Esto es lo único que puede evitar que la ley antiokupas entre en vigor en abril

La okupación sigue inquietando a la sociedad española. No paran de sucederse los casos en nuestro país. El último fue el de Jordi Riera, desalojado de su casa por una Policía a la que llamó para protegerse de tres individuos que le increpaban por no dejarles entrar en la que es su vivienda.

Tras identificar a los okupas, obligaron a salir al propietario porque estos mostraron a los agentes "un vídeo grabado por ellos durmiendo entre mantas y cocinando en una casa sin gas, agua ni luz". El caso está en los juzgados, ha hecho manifestarse al alcalde de Girona, localidad del domicilio y es una muestra más de la situación que se vive en nuestro país.

Así es la ley para luchar contra la okupación de viviendas

Para luchar contra este problema se publicó el pasado 3 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la reforma de la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia. La nueva normativa permitirá que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, por lo que estos podrán celebrarse en un plazo estimado de 15 días. Asimismo, los casos de ocupación ilegal se incorporarán a la lista de delitos menos graves que pueden ser tramitados por la vía rápida tras la modificación del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ya hay fecha para la entrada en vigor de los desalojos rápidos

Se fijó su entrada en vigor para dentro de tres meses, concretamente, para el próximo 3 de abril, y será entonces cuando pueda aplicarse la agilización de estos desahucios ante este tipo de delitos. El plazo medio para expulsar a un okupa acariciaba los dos años e incluso superaba los 24 meses en comunidades autónomas como Murcia, Castilla y León o Canarias, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto está muy cerca de cambiar y reducir el proceso judicial a tan solo 15 días, pero esto aún no está totalmente garantizado.

Esto podría provocar que la ley antiokupas no entre en vigor

Existe una medida que podría hacer que la reforma de la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia publicada en el BOE quedara en nada. Si en los próximos tres meses el Ejecutivo impulsara una nueva ley orgánica para corregir la modificación, esta quedaría derogada y no entraría en vigor en España.

No es una posibilidad remota, ya que Podemos anunció que el Gobierno se comprometió a derogar este cambio legal desde el momento en el que se aprobó. La formación morada es la más decidida a evitar que esta reforma entre en vigor. Esto llevó al PNV, que fue el partido que la propuso en primera instancia, a mostrar su descontento con su secretaria general: "Ione Belarra miente: la enmienda del PNV aprobada no es sobre desahucios, es sobre okupas. No afecta a la familia que no puede hacer frente al pago de su vivienda. Le afecta a aquel que delinque okupando una vivienda ajena. Podemos está a favor de la okupación, el PNV en contra".

 

El cambio no afecta a los impagos de alquiler ni a los inquiokupas

La idea de revocar esta reforma de Podemos tampoco cuenta con el respaldo de formaciones como el PNV, Junts, PP y Vox. Como explica el líder del PNV en su mensaje en redes, esta reforma no aplica a los que no pueden afrontar el pago de su alquiler. Tampoco aplica a los inquiokupas, que son aquellos que tras pagar algún mes el alquiler dejan de hacerlo, normalmente de forma voluntaria, y permanecen en el interior de la vivienda hasta que un juez ordena su desalojo. Las que son vulnerables no pueden ser desalojadas por el Real Decreto ley 11/2020 implementado durante la pandemia.