La APIF pide al Supremo que interrogue a García Ortiz por prevaricación y que investigue el borrado de mensajes
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado al Tribunal Supremo que interrogue ya al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta prevaricación administrativa. La asociación, personada en la causa abierta por revelación de secretos, considera que se debería añadir este tipo penal o bien infidelidad en la custodia de documentos públicos a la imputación de García Ortiz, por la filtración en prensa de los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la asociación propone también al alto tribunal que se requiera al Delegado de protección de datos del Ministerio Fiscal los protocolos de borrado de datos vigentes en el órgano. El objetivo es esclarecer si, como se defiende desde la Fiscalía, este borrado de información los días concretos en los que se produjeron los hechos responde a un protocolo de seguridad.
Por todo ello solicitan que se interrogue al fiscal general del Estado tras estos nuevos indicios y que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil elabore un nuevo atestado focalizado en lo relativo a esta eliminación de mensajes. Los agentes entregaron al instructor del caso la semana pasada sus conclusiones del análisis del registro al despacho del fiscal general el 30 de octubre. En su oficio los agentes explicaron que no encontraron ningún mensaje en su terminal entre los días 8 y 14 de marzo.
"Apoderamiento ilícito de información"
En el volcado de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, se localizaron mensajes de García Ortiz en la noche del 13 de marzo y durante el día siguiente en los que le emplazaba a recopilar todos los correos que se intercambió el abogado de Alberto González Amador con el fiscal Julián Salto. García Ortiz pretendía recabar estas comunicaciones para desmentir que la Fiscalía hubiera ofrecido un pacto de conformidad al empresario.
Precisamente, la APIF considera este informe especialmente relevante puesto que estrecharía el cerco sobre el fiscal general del Estado. "La prueba de la inmensa mayoría de los delitos es indiciaria y esta, que no es distinta, es plena, especialmente los whatsapp conservados en el móvil de la coinvestigada, la Fiscal jefe provincial de Madrid", explican. Al respecto instan al alto tribunal a que no centre la causa exclusivamente en un delito de revelación de secretos y que abra la vía para investigar un "apoderamiento ilícito de la información".
Según recalcan, aunque la Fiscalía General sea un órgano jerarquizado, su máximo exponente no puede requerir información "a granel" de los procedimientos que dirigen sus subordinados. "Llamar a su presencia a un fiscal, y por los cauces reglamentarios, es algo muy distinto a quebrantar el descanso o tiempo libre de un funcionario fiscal para que, con total nocturnidad, se le exija una documentación sensible vía whatsapp, y para que esta acabe depositada en un correo electrónico no corporativo", aseguran,
La acusación se refiere a los hechos ocurridos la noche del 13 de marzo cuando, a requerimiento expreso de García Ortiz, Pilar Rodríguez ordenó al fiscal Julián Salto a que le enviara de inmediato toda la cadena de mensajes intercambiados con el abogado Carlos Neira. Ello propició que el fiscal tuviera que salirse de un partido de fútbol que estaba presenciando para acudir a su domicilio y cumplir con la orden.
Añaden el delito de prevaricación
A su juicio, la petición de esta documentación vía Whatsapp, el volcado de la misma en soportes no oficiales y el borrado de los mensajes constituyen indicios incriminatorios contra el fiscal general que les lleva a apuntar a un delito de prevaricación administrativa en concurso con el de infidelidad en la custodia de documentos. De hecho, la asociación avanza que se tendría que esclarecer si se ha producido alguna brecha de seguridad de los datos puesto que estos correos oficiales de la Fiscalía se enviaron a una cuenta de correo privada del fiscal general.
Además, aunque la UCO ya ha entregados sus análisis sobre lo incautado en los registros de octubre, solicitan que vuelva a elaborar un nuevo informe en el que se coteje el listado de llamadas de los teléfonos de los dos investigados la noche de los hechos, para poder esclarecer si el fiscal general del Estado habló con algún periodista de los medios que informaron ya aquella noche acerca de la existencia de estos correos.
Además, quieren que se abra la vía para poder recuperar los mensajes borrados por García Ortiz y que se recabe de los proveedores de correo copias de seguridad para conocer el destino de los mensajes y si estos llegaron a los periodistas una vez que entraron en la Fiscalía General del Estado. También quieren que la Guardia Civil indague dónde estaba García Ortiz aquella noche y si ha cambiado de terminal telefónico en estos meses.
Además de los informes sobre García Ortiz y Pilar Rodríguez, la UCO aportó también el relativo al volcado del teléfono de Juan Lobato. Los mensajes extraídos del móvil del que fuera secretario general del PSOE de Madrid evidencian que a primera hora de la mañana del 14 de marzo ya recibió indicaciones de Moncloa para que sacara a relucir el correo en el Pleno de la Asamblea. De dichos mensajes se desprende que en el Gobierno sabían que antes de que empezara dicho Pleno se habrían publicado en prensa. De estos hechos estaba al tanto, también, el entonces jefe de prensa del PSOE, Ion Antolín y su secretario de organización, Santos Cerdán.