Sánchez se dirige a Peinado para invocar su derecho a declarar por escrito

Asegura que su comparecencia "resulta inescindible" de su condición como presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido hoy un "escrito oficial" al juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa judicial contra su mujer, Begoña Gómez, para invocar la legislación que le permite declarar por escrito y no presencialmente el próximo martes 30 de julio como pretendía el magistrado del juzgado número 41 de la Comunidad de Madrid.

Sánchez toma la iniciativa y asegura en el texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que su "voluntad" es "colaborar con la Administración de Justicia, siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución Española y la Ley". Esto no es óbice para que se haga en las condiciones que prevé el ordenamiento jurídico y, en este sentido, el jefe del Ejecutivo invoca el artículo 412.2 de la Ley del Enjuiciamiento Criminal que prevé que, "por razón de mi cometido como Presidente del Gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito". "Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de mi condición como presidente del Gobierno", señala en el escrito remitido al juez Peinado.

Fuentes gubernamentales puntualizan que el documento remitido al magistrado es "un escrito oficial" en su condición de "presidente del Gobierno". Con él, puntualizan, "no se pide nada", no es una reclamación, sino un recordatorio de que la ley le ampara y "debe declarar por escrito". Sánchez traslada que "como presidente del Gobierno de España tengo el deber y la responsabilidad de cumplir la Ley y de preservar el sentido propio de la institución a la que represento por elección del Congreso de los Diputados".

El jefe del Ejecutivo, que arranca la misiva dejando constancia de que "ha tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de la providencia dictada" por el magistrado en la que se acordaba practicar su declaración testifical, finaliza la misma mostrando su convencimiento indubitado de que el magistrado "compartirá la necesidad del máximo respeto a nuestro marco constitucional y legal y, por tanto, a lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a la institución del Presidente del Gobierno".

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