El PP presenta un informe para probar que Sánchez debió declarar la emergencia nacional el martes

El Partido Popular se ha mostrado este sábado seguro públicamente de que la DANA que ha arrollado tres regiones de nuestro país, con mayor virulencia en la Comunidad Valencia, dejando ya al menos 211 muertos, es "una emergencia de interés nacional".

Los de Feijóo sostienen que el Gobierno central debería haber declarado oficialmente la emergencia nacional "en la tarde noche del martes 29 de octubre", asumiendo, con ello, su parte de responsabilidad en la prevención y alerta a la población ante las mortales consecuencias que la gota fría finalmente ha traído.

Pese a que defienden los populares que ya se debería haber ejecutado, al no haber "un límite temporal para esa declaración de emergencia", el Ejecutivo de PSOE y Sumar "está a tiempo" de activarla y tiene el deber de hacerlo "aunque sea con retraso".

Desde Génova advierten seriamente al Gobierno de Pedro Sánchez de que "no puede mirar para otro lado" y seguir sin asumir su parte de responsabilidad "en las acciones preventivas y de alerta a la población". Más aún, señala, cuando el Ejecutivo "dispone de la información y la capacidad con sus medios de seguimiento para valorar la gravedad de los riesgos" en todo el territorio.

El PP ha plasmado en un informe las pruebas de que el presidente Sánchez debió declarar la emergencia nacional el mismo martes que llegó este catastrófico fenómeno meteorológico.

En el documento los de Feijóo empiezan exponiendo qué dice el marco normativo sobre qué se debe hacer en catástrofes naturales como la que vive actualmente parte del país. En primer lugar, se remite a la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil; al Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica Protección Civil que regula las bases para "la mejora de la coordinación y eficacia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas", y la resolución del Ministerio de Interior de 16 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, que recoge el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil.

Seguidamente, el principal partido de la oposición repasa las "grandes emergencias" que se han producido desde la entrada en vigor de la Ley de Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) de 2015, como son la erupción volcánica de La Palma en septiembre de 2021, la borrasca Filomena en enero de 2021, que afectó a varias comunidades, y los incendios forestales como el de Losacio (Zamora) en junio de 2022. No se cuenta la Covid al ser considerada una emergencia sanitaria.

Recuerda el informe inundaciones, como las crecidas del Ebro en 2018, 2021 y 2024, y las inundaciones en Cantabria en 2019, que dejaron cuantiosos daños materiales, pero ninguna víctima mortal. Se recogen también los trágicos sucesos en que sí murieron ciudadanos. En 2018, en la localidad mallorquina de Sant Llorenç cuando hubo trece muertes; la DANA que en 2019 afectó principalmente a las provincias de Alicante y Murcia y acabó con siete muertos, y, como antecedente más cercano, la DANA provocó otras seis muertes en Madrid y Toledo.

Tras analizar cómo se actuó por las autoridades en estos casos, el PP demuestra que en ninguna de estas emergencias "se tuvo desde el primer momento la percepción tan clara como en la del pasado martes 29 de octubre de la enorme magnitud de la catástrofe". Apoyan esta tesis en que las imágenes "no dejaban lugar a duda de que las consecuencias iban a ser trágicas".

Por tanto, alude la formación que la norma básica de Protección Civil establece explícitamente en su artículo 9 que el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil "es el instrumento marco de planificación del Sistema Nacional de Protección Civil, y contiene el marco orgánico-funcional, los mecanismos de movilización de capacidades y el esquema de coordinación y dirección de las Administraciones Públicas".

En este sentido, se designa la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) como centro directivo gestor de este Plan General, y el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) es el que tiene que funcionar ordinariamente en modo de alerta y seguimiento permanente, en conexión continua con los Centros de Emergencias autonómicos.

De acuerdo con su naturaleza, prosigue el documento, el Plan General de Emergencias "está siempre activado en esta fase de alerta y seguimiento permanente", de forma que "el Gobierno de España dispone de la información y la capacidad con sus medios de seguimiento para valorar la gravedad de los riesgos" en el territorio.

El PP recuerda cuáles son las emergencias de interés nacional, según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil: las que requieran "para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, la norma reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio". En esta se establece que es "necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afecten a varias comunidades y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico", particularmente en las que "por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional".

El PP subraya que se cumple el segundo y tercer punto teniendo en cuenta que en la DANA de esta semana "ha habido fallecidos en tres comunidades y han sido afectadas en menor medida otras", además de que "ha requerido aportación de recursos a nivel supraautonómico" y "las dimensiones efectivas y previsibles ya la misma noche del 29 al 30 de octubre se vio que requerían una dirección de carácter nacional" que saliera de Madrid.

"Si después de esta catástrofe, no se declara Emergencia de Interés Nacional, habría que suprimir los puntos 2 y 3 del artículo 28, aceptando que este Gobierno nunca asumirá su responsabilidad", avisan desde Génova con rotundidad.

El PP apunta, asimismo, a que el artículo 29 de la Ley de SNPC fija que "corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los Delegados del Gobierno en las mismas".

Todo ello cuando "la cantidad de medios intervinientes en esta emergencia" provocada por la DANA hace "muy complicada su coordinación para los servicios de emergencias de una comunidad".

Además, subraya que muchos de estos medios "son muy específicos, como la cantidad de medios aéreos que han participado en las primeras horas, con la gran dificultad en la coordinación y control que ello conlleva".

Según el PP, el Gobierno dispone de "una herramienta especializada y perfectamente entrenada en Mando y Control para grandes catástrofes como es la UME", tal como viene especificado en el citado Plan de Protección Civil.

El PP señala críticamente como un punto que "llama la atención" el anuncio del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, formará parte del Centro de Coordinación Operativo Integrado establecido por la Dirección del Plan de la Comunidad Valenciana.

En suma, para los populares debería haberse, en base a la legislación, hecho cargo del asunto la Dirección de la Emergencia como elemento de coordinación de las autoridades autonómicas con la Administración central.

Por todo ello, asegura que el Gobierno "no puede mirar para otro lado y no asumir su parte de responsabilidad" porque esta catástrofe es "una emergencia de interés nacional, donde la dirección corresponde al ministro del Interior y la Dirección Operativa al Teniente General de la UME y así debería haberla declarado el Gobierno de España la tarde noche del martes 29 de octubre, una vez comprobado el impacto de la DANA".

"Si se habla de prevención o anticipación, el Gobierno de España debería establecer normativa para regular en qué situaciones las CCAA pueden realizar avisos a la población y qué implicaciones tiene sobre la actividad de las empresas, colegios, medios de transporte", se concluye en el informe presentado este sábado.