«¿Es que hay alguien en este país que no quiere resarcir a ninguna víctima de ninguna justicia?»
El Gobierno quiere paralizar la anulación de las leyes de Memoria Democrática para sustituirlas por una normativa de «concordia» en regiones donde gobiernan en coalición PP y Vox. Es el caso de Castilla y León o la Comunidad Valenciana. En Aragón, el Ejecutivo del popular Jorge Azcón ya ha derogado el texto autonómico de 2018 y desarrolla un plan de «concordia, reconciliación y recuerdo» en su lugar.
El Ejecutivo planea recurrir ante el Tribunal Constitucional una legislación que «quiere blanquear el franquismo», pero el portavoz del PP, Borja Sémper, aseguró ayer estar de acuerdo en «ensanchar el concepto de víctimas» que pretende la ley de Concordia del PP y Vox en Castilla y León y en Aragón, y calificó de «sorprendente» que el PSOE pueda estar en contra.
«Todo lo que sea avanzar, ensanchar y llegar a más gente nos parece muy bien y nos parece razonable. ¿Es que hay alguien en este país que no quiere resarcir a ninguna víctima de ninguna justicia?», respondió al ser preguntado en rueda de prensa.
Para Sémper, «llama mucho la atención que ante el anuncio de leyes de memoria democrática que pretenden ensanchar y ampliar la consideración de víctimas, el Partido Socialista se niegue».
Preguntado por el hecho de que la ley no defina la etapa franquista como una dictadura y si el PP considera que lo fue, Sémper aseguró que «claro que sí, faltaría más», que fue una dictadura, que «gracias a Dios está superada por los españoles» que hoy pueden vivir en democracia.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó que el Gobierno acudirá al TC si la norma aprobada en Aragón por PP y Vox que deroga la de Memoria Democrática de esa comunidad no es modificada. El ministro adelantó que comunicará al Ejecutivo de Azcón la interposición del artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional para convocarle a una comisión bilateral donde abordar esta discrepancia y tanto «si se niegan» a acudir esa reunión como si no acepta modificar la nueva norma autonómica, «automáticamente» el Gobierno presentará recurso.
El titular de Memoria Democrática reconoció que es «complicado» que puedan llegar a un acuerdo en este ámbito, a la vista del contenido de la nueva norma aragonesa impulsada por el PP y Vox. Posteriormente, Torres dijo que este martes van a llevar al Consejo de Ministros el estudio de los servicios jurídicos de su departamento sobre la derogación de la Ley de Memoria en Aragón y sobre las leyes de «concordia» presentadas en Comunidad Valenciana y Castilla y León, informa Efe.
Además, explicó que una vez que convoquen al Gobierno de Aragón para una comisión bilateral hay un plazo de 30 días para intentar llegar a un acuerdo, pero si no lo logran en ese plazo o si el Ejecutivo autonómico se niega a hablar, acudirán de forma inmediata al Tribunal Constitucional.
Aragón se convirtió el pasado 15 de febrero en la primera comunidad en derogar una ley autonómica de Memoria Democrática con el apoyo de los tres grupos presentes en el Gobierno: PP, Vox y PAR.
A continuación, PP y Vox presentaron el 21 de marzo en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición, una proposición de ley de la «concordia» que sustituirá a la actual ley autonómica de Memoria y que, según Vox, eliminará los términos «guerracivilistas» y mantendrá la reparación de todas las víctimas.
En la misma línea, los grupos Popular y de Vox en las Cortes de Castilla y León elevaron el pasado 26 de marzo a rango de ley la normativa de Concordia, cuyo contenido sustituirá al decreto de Memoria Histórica y Democrática aprobado en 2018 por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera, con el objetivo de «honrar y proteger» a todas las víctimas de persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales entre 1931 y 1978.