La jueza abre una investigación por fraude fiscal y falsedad documental al novio de Ayuso

Tras la querella de la Fiscalía, indagará en la supuesta defraudación de 350.951 euros en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021

La magistrada al frente del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha abierto diligencias previas a Alberto González, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y a otras cuatro personas por la supuesta comisión de dos delitos fiscales y otro de falsedad en documento mercantil en 2020 y 2021.

La decisión de la jueza se produce después de que la querella de la Fiscalía recayera en este juzgado de Plaza de Castilla por el turno de reparto. La Fiscalía ve indicios de que los investigados habrían defraudado a Hacienda en esos ejercicios intentando justificar unos servicios que considera inexistentes mediante facturas falsas con el objetivo de reducir la cuota tributaria a pagar.

En la resolución en la que acuerda la medida, la instructora asegura que como consecuencia de estas presuntas "conductas defraudatorias", González dejó de ingresar 155.000 euros en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 195.951 en el ejercicio siguiente -en total, 350.951 euros-, cuantías que supondrían la comisión de sendos delitos fiscales (al superar la barrera de los 120.000 euros) y de falsedad documental.

En su querella, Anticorrupción sostiene que la empresa Maxwell Cremona Ingeniería, de la que González es administrador único, "con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado" en 2020 y 2021, "llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados", que fueron giradas por las sociedades MKE Manufacturing, Gayani LTD, Purpura Star, Baluarte Desarrollo de Centro Especial de Empleo, Desarrollo de CEE El Manantial, Bianconera Spa y Ginmosur.

En 2020, según la Fiscalía, la empresa de González se dedujo una factura de 620.000 euros emitida por la sociedad mejicana Mke Manufacturing, en la que actuaba como representante el también investigado Maximiliano Eduardo Niederer. Pero, señala, dicha empresa "no realizó ningún servicio o trabajo" para Maxwell Cremona Ingeniería.

En el ejercicio siguiente, Anticorrupción sitúa bajo sospecha 14 facturas de importes que oscilan entre los diez mil y los 21.200 euros. Además, afirma que Maxwell Cremona facturó algunos servicios a su principal cliente, Quirón Salud, a través de la empresa Masterman&Whitaker, de la que González es socio y administrador único.

Polémica filtración de la Fiscalía

Una sociedad que, según la Fiscalía, "carece de medios materiales para prestar esos servicios", que se habrían prestaban con medios de Maxwell Cremona, buscando así González "un ahorro fiscal al trasladar parte la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas en Masterman&Whitaker a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener".

El Ministerio Público defiende en su denuncia que González, "conocedor de sus obligaciones tributarias", presentó "de forma consciente y voluntaria" autoliquidaciones "no veraces" del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021.

La difusión por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid de las negociaciones con el abogado de Alberto González ha generado críticas de asociaciones fiscales como APIF y del propio Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ha anunciado que denunciará por vía penal y administrativa esa supuesta revelación de información confidencial.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) lo calificó de "ataque frontal a los derechos de las personas que están siendo investigadas" y reprochó a la Fiscalía General del Estado que no garantice la "absoluta neutralidad" que se exige a la institución. "Las propuestas emitidas y no ratificadas por un letrado en defensa de los intereses de su patrocinado no pueden ser desveladas por el Ministerio Fiscal", se quejó, por afectar al obligado deber de sigilo.

También el sindicato Manos Limpias ha denunciado ante el Consejo Fiscal a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid y al fiscal del caso por lo que considera una supuesta vulneración del secreto de las comunicaciones.