Sumar trata de marcar perfil blindando el aborto en la Constitución

Sumar bracea para evitar caer en la irrelevancia. Con la negociación presupuestaria parada y sin capacidad para marcar perfil respecto del PSOE, la plataforma creada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ultima una proposición de ley para blindar constitucionalmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres en la sanidad pública. "Estamos trabajando y dando los retoques finales a un texto de proposición de ley para reformar la Constitución y que el derecho al aborto en el servicio público de salud, sin discriminación para nadie, quede de forma clara y evidente en la Carta Magna", ha destacado en una entrevista con Ep la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero.

En este sentido, se ocupa de dejar claro que se trata de una propuesta legislativa que es "iniciativa propia" de Sumar y marca distancias con los socialistas, asegurando que esperan obtener su apoyo, así como la mayoría suficiente en la Cámara Baja que exigen las reformas constitucionales. "Vamos a poner un texto sobre la mesa que creemos que es ambicioso, pero que es realista y es justo el que se merece la sociedad actual. El aborto es clave, el derecho al aborto tiene que estar reconocido en nuestro país", ha desgranado la portavoz parlamentaria del grupo plurinacional.

Es más, Martínez Barbero ha enfatizado que ante el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo giran de forma evidente dos ideologías, la de izquierda y la de la derecha y extrema derecha, por lo que defiende su blindaje como un elemento "nuclear" del feminismo. Cuestionada por la posición hace meses del Ministerio de Igualdad, que descartó actuar como Francia e incluir el aborto en la Constitución, la portavoz de Sumar ha respondido que trabajarán en lo necesario no solo para que este departamento cambie de opinión, sino para disponer de su apoyo. "Esperamos que sea así y tener también el de la totalidad de la Cámara", ha zanjado.

Durante su último congreso federal, el PSOE aprobó incluir en su ideario blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones, el derecho al matrimonio homosexual y la interrupción voluntaria del embarazo. El socio minoritario de la coalición viene demandado el blindaje constitucional del aborto desde el pasado 8M, para así coger el testigo del país galo. Además, recientemente el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó, a propuesta de Sanidad, el protocolo para crear el registro de objetores de conciencia para el aborto.

Un brindis al sol sin el PP

Más allá del intento político de liderar la iniciativa, ganándole el relato al PSOE; en la práctica, la iniciativa es un brindis al sol, porque requiere el apoyo del PP para prosperar. La reforma constitucional por vía de proposición de ley deben ir con la firma de dos grupos parlamentarios o una quinta parte de la Cámara (70 diputados). Es decir, Sumar requiere el concurso de otros grupos incluso para su registro. Además, para su aprobación es necesario un apoyo cualificado de las dos cámaras parlamentarias. Por ejemplo, se requiere el apoyo de tres quintos de cada una de ellas si no se trata de una reconfiguración agravada, dado que en ese caso se exigen dos tercios del Congreso y el Senado. Por tanto, en ambos casos se necesitaría del apoyo del PP para que pudiera prosperar.

Cabe recordar que los populares, que además tienen mayoría absoluta en el Senado, se opusieron a la última reforma de la Ley del Aborto e incluso recurrieron la norma al Tribunal Constitucional, que avaló que la normativa se ajustaba a la Carta Magna. El último precedente de cambio constitucional se dio precisamente este año, cuando el Congreso aprobó una proposición de ley impulsada por PSOE y PP para reformar el artículo 49 y eliminar el término 'disminuido' y reemplazarlo por "persona con discapacidad".

Por otro lado y respecto a la nueva licitación al alza lanzada por el Gobierno para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios adscritos a Muface, la portavoz de Sumar ha sido clara al recalcar que su criterio es que los funcionarios públicos "tienen que estar en la sanidad pública". Martínez Barbero ha especificado que también es evidente que esta licitación es competencia del Ministerio de Función Pública, no de los departamentos de Sumar. En todo caso, está convencida de que aunque el recorrido puede ser "más largo" al final se llegará a esa integración y el final del modelo de mutualidades en el sector público.