El cupo catalán provocaría el colapso del sistema: la deuda pública pasaría del 100% del PIB al 150%
La propuesta de financiación singular para Cataluña resulta "inviable" y su "aplicación generalizada provocaría el colapso del sistema, tanto a nivel nacional como autonómico", según un análisis elaborado por el Colegio de Economistas de Madrid. La ratio de la deuda pública estatal sobre el PIB se dispararía al 150% y Cataluña también saldría perdiendo: se requerirían más de 16 años para que pudiera disfrutar realmente del incremento de ingresos tributarios resultado de su modelo de financiación singular si el Estado no le condona la deuda.
El gasto adicional de la Agencia Tributaria de Cataluña (270 millones), la deuda de Cataluña con el Estado (74.328 millones), la atribución de la deuda pública del Estado asumible por Cataluña (292.499 millones), el cupo, es decir, la aportación al Estado para suplir los servicios que le seguirá prestando (7.589 millones) y la minoración de transferencia corrientes y de capital por inversiones (no detalladas) conllevaría un coste para Cataluña de 374.637 millones de euros, mientras que el incremento de los ingresos tributarios al año sería de 22.768 millones de euros, siendo necesarios 16,45 años para saldar esta cuenta y beneficiarse del incremento de ingresos. No obstante, Jesús Quintas, presidente de la Comisión de Fiscalidad del Colegio de Economistas de Madrid, eleva la cifra hasta 25 años, teniendo en cuenta otros gastos.
"La primera perjudicada va a ser Cataluña y va a arrastrar al Estado. Nos vamos abajo todos", advierte Quintas, ya que se entiende que el Estado accedería a condonar o no exigir, total o parcialmente, los importes señalados, elevando el peso de la deuda sobre el PIB del 104% actual al 150%, por lo que el Estado se encontraría con serias dificultades para financiar su deuda pública.
El concierto fiscal catalán conllevaría la asunción por la Generalitat de todas las competencias en materia tributaria, con la única excepción de los tributos locales, dejando a la Administración Central un porcentaje de la recaudación obtenida ("cupo"), por los servicios que siguiese prestando el Estado. La propuesta del modelo de financiación singular de Cataluña de la Generalitat también contempla el traspaso de medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos a la Agencia Tributaria de Cataluña. En este sentido, el Govern de la Generalitat prevé que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) pase de los cerca de 800 empleados actuales a entre 4.000 y 5.000 trabajadores, afirmó en el pasado la consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero.
Para el Colegio de Economistas de Madrid el traspaso absoluto de las competencias tributarias a Cataluña no solucionará sus problemas presupuestarios, derivados de una política económica basada en el gasto. "Las causas del déficit crónico de Cataluña deben buscarse principalmente en la gestión realizada hasta ahora por la Generalitat y no en una pretendida infrafinanciación achacable al Gobierno del Estado procedentes de tributos y transferencias corrientes", apunta el Colegio.
Como consecuencia del gasto expansivo de Cataluña, su deuda pública se ha disparado un 568,26% entre 2006 y 2022 (de 14.873 millones a 84.518 millones), mientras que la de la Comunidad de Madrid ha crecido in 345,72% ( de 10.073 millones a 34.824 millones). En 2022, los gastos de operaciones no financieras y de operaciones financieras de Cataluña sumaron 44.574 millones, frente a los 25.999 millones de Madrid, que ha seguido una política basada en el equilibrio. Igualmente el PIB de Cataluña es menor que el de Madrid (255.154 millones vs. 261.713 millones en 2022).
Pese a todo ello, Cataluña atribuye el problema de sus cuentas a una financiación insuficiente, una afirmación que queda también desmentida. De 2011 a 2022 los ingresos corrientes de Cataluña aumentaron un 175,14%, frente al 151,61% de la Comunidad de Madrid y frente al 160,59% de media de todas las comunidades. Con todo ello, la propuesta de la Generalitat se escuda en que el sistema español no tiene en cuenta el mayor coste de la vida de Cataluña al derivar recursos a otras comunidades, agravando la infrafinanciación real de Cataluña. Sin embargo, no existen diferencias significativas en cuanto al ámbito competencial y de distribución relativa del gasto entre Cataluña y la Comunidad de Madrid.
Para el Consejo de Economistas de Madrid, un modelo de cupo con traspaso de impuestos es el mayor reto desde la Transición. Vaciaría de competencias tributarias al Estado, quedando a expensas de los "cupos". Actualmente las anomalías de los regímenes forales vienen siendo asumidas en torno al 7,5% del PIB nacional, pero, de aplicarse el modelo de financiación singular de Cataluña propuesto, se elevaría a un 26% del PIB nacional. Y esto bajo el supuesto de que este quedase limitado a Cataluña, sin que ninguna otra comunidad autónoma pudiese o quisiese la extensión del mismo a su modelo de territorio.
Asimismo, el concierto fiscal catalán pondría en peligro los principios de igualdad y solidaridad entre los españoles, pudiendo ser inconstituacional. Por ello, el Colegio reclama una urgente reforma del sistema de financiación autonómica. En la misma línea que el Colegio de Economistas de Madrid, la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado concluyó el pasado lunes, tras meses de audiencias con expertos, que el nuevo sistema de financiación propuesto para Cataluña vulnera la Constitución, carece de sostenibilidad y solidaridad, y supone un riesgo para la estabilidad del sistema tributario estatal.
Durante el primer semestre de 2025, el Govern espera tener definido el modelo de financiación singular que recoge el acuerdo de investidura de Salvador Illa pactado con ERC, pudiendo comenzar la desconexión fiscal de Cataluña a partir de 2026 con la asunción de toda la gestión del IRPF. El grupo de expertos debe definir el principio de ordinalidad, la cuota de solidaridad, cuáles son las singularidades de Cataluña, sus competencias y las del Estado en Cataluña.