Pedro Sánchez calla ante el juez
El presidente del Gobierno se acoge a la dispensa legal que le exime de declarar sobre la investigación a su mujer
El presidente del Gibierno, Pedro Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar en su comparecencia como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gomez por posible trafico de influencias y corrupcion en los negocios.
El jefe del Ejecutivo se ha acogido a la dispensa lehgal del articulo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), el cual le exime de declarar contra su esposa.
El instructor pretendia que diera su version sobre las reuniones que mantuvo Begoña Gómez en el Palacio de La Moncloa con el empresario Juan Carlos Barrabés, a dos de las cuales, segun este ultimo asistio el jefe del Ejecutivo.
En la comparecencia en Moncloa han estado presentes además de Peinado, como parte de la comitiva judicial, el fiscal del caso, José Manuel San Baldomero; la defensa de Begoña Gómez, que ejerce el letrado Antonio Camacho; los abogados de los otros dos investigados, el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; y, en representación de todas las acusaciones populares -Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, Hazte Oír y Movimiento de Regeneración Política de España-, la abogada de la formación de Santiago Abascal, Marta Castro.
Como ordenó el juez, la comparecencia ha sido grabada. Una cuestión esta de la que, a diferencia de su esposa, Sánchez no ha hecho casus belli, pues su petición a Peinado se ha centrado en que en razón de su cargo le autorizase a declarar por escrito. Begoña Gómez sí intentó sin éxito en sus dos comparecencias ante el instructor que Peinado se limitase a grabar el audio de su declaración, sin grabación de imágenes, algo a lo que el juez no accedió en ninguno de los dos casos.
Desde que el instructor acordó la citación como testigo de Pedro Sánchez siempre ha estado sobre la mesa la posibilidad de que el presidente del Gobierno se ampare en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para no declarar, puesto que este exime de la obligación de testificar al cónyuge de la persona investigada. De hecho, obliga al juez a avisar al testigo de que "no tiene obligación de declarar en contra" de su pareja, dejándole claro no obstante que "puede hacer las manifestaciones que considere oportunas" sobre los hechos objetos de investigación.
El juez rechazó la declaración por escrito
En la resolución en la que acordó citarle como testigo, el juez Peinado calificó de "útil y pertinente" la comparecencia del "esposo de la investigada" para intentar arrojar luz a un posible "tráfico de influencias en cadena". El instructor se refería expresamente a la necesidad de desbrozar esa supuesta influencia y la relación de la investigada "con una autoridad" como aspectos troncales de ese delito.
El artículo 412 de la Lecrim exime de "concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar", entre otras autoridades, al presidente del Gobierno, a quien permite declarar por escrito sobre hechos de los que haya tenido conocimiento "por razón de su cargo". En caso contrario, señala que la declaración se llevará a cabo "en su domicilio o despacho oficial".
Es precisamente esa apreciación la que ha enfrentado al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tanto con Pedro Sánchez, que le pidió por carta testificar por escrito, como con la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez, que recurrieron la citación, por considerarla innecesaria, y reclamaron que, en caso de seguir adelante con la diligencia, permitiese al presidente del Gobierno declarar por escrito.
Pero Peinado cerró desde un primer momento la puerta a esa posibilidad, argumentando que la presencia de Sánchez en esas reuniones de Begoña Gómez con Barrabés no se produjeron en su condición de jefe del Ejecutivo, sino como esposo de la investigada.
Los ataques a Peinado, incluso desde el propio Gobierno de Pedro Sánchez, hicieron reaccionar ayer a la principal asociación de jueces, que ha alertado por escrito a la Comisión Europea y ha exigido que cese la ofensiva contra el magistrado y las "críticas furibundas" por su actuación judicial.