Carpetazo judicial al caso de la niña acosada que intentó suicidarse en Zaragoza

La Audiencia de Zaragoza ha archivado el caso de la niña de 10 años, Saray, que intentó suicidarse tirándose por la ventana de su domicilio tras sufrir una situación de acoso escolar continuo por parte de unas compañeras del centro que se habían erigido en las líderes de su grupo.

La niña, hija de unos inmigrantes colombianos asentados recientemente en la capital aragonesa, decidió arrojarse al vacío al inicio del curso escolar de 2022-2023, después de sufrir los distintos incidentes recogidos en la denuncia interpuesta por sus padres, que se remontan al curso anterior, el primero cursado por la menor en el colegio Agustín Gericó de Zaragoza.

El tribunal reproduce los argumentos del Juzgado de Instrucción nº 11 de Zaragoza que investigó el caso y descarta que ni la directora del centro ni la orientadora escolar ni siquiera la tutora de la menor, a la que la madre relató los diversos incidentes que mantenían con miedo a su hija, sean responsables, por omisión de sus funciones, de presuntos delitos contra la integridad moral de la niña y de lesiones.

Respecto a las dos primeras, la Audiencia de Zaragoza destaca a tenor de la investigación realizada que carecen de responsabilidad penal porque no conocían los problemas a los que se enfrentaba la niña, y que la tutora "aún sin seguir el protocolo establecido para los casos de acoso escolar, adoptó toda una serie de medidas en el aula a fin de poder detectar si realmente se daba una situación de acoso".

"Esta sala considera que la no activación del protocolo de acoso por parte de la tutora no equivale a la comisión del delito denunciado, pues en esa omisión no se revela intencionalidad o dolo para que se cometa la infracción penal", argumentan los magistrados, que destacan que tras las vacaciones de verano, no queda probado que la menor hubiera sufrido algún hecho traumático en los dos días transcurridos desde el inicio del curso".

El tribunal incide en la necesidad de tomar en consideración también "el sentimiento de nostalgia que sentía la menor por no haberse adaptado del todo a la vida en España desde su llegada procedente de Colombia".

En su auto de archivo en respuesta al recurso interpuesto por el letrado de la familia de la niña, el abogado zaragozano Miguel Ángel Lanaspa, el titular del Juzgado de Instrucción nº 11 de Zaragoza asume que la madre de la niña, ante el rechazo que mostraba por ir al colegio en el curso anterior, consiguió que su hija le relatara que había compañeras de clase que le decían que "no iba a tener amigas en el colegio, que ellas se encargarían de eso".

También relató que se burlaban de su mayor desarrollo físico y le llamaban "sudaca" y "puta colombiana", que le tiraban el almuerzo y lo pisaban, que le daban tirones de pelo o que sufría amenazas por parte de las dos menores que lideraban su clase en el sentido de que si consiguiera una pistola "matarían" a todos los que estaban con ella y, "en especial", a ella.

Este auto también asume que la madre se puso en contacto con la tutora para reclamar que la dirección del centro asumiera la adopción de medidas, pero que ésta la tranquilizó diciéndole que "en ese colegio no pasaba eso y que ella se encargaría de la situación, pues se trataba de rencillas entre niñas sin mayor importancia".

Informados por la niña de que con el tiempo nada había cambiado, el instructor admite que los padres de Saray intentaron entrevistarse hasta en tres ocasiones con la directora del colegio y la orientadora escolar, sin conseguirlo al carecer de citas previas o no encontrarse ninguna de ellas en el centro en esos momentos.

Añade el escrito que a pesar de que la niña comenzó el curso siguiente con alivio ya que el centro había decidido que repitiera y no iba a coincidir con su antiguas compañeras, el segundo día de clase salió cabizbaja del colegio porque una de las presuntas acosadoras del curso anterior se le acercó para decirle por qué se hacía una foto con sus nuevas compañeras si era "muy fea".

En su recurso ante la Audiencia, el letrado de la familia alegó que los denunciados tenían un "especial deber jurídico de actuar y de evitar el resultado delictivo", pero que "no se tomó acción alguna tendente a proteger del riesgo" del que había advertido la madre de la niña, informa Efe.