El Gobierno mantiene la cita previa obligatoria pese a anunciar su fin hace cinco meses
El Gobierno pretende poner fin en esta legislatura a la cita previa obligatoria en las oficinas de la Administración Pública. Y lo quiere hacer a través de la modificación en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, pretendía dar un impulso extra a este objetivo en concreto–antes incluso de aprobar la Ley de Transformación de la Administración Pública, que pretende modernizar todas las estructuras funcionariales, incluida la cita previa– anticipando una propuesta para que tuviera el visto bueno del Congreso de los Diputados. Para ello, el pasado 31 de enero ya anunció públicamente su intención de poner fin a la cita obligatoria para realizar gestiones ante las Administraciones Públicas, una medida que continúa vigente desde 2020, tras ser aprobada tras la irrupción de la pandemia y ante el colapso administrativo.
Tan fácil como fue aprobar esta medida está resultando revertirla, ya que dos años después del fin de la pandemia y cinco meses desde que Escrivá anunció que iba a ponerle fin, la cita previa obligatoria sigue vigente. Incluso el 26 de abril, el propio Escrivá presentó una Proposición No de Ley (PNL) relativa a eliminar la cita previa obligatoria en las Administraciones Públicas porque, según dijo, «para interaccionar con la Administración no hace falta tener una cita previa obligatoria». Tres meses después, nada se sabe de esta PNL, que sigue perdida en un limbo administrativo sin que se haya presentado en pleno ni en comisión para su exposición y su votación. Incluso ha llegado estar a punto de presentarse, pero en el último momento se sacó del orden del día.
Fuentes parlamentarias consultadas por LA RAZÓN achacan a la «parálisis política» que no se haya acabado con la cita previa, por lo que la Ley continúa dando soporte a que algunos organismos y centros de atención al ciudadano –no todos– puedan exigirla ante la falta de medios humanos y técnicos que sufren algunas delegaciones de la Seguridad Social, el SEPE o Extranjería. Pese a que la situación ha mejorado tras el colapso vivido durante y después de la pandemia, la situación no ha conseguido regularizarse, ni en toda la Administración General del Estado ni en puntos calientes de comunidades autónomas y algunos ayuntamientos, que siguen obligando a esa cita previa en determinadas oficinas en las que, además, es muy complicado conseguir una cita.
Esta PNL era el paso previo del anteproyecto de ley que modificará el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, con el que se pretende lograr, según dijo Escrivá, un «modelo personalizado, accesible y omnicanal, en el que cada ciudadano decida por qué vía se relaciona con la Administración que, además será más comprensiva, ya que pretende agrupar la información por hechos vitales en lugar de por departamentos». Una modificación que, aseguró, se llevaría «lo antes posible» al Congreso para «mejorar la relación entre los ciudadanos y los servicios públicos». Más de 150 días después, nada se sabe de ello.
Fuentes ministeriales aseguran que «todavía no se ha incumplido ningún plazo, puesto que el plazo que otorgó el ministro para llevar a cabo la Ley de Transformación no termina hasta 2025. Por tanto hay tiempo». Según las mismas fuentes, esta Ley sería la solución para todos los problemas. Sus preceptos estipulan que el objetivo es «complementar la estructura organizativa clásica de la Administración del Estado, favorecer la innovación, asegurar una más eficaz y eficiente transposición del ordenamiento de la Unión Europea a nuestro Derecho interno» y, finalmente, «eliminar obstáculos como la obligatoriedad de la cita previa». Por tanto, se reconoce un objetivo que sigue pendiente de lograrlo. «Quedan seis meses de este ejercicio para que la reforma se lleve a cabo», reiteran.
El fin de la cita previa forma parte del nuevo modelo de la Administración Pública que la cartera de José Luis Escrivá quiere impulsar en esta legislatura y en el que se incluye también la reforma del portal web de la Administración Pública. Pero está muy lejos de conseguirlo, sobre todo porque algunos servicios mantienen el colapso. Si ir más lejos, el Consejo General de la Abogacía Española ha sido el último en denunciar la imposibilidad para conseguir citas en Extranjería, en particular en los procedimientos para solicitar asilo. «Se está vulnerando el derecho de miles de personas a pedir asilo ante el Gobierno español ante la imposibilidad de obtener cita previa por internet para formalizar la solicitud». Este colapso del sistema de cita previa es habitual en el resto de procesos documentales que se exige a los ciudadanos extranjeros. El Ministerio insiste: «La fecha marcada en el calendario es 2025».