Los regalos de Pedro Sánchez, en un «limbo» jurídico
El pleito que ha interpuesto un ciudadano particular en la Audiencia Nacional por los regalos institucionales que el presidente del Gobierno no da a conocer alcanza su recta final con la fase de conclusiones. Como consta en autos, los presentes que recibe Pedro Sánchez, tanto en la celebración de actos y eventos, como los recibidos por cualquier medio en Presidencia del Gobierno, se depositan en dependencias del edificio del Consejo de Ministros y del Palacio de la Moncloa, previa anotación simple con detalle de las circunstancias de la recepción. Para el demandante, esta práctica va «contra de lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas», donde se recoge que deben ajustarse a los principios de «publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición», así como la «identificación y control a través de inventarios o registros adecuados».
Además, según el Artículo 34 de Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Administración competente tiene que proceder a la «inmediata constancia en el inventario general de bienes y derechos del Estado de los hechos, actos o negocios relativos a sus bienes y derechos».
«Mientras no haya una tramitación formal del acto de traslación/adquisición de los regalos recibidos por el presidente del Gobierno al Estado, los bienes realmente no pertenecen a Patrimonio del Estado», sino que están en un «limbo» jurídico «a su disposición y disfrute» y de «su entorno familiar y político», pero «el gasto vinculado a dichos regalos sí que se imputa a las cuentas públicas, dentro del Programa 912M (Presidencia del Gobierno) de los Presupuestos Generales del Estado, como reconoce la propia Administración demandada». Ello pese a su «origen personalísimo en virtud del cargo que desempeña» su destinatario.
Según el interesado, el abogado Guillermo Rocafort, «no basta con alegar un cumplimiento genérico de la normativa vigente y aceptar que no se tiene justificación» de ello, sino que «es precisa por el contrario la exigencia de una contestación a todas las cuestiones planteadas en este procedimiento, pues de lo contrario se está vaciando de contenido el derecho constitucional a la debida transparencia». Insiste en su escrito que debe responderse acerca del «seguro que cubra el riesgo de daños o mal uso [de los regalos] y, finalmente, las consecuencias tributarias que dicho uso como remuneración en especie conllevaría hacia el presidente del Gobierno a efectos fiscales de su declaración de IRPF».
Apunta Rocafort que «el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) reconoce en dos ocasiones» que Presidencia del Gobierno está «alejada de los principios de transparencia y rendición de cuentas de la actividad pública» que sí acatan instituciones como la Casa de Su Majestad el Rey, como «sería de esperar».
Asegura que Pedro Sánchez es «el único jefe del Ejecutivo de un Estado miembro de la Unión Europea que mantiene ocultos sus regalos institucionales al escrutinio público». Y que, además, «en ninguna norma jurídica se especifica que la elaboración del inventario y el traslado de los regalos a Patrimonio del Estado se tenga que hacer cuando cese el presidente en sus funciones. Se trata sin duda de un argumento que no tiene amparo jurídico», puesto que, «debería hacerse de forma inmediata según obliga el artículo 34 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas». Pero, añade el demandante, «en España los usos o costumbres y los principios generales del Derecho son también fuente de Derecho y deberían aplicarse» a estos regalos «en el caso de que no existiera una norma legal que lo regule».
Asimismo, muestra su desacuerdo sobre que, en las anotaciones simples de los regalos de Pedro Sánchez, el funcionario que las efectúa «haga simplemente unas “valoraciones personales”, como alega el Ministerio de la Presidencia y acepta el Consejo de Transparencia», sino que es «constatación de un hecho objetivo y no personal». El funcionario «sí que ha efectuado una identificación, descripción (los detalles de la recepción) e incorporación del regalo a la esfera jurídica de la Presidencia del Gobierno», concluye.
Respecto a antecedentes, se recuerda una resolución de 2017, durante la presidencia de Mariano Rajoy, en la que «no se mencionaba la elaboración de “previas anotaciones simples con el detalle de las circunstancias de la recepción” de los regalos cuando se reciben», como en este caso, «sino que había un “control” de los obsequios recibidos pero sin el detalle y orden sistémico preciso, por lo que, en base a la “tradición” de los presidentes antecesores, la información no está disponible y facilitarla supondría un proceso de elaboración», según alegan ahora desde Moncloa.
«El caso es negar la información solicitada utilizando cualquier excusa legal, tanto ahora como antes, lesionándose con ello la debida transparencia en un asunto tan sensible», apunta el interesado. Añade que «cualquier sociedad democrática debe hacer públicos los regalos recibidos por el presidente del Gobierno, pues de ellos se pueden derivar compromisos, vínculos, dependencias con respecto a los donantes, que deben ser conocidos por la opinión pública. Solo en las dictaduras se mantienen ocultos».
Además de explicar que este modo de proceder del Gobierno no cumple la normativa vigente, para el demandante, «es evidente que un regalo o donación recibido por un trabajador es una remuneración en especie y debe tributar por ello, como el resto de los españoles, en base al principio de igualdad de todos los ciudadanos».
Para Rocafort resulta «muy llamativo que Presidencia del Gobierno haya firmado durante este procedimiento judicial un convenio con Cultura» que no se aplicará[[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/gobierno-fiscalizara-regalos-presidentes-gobierno-excepto-pedro-sanchez_2024072266900339c53ff800017df683.html||| «a los regalos recibidos por Pedro Sánchez»]]. «Pareciese», concluye, «que la reacción de la actual Presidencia del Gobierno es auditar los regalos de sus predecesores en el cargo y no los suyos, que lleva recibiendo desde 2018», el tiempo que permanece en el poder.