El PP quiere obligar por Ley al Gobierno a cumplir con todas las iniciativas aprobadas en el Congreso
La Mesa de la Cámara Baja ha creado un grupo de trabajo para introducir cambios en la actividad parlamentaria
El Congreso ha creado un grupo de trabajo compuesto por miembros de la Mesa (es decir, de PP, PSOE y Sumar) con el objetivo de elaborar un plan con medidas para cambiar determinadas cuestiones de la actividad parlamentaria. Bautizado como primer Plan de Parlamento Abierto, estará vigente desde el segundo semestre de 2024 hasta finales de 2027 (es cuando, previsiblemente, acaba la actual legislatura) y el PP ha hecho hasta trece propuestas. De entre esa más de una docena de propuestas, hay una de ellas que busca obligar por Ley al Gobierno a cumplir con los mandatos del Congreso: es decir, que todas las votaciones tengan efectos ya que, hasta ahora, hay iniciativas (como Proposición no de ley o mociones) que no tienen carácter vinculante y Moncloa puede decidir si las aplica o no.
Para acabar con esa capacidad que tiene el Gobierno para ignorar lo que se vota en el Congreso, el PP quiere "regular la remisión trimestral por parte del Gobierno de Informe sobre el grado de cumplimiento de las resoluciones o mandatos de orientación política aprobados por la Cámara, en pleno y comisiones". En este sentido, con la actual composición del Congreso, el PP tiene posibilidad de ganar muchas votaciones y eso hace que esta legislatura tenga más influencia que nunca el principal partido de la oposición. De hecho, esta legislatura es atípica porque el principal partido de la oposición es quien ganó las elecciones, pero no gobierna. El PP no solo gana votaciones que no tienen carácter vinculante, sino que también ha conseguido dar inicio al trámite de 16 leyes (cuatro en el Congreso y 12 procedentes del Senado), aunque la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa está bloqueando que se aprueben.
Ese tipo de votaciones que gana el PP que no tienen carácter vinculante sí tienen un contenido muy importante ya que incluyen cuestiones de política exterior (Sáhara, Marruecos, Venezuela...) o económicas (reducción de impuestos, sistema de financiación...) y pueden tener un gran impacto sobre la política del Gobierno.
Esta propuesta del PP es una de las más destacadas por las actuales circunstancias del Congreso, pero hay otras siete: la primera es regular una "huella legislativa" para elaborar una "ficha pública" para cada proyecto o proposición de ley que recoja las aportaciones que han hecho llegar "personas o entidades", algo relevante en un momento marcado por el "caso Begoña Gómez" y la influencia que pueden tener personas afines al poder en la configuración de normas; la segunda es publicar de forma accesible en la web las actas de los acuerdos de la Mesa del Congreso; la tercera es "agilizar" la publicación de los Diarios de Sesiones, algo que antes se hacía siempre a las 24 horas de la celebración de un Pleno, pero ahora se alarga durante días por el retraso que genera la puesta en marcha de las traducciones; la cuarta es colocar en lugar más visible la documentación que complementa las iniciativas; la quinta y la sexta buscan hacer más accesible las iniciativas que se aprueban y los órdenes del día de los Plenos; y, la séptima, regular la obligación de comparecer del ministro de Presidencia para que exponga el plan anual normativo.
La novena propuesta del PP consiste en publicar los resultados nominales de las votaciones en las comisiones, ya que hasta ahora solo se publica la foto final cuántos apoyos ha recibido una iniciativa, pero no qué vota cada uno de los diputados (algo que sí ocurre en los Plenos). En este sentido, cabe recordar que por comisión pasan leyes durante la fase de tramitación (previo al Pleno o si hay competencia legislativa plena, van directamente al Senado) y proposiciones no de ley. La décima propuesta tiene carácter internacional ya que consiste en realizar un encuentro de parlamento iberoamericanos "para el intercambio de buenas prácticas".
Finalmente, la antepenúltima propuesta va dirigida a "la sensibilización y formación" de la ciudadanía sobre los procedimientos legislativos: en concreto, se apuesta por elaborar guías con "un lenguaje claro"; la penúltima propuesta aboga por una guía sobre la "publicidad de las agendas parlamentarias"; y, la última es un programa de formación para los trabajadores de las Cortes.
De esta manera, el PP va a pulsar cuál es el grado de recepción que tiene Francina Armengol respecto a las propuestas de otros partidos ya que la presidenta del Congreso ha querido proyectar voluntad por trabar consensos con el resto de formaciones políticas desde el primer momento, pero tampoco tiene fácil teniendo en cuenta las órdenes que recibe desde las altas instancias socialistas.