El 67,3% pide a Sánchez convocar elecciones si no aprueba los Presupuestos
El Gobierno trata de continuar con su hoja de ruta tras el brutal impacto de la DANA. El tsunami que arrasó Valencia ha obligado a Pedro Sánchez a alterar su orden de prioridades que, hasta ese momento, estaban enfocado en sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin embargo, el presidente del Gobierno ha visto una oportunidad en la riada y proclamó que unas nuevas cuentas públicas serían «más necesarias que nunca» en un escenario de devastación como el actual, dejando entrever que parte de los fondos para la reconstrucción se vehicularían a través del futuro ejercicio presupuestario. Esta predisposición y la demanda al resto de partidos de un apoyo mayoritario para aprobar las cuentas generó un profundo rechazo en el principal partido de la oposición, que lo leyó como un «chantaje».
Una lectura que comparte la mayoría de los encuestados por NC Report para LA RAZÓN. Un 54,1% creen que el PP no debería aceptar las presiones del Gobierno para aprobar los Presupuestos, mientras que el 39,4% opina que, en el contexto actual, se hace necesaria la unidad de acción. El 6,5% restante prefiere no evidenciar su criterio. Los Presupuestos no son una ley más, en un contexto de máxima debilidad parlamentaria para el Ejecutivo, unas nuevas cuentas públicas son el salvoconducto para que Sánchez pueda agotar el mandato y, en sentido contrario, en caso de no conseguir aprobarlas, los encuestados creen que la legislatura también debería acortarse. Esto es, el 67,3% considera que Sánchez debería convocar elecciones anticipadas si no aprueba los Presupuestos. El 26,5% no cree que el fracaso deba tener consecuencias y apoyarían una prórroga, mientras que un 6,2% no tiene opinión.
El político no es el único frente que tiene abierto Sánchez, en clave judicial, son varios los casos con impacto sobre el Gobierno. El «caso Koldo» y la implicación de quien fuera mano derecha del presidente en Moncloa y en Ferraz, José Luis Ábalos, obligaría para un 72,4% de los entrevistados a asumir responsabilidades, tales, como el planteamiento de una cuestión de confianza por parte de Sánchez en el Congreso de los Diputados. Un 22,5% no lo considera necesario y un 5,1% no se manifiesta al respecto. Otra polémica que persigue al presidente es la investigación a su mujer, Begoña Gómez, una causa que divide a los encuestados. El 49,7% cree que acabará en condena para la esposa del presiente, mientras que el 44,2% entiende que quedará «en nada», como sostienen en el Gobierno. Un 6,1% prefiere no hacer vaticinios sobre el futuro de Gómez.
También judicializado se encuentra el «caso Errejón», un golpe, podríamos decir de gracia, para el socio minoritario de la coalición, que ha visto como su credibilidad quedaba reducida a mínimos. Esto va más allá de las actitudes reprochables penalmente del que fuera portavoz parlamentario, porque los entrevistados consideran en un 70,7% de los casos que Sumar y Más Madrid ocultaron este tipo de conductas para evitar un perjuicio electoral en las últimas elecciones generales. Un 19,5% exculpa a estas formaciones y cree que no fueron conscientes de los comportamientos de Errejón y el 9,8% restante prefiere no responder. En todo caso, la petición de responsabilidades es mayoritaria para las líderes de ambos espacios. El 67,2% cree que tanto Yolanda Díaz como Mónica García deberían dimitir por haber hecho caso omiso a la denuncia que se conoció en junio de 2023 sobre unos presuntos tocamientos en un concierto feminista. Un 19,8% cree que no es razón suficiente para dejar sus cargos y un 13% prefiere no responder a la cuestión.
Uno de los proyectos que ha seguido su curso a pesar de la DANA ha sido la ley para renovar el Consejo de Administración de RTVE, un debate que desde el Gobierno se negaron a desconvocar el día que se conoció la magnitud de la tragedia. El cambio de mayorías para su control tiene ya un impacto en la percepción de la Radiotelevisión pública por parte de los encuestados y hay un 67,8% que se plantea dejar de ver sus canales y escuchar sus emisoras por esta cuestión. Para un 22,1% no tendrá ningún impacto y el 10,1% ni siquiera lo ha valorado. Esta decisión se produce, en parte, porque algunos de los entrevistados consideran que la incorporación al Consejo de Administración de perfiles vinculados a partidos como el PSOE, ERC o Junts va a influir en los contenidos de la televisión pública. Así lo manifiestan el 70,1% de las respuestas, por el 18,4% que no creen que tenga relación alguna o el 11,5% que no sabe dar una respuesta.
Otra de las legislaciones que han generado polémica en los últimos meses ha sido la trasposición de una directiva europea que avanzaba en la consolidación de penas de los delincuentes que hubieran cumplido condenas fuera de España, una normativa que tiene un impacto directo sobre los presos de ETA que hicieron lo propio en Francia y que saldrían a la calle antes de lo previsto. Este movimiento hace que los encuestados piensen mayoritariamente que el Gobierno puede acabar proponiendo el indulto o la amnistía para miembros de la banda terrorista. Una opción que consideran plausible el 61,5% de los entrevistados, mientras que el 26,3% no lo valoran y el 12,2% ni se lo plantean. Uno de los problemas que ha quedado opacado por la DANA ha sido el de la vivienda, que había conseguido capitalizar la atención mediática y política. Los entrevistados piensan, casi de manera unánime, que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para atajar esta lacra. Un juicio que comparten el 85,7%, mientras que el 7,1% está conforme con la respuesta gubernamental y el 7,2% no saben o prefieren no responder.