La ley de industria nace coja sin los 2.500 millones al año que piden las grandes empresas
La Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado martes, nace más preocupada de sancionar a las empresas que reciban ayudas y no puedan mantener la producción que de poner las medidas para que las industrias no lleguen a verse en la encrucijada de deslocalizarse.
La normativa, cuyo objetivo es impulsar una nueva estrategia para incrementar el peso de la industria en la economía española, algo que pese a los avances tecnológicos y el cambio de escenario desde que entrara en vigor en 1992 la actual regulación no había suscitado el interés de los sucesivos gobiernos, reconoce una «especial protección a la industria intensiva en energía (eléctrica o gas)».
A tal efecto, el Gobierno establecerá «medidas de apoyo» que no se concretan para facilitar la descarbonización de sus procesos y su transición energética. «Las instalaciones industriales que se acojan a estas medidas deberán disponer de un plan de eficiencia energética y transición ecológica a largo plazo, que describa la senda de descarbonización de la instalación».
Esa parece ser la principal preocupación del Gobierno, aunque se abre la vía –también sin concreción– a acelerar la inversión industrial con «nuevas herramientas» que incluyen «medidas de apoyo a los Ecosistemas Estratégicos» con la posible concesión de ayudas sin concurrencia competitiva, y grupos de trabajo específicos de simplificación administrativa.
Sin embargo, la gran industria agrupada en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española demanda definir cómo se van a articular los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proceso de reindustrialización que requiere el país y la incorporación de un fondo de financiación para impulsar la competitividad industrial, que estima en unos 2.500 millones de euros al año.
Lo que sí se concretan son las medidas coercitivas. Para asegurar las inversiones realizadas en España se determina que cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial tenga que anunciarlo con 9 meses de antelación al Gobierno y, en el caso de haber recibido ayudas públicas superiores a 3 millones de euros, tengan que devolverlas si reducen en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla. También se detalla el régimen de infracciones y sanciones, que van desde los 60.000 euros para las más leves hasta los 100 millones para las más graves.