Nuevo varapalo para Dani Alves: ahora un juez investiga a su madre

No corren buenos tiempos para Dani Alves. Si hace unos días, recibía la noticia del resurso de la Fiscalía contra su sentencia de cuatro años y medio ahora es su madre, Lucía Alves, la que tendrá que verse las caras con la Justicia.

A principios de este mes, la Fiscalía anunciaba su recurso contra la sentencia que condenó al exjugador del Barça Dani Alves por agredir sexualmente a una joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona para que se le revoque la atenuante y se le eleve la pena de prisión. Según han informado fuentes jurídicas, el Ministerio Público está preparando ya el recurso contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que impuso una pena de cuatro años y medio de cárcel al futbolista al aplicarle la atenuante de reparación del daño por los 150.000 euros que entregó al juzgado para indemnizar a la víctima en caso de condena.

Esa atenuante de reparación del daño, que permitió a la Audiencia de Barcelona rebajar la pena del futbolista brasileño a cuatro años y medio de cárcel -el mínimo por agresión sexual con la ley en vigor cuando ocurrieron los hechos eran cuatro- fue uno de los principales elementos que impugnará la Fiscalía en su recurso.

Pero por si esto fuera poco, ahora los tribunales se preparan para actuar contra su madre. Un juzgado de Barcelona ha abierto una causa para investigar a "Dona Lucía" por la difusión, a comienzos del mes de enero, de la imagen y la identidad de la víctima de una agresión sexual por parte del brasileño, según adelanta El Periódico.

Un polémico vídeo en Instagram

Durante el proceso, siempre se protegió la identidad de la denunciante, que desde un primer momento mostró pánico a ser reconocida por temor a recibir amenazas u ofensas de los seguidores del jugador. Sin embargo, la protección de la víctima saltaba por los aires el pasado mes de enero después de que la madre del futbolista, María Lucia Alves, compartiera en su cuenta de Instagram un cuestionable video con distintas imágenes de la presunta víctima y donde deja expuesta la identidad de esta mujer que se mantuvo en secreto durante más un año.

Ante esta publicación y difusión, la víctima decidió presentar una denuncia por la publicación y la difusión de esas imágenes, ya que considera que se han desvelado datos de su intimidad cuando el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona había prohibido expresamente hacerlo. De esta forma, la madre de Alves se expone a un procedimiento penal por un delito de revelación de secretos.

Desde el entorno de Alves, aseguraron que se usaron imágenes que sus abogadas tienen desde agosto pasado pero que no han sido aportadas al juzgado. Sin embargo, se trata de un vídeo editado con música y apreciaciones en portugués reclamando la inocencia del jugador. Las imágenes del vídeo se han extraído de las redes sociales de la víctima y de su entorno. En ellas se hacía un repaso de la actividad de ocio de la mujer y se intentaba criminalizar su vida personal, en una táctica a la desesperada de la familia de Alves a un mes de iniciarse el juicio en la Audiencia de Barcelona.

Tal vez aconsejada por sus abogados, tres días antes del juicio, la actitud de la madre del futbolista que en un principio se mostró desafiante, dio un giro de 180 grados. Lucía Alves decidió eliminar cualquier rastro del vídeo de la víctima que colgó en su perfil de Instagram.

Se enfrenta a una pena de cárcel

Sin embargo la marcha atrás no le librará de un asunto se judicializó rápidamente a raíz de una denuncia de la víctima y que podría acarrearle una pena de prisión. De hecho, hay un precedente muy cercano: el de La Manada. Un periodista de un periódico digital murciano fue condenado por un delito contra la integridad moral en concurso con un delito de descubrimiento y revelación de secretos por publicar el nombre, los apellidos, el DNI, la dirección y otros datos personales de la víctima. Acabó aceptando una condena de dos años de prisión por un delito contra la integridad moral y otro de revelación de secretos. Al declararse culpable, su ingreso en prisión quedó suspendido con la condición de que no delinquiera en los siguientes tres años, teniendo que indemnizar a la joven con 20.000 euros y pagar una multa de otros 1.320.