La presión sindical fuerza al Gobierno a negociar mejoras laborales tras la amenaza de huelga
La presión sindical ha obligado al Gobierno a convocar para el jueves la Mesa General de las Administraciones Públicas con el fin de desbloquear la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos. Desde CSIF -sindicato que se negó a firmar el el último acuerdo plurianual, que sí rubricaron CC OO y UGT- se han congratulado de que las últimas movilizaciones convocadas por el mayor sindicato de la Administración General del Estado haya dado sus frutos y "se comience a negociar la subida salarial del próximo año, un nuevo acuerdo salarial general", ya que el actual termina en menos de dos semanas y ya ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6% desde 2022)".
El sindicato recuerda que es la primera vez que este órgano es convocado desde que el Gobierno se constituyó en noviembre de 2023, lo que considera "un primer paso para desbloquear la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos en diferentes ámbitos". Pese a esta convocatoria, CSIF ha lamentado que "se haya perdido tanto tiempo urgente que se comience a negociar teniendo en cuenta que el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante unos Presupuestos", ha criticado.
Este sindicato ha enumerado la lista de peticiones que pondrá encima de la mesa, que pasan por la asignación de fondos adicionales para la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas; la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra; la implementación de la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado; la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, con la consiguiente implementación del teletrabajo; la mejora de las condiciones de jubilación con la regulación definitiva de la jubilación parcial para los funcionarios y estatutarios; y la adecuación de los grupos profesionales.
Por último, CSIF apostilló que también solicitarán la mejora de las condiciones de jubilación con la regulación definitiva de la jubilación parcial para los funcionarios y estatutarios, la adecuación de los grupos profesionales y la actualización del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep) reforzando su carácter de norma básica como máxima garantía de las condiciones laborales de los empleados públicos. Precisamente, este miércoles el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se ha reunido con UGT y CC OO -pero no con CSIF- con el objetivo de dar un impulso a la jubilación parcial para los empleados públicos.
Por su parte, CCOO, que ha confirmado su asistencia, también presentará propuestas, con una subida salarial que pasa por una parte fija -que rondaría un 3,5% para el primer año, un 3% para el segundo y otro 3 % para el tercero- y una variable en función del IPC. Además, proponen una cuantía anual para fondos adicionales y adecuar las retribuciones del personal en el Servicio Exterior y la supresión de la tasa de reposición, recuperar los contratos de relevo y la mejora del sistema de acceso al empleo público, entre otros asuntos.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, comparecerá esta tarde en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso para informar sobre las líneas generales de su Departamento, por lo que CSIF espera que se refiera a la negociación de un nuevo acuerdo salarial, la supresión de la tasa de reposición, la asignación de fondos adicionales para la equiparación salarial, la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 y la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado, entre otras cuestiones.