Los concursos de acreedores se disparan un 86% hasta septiembre, a casi 28.000 solicitudes
Los concursos de acreedores se han incrementado un 86,3% en España en los tres primeros trimestres del año, hasta alcanzar las 27.730 solicitudes, y el 76% del total corresponde a personas físicas, lo que se denomina segunda oportunidad, que han crecido un 101%.
De esta manera, tres cuartas partes de los concursos presentados entre enero y septiembre fueron de particulares, según los datos actualizados del Colegio de Registradores facilitados este jueves en el III Congreso de Derecho Concursal que reúne en Burgos a una treintena de magistrados de toda España hasta mañana.
Durante el mes de octubre, se inscribieron 430 concursos de acreedores en los Registros Mercantiles, lo que representa un aumento del 15,9% en comparación con el mismo mes de 2023. Las comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, de forma conjunta, aglutinaron en ese mes, más de la mitad de los concursos inscritos.
Luis María Arnaiz, director y fundador de Subastas Trademat, ha explicado en rueda de prensa que la Ley Concursal, que entró en vigor en septiembre de 2022, favorece el perfil del pequeño ahorrador, esa familia que se endeuda y a la que se la ofrece, en un proceso rápido, librarse de sus deudas, salvo que sean crédito público.
Los particulares pueden eliminar sus deudas en menos de cuatro meses, ha recordado, salvo las contraídas con Hacienda, que se reducen como máximo en 10.000 euros, y que en la mayor parte de los casos provienen de créditos al consumo o deuda financiera no hipotecaria.
José María Tapia, magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Bilbao y director del congreso, ha reconocido que la Ley Concursal puede favorecer al deudor de mala fe, pero en su experiencia profesional no ha encontrado casos de "picaresca", si bien es cierto que con la segunda oportunidad se exonera gran cantidad de deuda de particulares.
Por ese motivo, Arnaiz ha planteado la necesidad de modificar la ley para favorecer a la empresa, y ayudarla a adelgazar sus deudas, y ha destacado que la nueva normativa apuesta por los planes de reestructuración, con el fin de hacer viable la sociedad y que mantenga su actividad, lo que ha reducido los procesos de liquidación.