El Gobierno eleva ya la cotización media de las empresas hasta el 29%
Los costes laborales se han convertido en un lastre para mantener la curva ascendente del empleo y sostener el crecimiento de las pymes españoles tras haberse incrementado estos costes hasta un 5,3% en el último año, el porcentaje más alto de los 15 últimos meses y 10 trimestres consecutivos con aumentos interanuales superiores al 5%, que la patronal Cepyme considera un «suceso inédito desde 1994». Desde el cuarto trimestre de 2021, este tipo de costes sociales se ha disparado por encima del 11% para las sociedades más pequeñas y un 10% para las medianas.
Y estos costes continúan creciendo de manera exponencial desde la aprobación de la reforma laboral de Yolanda Díaz. Así lo ha constatado la orden ministerial que ha aprobado las nuevas bases de cotización para este año –publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado jueves, en plenas vacaciones de Semana Santa–, que ha modificado la orden dictada el pasado 29 de enero para adaptarla a la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI), del 5%, que en aquel momento aún no se había aprobado. Con este cambio se adaptan las bases mínimas, así como la penalización por la firma de contratos de muy corta duración. La orden sitúa la base máxima para cualquier categoría profesional y grupo de cotización en 4.729,50 mensuales o 205,24 euros diarios, un 5% más que en 2023, lo mismo que suben la base mínima, fijada en 1.323 euros al mes.
También se ha activado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), vigente desde este año, con un tipo de cotización del 0,7%, del que el 0,58% corresponde a la empresa y el 0,12% al trabajador. En el caso de los autónomos, éstos asumen íntegramente el porcentaje. Sumando la sobrecuota del 0,7% del MEI vigente al tipo de cotización por contingencias comunes, el tipo total al que deben hacer frente empresas y trabajadores se sitúa ya en el 29% de media.
Según la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) elaborada por el INE, el coste laboral de las empresas se situó en 3.037 euros por trabajador y mes en el segundo trimestre de 2023 –el último contabilizado–, con una variación del 5,8% respecto a un año antes. El coste salarial aumentó un 5% y alcanzó los 2.262 euros de media.
El Gobierno también ha elevado la penalización a la firma de contratos de menos de 30 días, incrementando la cotización adicional que deben pagar los empresarios a la finalización de la relación laboral de 29,74 a 31,22 euros, un 5% más para actualizarla al aumento de las bases mínimas de cotización. Incluida en la reforma laboral de 2021, esta penalización fue concebida como una forma de desincentivar a las empresas a hacer contratos muy cortos, de menos de cuatro semanas. Sin embargo, se ha demostrado que solo ha servido para recaudar más, sin tener un efecto real en la rebaja de la duración de la contratación, ya que ha caído el número de contratos temporales, pero se ha disparado la precarización de los contratos indefinidos, que son cada vez más cortos.
Desde 2022, más de 800.000 personas firmaron un contrato indefinido que no superó el año de duración. Además, la duración de los contratos marcó en febrero mínimos en 18 años, con una media de 48,49 días, casi la mitad de los 85 días que se extendían en 2006. Solo en febrero, el número de contratos temporales alcanzó los 613.962, casi un 3,8% más y el 54% del total, cifra superior al de los contratos indefinidos.