Alvise se escuda en su aforamiento para no declarar como testigo por la presunta financiación ilegal de su campaña

Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, ha presentado un recurso contra el auto en el que el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga la supuesta financiación ilegal de su formación, le ofrece declarar voluntariamente.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 también le planteaba la posibilidad de que aportase documentos, propusiese pruebas o fuese participe de diligencias probatorias en el marco de una pieza separada abierta tras la denuncia en la Álvaro Romillo confesaba haberle entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise que salieron del entramado de Madeira Invest Club (MIC).

Esta pieza se desprendió de la propia causa principal en la que el mismo magistrado investiga a Romillo y sus colaboradores por la presunta estafa de millones de euros a miles de inversores a través de los servicios de elusión fiscal e inversión en criptoactivos que ofertaba a través de MIC.

La reacción del eurodiputado ha sido pedir la nulidad del auto en el que se le propone declarar de forma voluntaria para dejar sin efecto su citación para la practica de una testifical fijada para el próximo 20 de noviembre al considerar que vulnera su derecho fundamental a la defensa.

Su defensa en el escrito remitido a la Audiencia Nacional señala que en el auto en cuestión se reconoce que Alvise ostenta la condición de eurodiputado y, por tanto, solamente puede ser investigado por el Tribunal Supremo (TS), donde está aforado.

Por otro lado, recuerda que el alto tribunal ha solicitado al juez Calama que practique las diligencias pertinentes a fin de valorar si existen indicios de la supuesta responsabilidad de Alvise en la financiación ilegal de la campaña europea de Se Acabó la Fiesta (Salf) que se investiga.

Con la vista puesta desde el Supremo en que la Audiencia decida, entonces, si le remite una exposición razonada reclamando su imputación por esta entrega de 100.000 euros en efectivo bajo sospecha de irregularidades o, por el contrario, ordena el archivo de la pieza separada.

Alvise sostiene que estas diligencias "no pueden trazarse a través de una extra limitación de la tarea" que competencialmente puede desarrollar este Juzgado Central de Instrucción número 2 ya que supondría el "quebranto" del derecho fundamental a su defensa del líder de Salf.

Ven la vulneración de su derecho a la defensa y extralimitación en las capacidades de actuación jurídica desarrollada hasta ahora por el magistrado Calama en que se le haya citado con fecha y hora para interrogarle en calidad de testigo.

Según su letrado, se ha hecho, además, "disfrazándolo de voluntariedad" -en el auto se le ofrece como un paso a dar por voluntad propia- ya que en último término, para su defensa, "está suponiendo llamar a declarar al aforado sobre el que se pretende realizar una investigación".

Pone como ejemplo para reforzar su tesis de que la Audiencia no puede citarle la exposición razonada que elevó el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid para reclamar al TS la apertura de una investigación contra el anterior líder del PP, Pablo Casado, por las supuestas irregularidades en la obtención de un máster universitario.

En el escrito trasladado por la magistrada al alto tribunal se explicaba -expone Alvise- que "solamente había podido investigar y practicar las diligencias que no afectaran a los derechos" de Casado, entonces también aforado.

Poniéndolo en contraste con la citación cursada por el instructor, señala en el escrito que este Juzgado madrileño insistió en que "haber llamado a declarar al aforado (Casado) hubiera supuesto una vulneración de su derecho de defensa" al ser una diligencia -según afirma el parlamentario europeo- que la jueza deja claro que no puede practicar.

En el mismo sentido, alude su representación legal a que hace justo una semana el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid elevó una exposición razonada al TS para pedir que se investigue al Alvise por un delito de desórdenes públicos durante las protestas contra el Gobierno que se celebraron hace un año frente a la sede central del PSOE de la madrileña calle de Ferraz.

"Para su total esclarecimiento, resultan necesarias unas diligencias de investigación que este instructor no puede acordar por ser Luis Pérez Fernández, aforado", recoge el escrito que señaló esta instancia en la exposición razonada.