El TC anula con cuatro votos en contra la condena a la exministra Magdalena Álvarez por el fraude de los ERE
El Pleno estima parciamente el amparo solicitado por la exconsejera andaluza e insta a la Audiencia de Sevilla a rehacer la condena por prevaricación
El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la condena a nueve años de inhabilitación por el fraude de los ERE a la ex exministra socialista Magdalena Álvarez, según confirman fuentes de la corte de garantías, que señalan que el Pleno ha estimado parcialmente -con cuatro votos en contra- el recurso de amparo que presentó la exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía contra el fallo del Tribunal Supremo (TS). El TC insta ahora a la Audiencia Provincial de Sevilla a adecuar esa condena a su interpretación sobre el encaje del delito de prevaricación en los hechos que se le atribuyen: su participación en los anteproyectos de presupuestos que incluían las polémicas ayudas sociolaborales
Los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han anunciado un voto particular al discrepar de la decisión adoptada por la mayoría progresista del tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido.
La ponente de la resolución, la magistrada Inmaculada Montalbán, en sintonía con el criterio de la Fiscalía, ya se inclinó a favor de la estimación del recurso al entender que la elaboración y aprobación de los anteproyectos de presupuestos, avalados después por el Parlamento andaluz, no suponían la comisión del delito de prevaricación administrativa.
El TC ha abordado esta semana la resolución de los recursos de los condenados por el fraude de los ERE -de más de 600 millones de euros- tras años y medio de estudio de esas demandas de amparo formalizadas, entre otros, por los expresidentes andaluces José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación (cuya ejecución la Audiencia de Sevilla dejó en suspenso durante cinco años por el cáncer que padece), y Manuel Chaves.
El pasado lunes, el Constitucional desestimó por unanimidad el recurso del exconsejero de Empleo en la Junta de Andalucía José Antonio Viera, condenado a siete años de prisión por prevaricación y malversación, al considerar los magistrados que planteó en términos "genéricos" la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, sin que esa queja estuviese acompañada "de explicación alguna o desarrollo argumental".
Para el Pleno, se trataba de un defecto "insubsanable" al ser deber del recurrente en amparo "proporcionar al tribunal la fundamentación jurídica y fáctica que soporte su pretensión".