Yolanda Díaz quiere subir el IBI a las viviendas de más de 250.000 euros y elevar un 50% el de los pisos turísticos
Sumar ha presentado una proposición no de ley para elevar este tributo para solucionar parte del problema inmobiliario y mejorar las arcas municipales. Expertos consultados creen que es una mera propuesta recaudatoria
Yolanda Díaz y Sumar vuelven a poner la diana aumentar la presión impositiva como solución a los problemas de vivienda. En este caso, la formación que todavía lidera la ministra de Trabajo ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que ha propuesto una modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que sus tipos se vean incrementados en inmuebles urbanos que superen los 250.000 euros de valor catastral -estén o no en zonas tensionadas-, y recargos del 50% en este tributo municipal para los alojamientos turísticos en viviendas particulares y para las viviendas de alquiler de temporada -en este caso sí en zonas tensionadas-.
La propuesta la ha presentado en una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Hacienda, con el objetivo de se estudie la posibilidad de establecer tipos de gravamen diferenciados y progresivos en el IBI para los bienes inmuebles urbanos, de acuerdo con su mayor valor catastral, así como de ampliar la horquilla de tipos de gravamen establecida para este tipo de inmuebles. Teniendo en cuenta que el valor catastral medio de los inmuebles urbanos es de 60.149 euros, Sumar cree que se debería ver la posibilidad de establecer tipos de gravamen incrementados para los inmuebles urbanos que superen el valor de 250.000 euros en adelante.
Según expertos consultados por LA RAZÓN, el problema está en que si se grava a los inmuebles que sobrepasen esa cantidad, en la mayoría de los casos, este tipo de vivienda se concentra en la capitales de provincia con el parque inmobiliario más tensionado, por lo que "sería una situación injusta para estos propietarios, que estarían obligados a pagar más por inmuebles en los que viven, mientras que en localidades menos tensionadas y con los precios del metro cuadrado más asequibles, pagarían menos por viviendas más grandes y podría producirse agravio comparativo". Además, este tipo de propuestas "no soluciona los problemas de acceso a la vivienda y son simples instrumentos de recaudación".
Fuentes de Sumar apuntan que el IBI es el principal impuesto de la cesta tributaria de los ayuntamientos, representando en 2023 el 61% de los ingresos por impuestos locales en los municipios españoles. La formación cree que este impuesto "no está completamente explotado" y no se ha configurado de la manera "más acorde con los principios de igualdad tributaria y capacidad económica". Por tanto, su intención es, más que nada, incrementar este impuesto para elevar la recaudación municipal. "Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la suficiencia financiera de los consistorios, resulta oportuna una modificación del IBI que permita a los ayuntamientos gozar de una mayor autonomía", según ha recogido Europa Press de la propuesta.
En este sentido, los principales problemas que identifica en este tributo están relacionados con su falta de equidad impositiva, y en particular con su carácter regresivo "que perjudica a los ciudadanos con menos ingresos". En la actualidad, el tipo de gravamen mínimo y supletorio es del 0,4% cuando se trata de bienes inmuebles urbanos y del 0,3% cuando son bienes inmuebles rústicos, siendo el máximo del 1,10% para los urbanos y 0,90% para los rústicos.
El grupo confederal recuerda que la Ley de vivienda introdujo "modificaciones sustanciales" en el recargo a los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, que suelen estar destinados a fines turísticos. De acuerdo con las modificaciones introducidas, se establece una definición de "vivienda vacía" para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del IBI a aquellas viviendas que lleven vacías más de dos años, y siempre que el propietario tenga un mínimo de cuatro viviendas en esta situación. En ese sentido, se propone la creación de un recargo del 50% para los inmuebles destinados a pisos turísticos y alquiler de temporada en zonas declaradas tensionadas.