replica que «tienen que ir al notario para rectificar lo de la niña» (la compra de un piso a nombre de su hija en Benidorm que la investigación apunta que se adquirió con parte de los beneficios de los supuestos «pelotazos»).
Pero solo 18 días antes de ser detenido, un empresario a quien los agentes le atribuyen el cobro de 100.000 euros procedentes «de los fondos investigados», supuestamente como testaferro de Koldo García, avisa a este de que no utilice la aplicación Telegram, presumiblemente porque pueden estar siendo investigados. El exasesor del que fuera ministro en el Gobierno de Pedro Sánchez le tranquiliza, diciéndole que no se preocupe. «Lo sé todo», dice, «que están, cómo están, cuándo están», una situación que según él «es por culpa del perro», en alusión a Víctor Aldama (así lo determina la Guardia Civil en un oficio de 30 de noviembre de 2023), el presidente del Zamora CF, también imputado en esta causa (para el exasesor de Ábalos su condición de comisionista habría sido determinante para que Hacienda investigase las adjudicaciones). Su interlocutor le traslada que cuando le preguntan por algo referente a su persona «lo primero que hago es ponerme en contacto». De lo que los agentes coligen que estaría «avisando a Koldo de que está siendo objeto de investigación».
"No te voy a dejar ni un duro"
La investigación ha constatado que Koldo García utilizó a familiares para dificultar supuestamente el seguimiento del rastro del dinero. Por ejemplo, de una conversación de Joseba García con la mujer de su hermano el 18 de octubre del pasado año, Anticorrupción constata que el primero «bajo las instrucciones de su hermano» ingresará 30.000 euros en una de sus cuentas «para posteriormente transferir dichos fondos a una cuenta de Koldo», su mujer o la hija menor de edad de ambos con el objetivo de reducir las cuotas de hipotecas o préstamos.
Asimismo, el 13 de diciembre del pasado año Joseba García cuenta a su hija Aner que su hermano le ha trasladado: «No te voy a dejar ni un duro ni te lo voy a cambiar por billetes en mano», reproduciendo lo que había hablado con él antes.
Tras analizar otra conversación intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la que Koldo «parece reclamar dinero en metálico a un empresario», los agentes llegan a la conclusión de que la «mano derecha» de Ábalos solía pagar en efectivo «con billetes de 500 euros».
Esa supuesta utilización de testaferros familiares también se infiere, según la Fiscalía, de que el titular de la vivienda familiar de Koldo García en Polop (Alicante) fuese su hermano, una operación que al parecer quería repetir con la adquisición de una segunda vivienda en una urbanización de Benidorm.
Más de 16 millones de beneficio
Tras analizar sus cuentas bancarias y sus declaraciones tributarias, Anticorrupción asegura que el incremento patrimonial de García Izaguirre y su familia entre 2020 y 2022 –cuando adquirieron diversos bienes que pueden valorarse en millón y medio de euros– «no se corresponde con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales».
Un enriquecimiento súbito que la Fiscalía atribuye a «pagos recibidos por haber intermediado para que le fueran adjudicadas» a Soluciones de Gestión los contratos de Puertos del Estado, Adif y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior para la adquisición de mascarillas en marzo y abril de 2020.
Al aumento de sus ingresos en efectivo se suma una disminución de sus disposiciones en efectivo, «lo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido».
Según consta en uno de los autos del juez Ismael Moreno, la supuesta «trama» obtuvo unos beneficios «en torno a un 32% de los fondos obtenidos», alrededor de 16,5 millones de euros, destinando un 13% del total del montante de las adjudicaciones (más de seis millones de euros) a pagar el suministro y transporte aéreo de las mascarillas. En esa resolución se señala que fue el Ministerio de Transportes el que llevó a cabo la «preselección» de la empresa Sociedades de Gestión para la adjudicación de los controvertidos contratos por parte de Puertos del Estado y ADIF primero y el Ministerio del Interior después.
De hecho, el juez de la Audiencia Nacional cree que existió «un concierto previo» entre los responsables de dicha empresa y la Administración, puesto que la publicación de la orden para la adquisición del material sanitario se produce el mismo día de la adjudicación.